La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) incorporó a cinco altos mandos del Ministerio del Interior (MININT) a su registro de represores estatales, acusándolos de dirigir y ejecutar actos de tortura contra el líder opositor José Daniel Ferrer García. Los hechos, ocurridos en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, habrían comenzado el 25 de junio de 2025, tras el inicio de una huelga de hambre del activista, y se han prolongado de manera sistemática, evidenciando una vez más la política de violencia institucionalizada contra la disidencia en la isla.
La denuncia pública detalla que las agresiones contra Ferrer se desencadenaron como represalia directa a su negativa a vestir el uniforme de preso común y a su protesta mediante huelga de hambre, motivada por los tratos crueles e inhumanos a los que estaba siendo sometido. Según el testimonio recabado por la FDHC, la respuesta de las autoridades penitenciarias no fue el diálogo institucional, sino la violencia física extrema. El jefe del penal, el teniente coronel Vladimir Pineda Guerra, habría encabezado la primera golpiza el mismo 25 de junio, contando con la complicidad y participación activa de otros cuatro oficiales de alta jerarquía dentro de la estructura carcelaria.
Los relatos obtenidos por la esposa del opositor, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, durante una visita autorizada el 5 de julio, revelan la brutalidad de los métodos empleados. Ferrer reportó haber sido golpeado en todo su cuerpo —cabeza, brazos, piernas, abdomen y espalda— mediante patadas, bofetadas y puñetazos, con una violencia tal que lo obligó a defecarse encima. Posteriormente, los guardias habrían facilitado el ingreso de seis reclusos comunes para que continuaran la golpiza, en una práctica recurrente en el sistema penitenciario cubano donde se utiliza a presos comunes como «sicarios» para reprimir a los presos políticos, intentando diluir la responsabilidad directa del Estado.
El expediente compilado por el proyecto «Represores Cubanos» desglosa las responsabilidades individuales de cada implicado. El coronel Adalberto Andreu Chacón, segundo al mando en la prisión, es señalado de autorizar y participar en torturas específicas como la torsión de dedos y manos, el intento de alimentación forzada con leche y la privación de higiene durante 48 horas. De manera similar, el mayor José Luis Yáñez Herrera, jefe de Tratamiento Educativo, y los capitanes José Miguel Hechavarría Gorguet y Liván Laugart Riquelme, jefes de Orden Interior y de Colectivo respectivamente, están acusados de ejecutar estos mismos abusos físicos y psicológicos, además de bloquear deliberadamente el acceso de Ferrer a la comida y los artículos de aseo enviados por su familia.
Antecedentes de represión y retaliación política
La persecución contra José Daniel Ferrer no es un hecho aislado, sino la culminación de un acoso sostenido por parte de la Seguridad del Estado. El teniente coronel Vladimir Pineda Guerra ya contaba con una ficha en la base de datos de represores por haber mantenido al líder opositor incomunicado y sin derecho a visitas durante tres meses en 2023. La FDHC sostiene que la actual oleada de torturas es una represalia directa por la labor humanitaria que Ferrer desarrollaba desde su vivienda en Santiago de Cuba, brindando ayuda médica y alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad, una iniciativa que el régimen de La Habana intentó frustrar sin éxito, derivando finalmente en la revocación de su excarcelación el 16 de enero de 2025.
El encarcelamiento de Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se enmarca en la estrategia del gobierno cubano de descabezar a los movimientos opositores más visibles y con capacidad de convocatoria en el oriente del país. Su reincorporación al sistema penitenciario bajo cargas cuestionables y su posterior sometimiento a tratos crueles reflejan la falta de garantías procesales y el uso del aparato judicial como herramienta de control político por parte del ejecutivo cubano.
Contexto sistemático: El colapso social y la respuesta represiva
Las acciones de ayuda social que motivaron la reacción estatal contra Ferrer ocurren en un contexto de crisis estructural profunda en la isla. Santiago de Cuba, históricamente golpeada por el centralismo económico, sufre en la actualidad uno de los cuadros más severos de desabastecimiento, apagones prolongados e inflación galopante. La incapacidad de las autoridades de la isla para proveer servicios básicos y alimentación a la población ha generado un caldo de cultivo para el descontento social, ante el cual el Estado responde con un endurecimiento de la represión en lugar de implementar reformas económicas sustantivas.
En este escenario, la labor de activistas como Ferrer, que suplen parcialmente las deficiencias del Estado asistencial, es vista como una amenaza directa al monopolio del poder. La dictadura cubana no tolera la organización civil independiente, y menos aquella que demuestra la ineficacia del modelo gubernamental al proveer auxilio donde el Estado ha fracasado. El uso de la tortura en Mar Verde funciona como un castigo ejemplarizante y un mensaje disuasivo para cualquier ciudadano que intente organizarse al margen del control estatal.
El sistema penitenciario en Cuba, administrado por el MININT, opera bajo un manto de opacidad que facilita la impunidad. Las denuncias de la FDHC buscan romper ese anonimato, documentando los nombres, rangos y delitos de los funcionarios que actúan bajo el amparo de la estructura estatal. La recopilación de estos expedientes es fundamental para futuros procesos de justicia transicional y para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el régimen de La Habana, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Implicaciones futuras y exigencia de rendición de cuentas
La sistematicidad de las agresiones contra Ferrer plantea un riesgo inminente para su integridad física y su vida. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado recurrentemente sobre el uso de la violencia en prisiones cubanas como mecanismo de aniquilamiento físico y moral de la oposición. La denuncia presentada por la FDHC pone sobre la mesa la urgencia de que los organismos multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, exijan al gobierno cubano el cese inmediato de las torturas, el acceso de observadores independientes a las prisiones y la liberación incondicional de los presos de conciencia.
El caso de los cinco oficiales del MININT señalados no es un mero exceso de funcionarios de baja jerarquía, sino una muestra de la política institucional de la dictadura cubana para sostenerse en el poder. Mientras la crisis económica empuja a cientos de miles de cubanos al exodo migratorio y a la pobreza extrema, el aparato represivo se mantiene intacto y financiado, priorizando el control social sobre el bienestar ciudadano. La rendición de cuentas para los represores de Mar Verde será un paso inevitable en cualquier transición hacia la democracia en Cuba, y el registro histórico que hoy se construye asegurará que estos crímenes no queden en la impunidad.
