El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, lleva dos meses sin recibir la insulina y los medicamentos para la hipertensión en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. La negligencia deliberada por parte de las autoridades penitenciarias pone en riesgo inminente la vida del comunicador, quien recientemente sufrió un episodio cardíaco tras su traslado desde el Combinado del Este.
La denuncia ha sido formulada por Martha Domínguez, madre del comunicador, quien detalló las precarias condiciones de supervivencia de su hijo en el centro penitenciario. Bello Domínguez, de 49 años y colaborador del medio independiente CubaNet, padece diabetes insulinodependiente, una condición crónica que requiere la administración rigurosa de dos dosis diarias de insulina, además del tratamiento constante para controlar la hipertensión arterial. Sin embargo, desde su traslado a la prisión de Guanajay hace dos meses, el acceso a estos fármacos vitales ha sido sistemáticamente bloqueado por las autoridades de la isla.
«Dos meses hace que está sin medicamentos desde que lo llevaron para esa prisión», reveló la anciana, quien ha tenido que asumir la búsqueda de los fármacos en el mercado informal y en las deprimidas farmacias estatales con sus propios y escasos recursos. La crisis estructural de desabastecimiento que sufre Cuba hace que la obtención de medicamentos básicos sea una odisea económica y logística incluso para la población civil no encarcelada. En el caso de los presos políticos, la negligencia institucional se convierte en una herramienta de presión, aislamiento y castigo adicional.
La preocupación de los familiares se ha agudizado tras un reciente ataque cardíaco, diagnosticado como angina de pecho, que sufrió Bello Domínguez dentro de la cárcel y para el cual tampoco recibió la atención médica de emergencia adecuada. A la falta de medicación se suma la deficiente alimentación que impera en el penal de máxima seguridad. «Es un hombre enfermo que requiere alimentación y medicación que no existen», lamentó su madre, evidenciando cómo el régimen de La Habana utiliza la precariedad carcelaria como mecanismo de tortura psicológica y física contra quienes osaron desafiar su autoridad.
La situación trasciende el caso individual de Bello Domínguez y refleja una política penitenciaria represiva. Yuleidy López González, esposa del periodista, ha denunciado reiteradamente que las autoridades penitenciarias impiden a los reclusos recibir los alimentos que sus familiares llevan durante las visitas periódicas. «Las condiciones en ese centro penitenciario son deplorables», insistió López González, confirmando que la mayoría de los presos políticos del 11J enfrentan un panorama de hambre, insalubridad y abandono médico que vulnera de manera flagrante los mínimos estándares internacionales de derechos humanos.
Jorge Bello Domínguez cumple una condena de 15 años tras ser hallado culpable por un tribunal militar de los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Estos cargos, habituales en la judicialización de la disidencia en Cuba, fueron imputados en relación con su participación en las manifestaciones populares que estallaron en Güira de Melena el 11 de julio de 2021. La utilización de tribunales militares para juzgar a civiles es una práctica que ha sido ampliamente repudiada por organismos internacionales, al considerarse una violación de las garantías del debido proceso y de la independencia judicial.
El comunicador, integrante de la Red de Comunicadores coordinada por la ex presa política Martha Beatriz Roque, fue detenido en el marco de la ola represiva que desplegó el gobierno cubano para aplacar el estallido social. Su labor periodística consistía en visibilizar la realidad de su municipio, una actividad pacífica que la dictadura cubana criminaliza bajo el amparo de un sistema legal diseñado para perpetuar el monopolio del poder y silenciar el periodismo independiente.
Represión y colapso sanitario: una crisis dual
El caso de Bello Domínguez ilustra con crudeza la confluencia de dos de las principales crisis que atraviesa la isla: la represión política y el colapso del sistema sanitario. El Sistema Nacional de Salud, otrora presentado por la propaganda oficial como un bastión irrefutable del modelo revolucionario, se encuentra en estado de profunda decadencia. Afectado por la falta de insumos básicos, el éxodo masivo de profesionales médicos y una infraestructura hospitalaria en ruinas, el sistema no logra garantizar la atención a la población general. Esta crisis golpea con mayor severidad a los sectores vulnerables, incluida la población penitenciaria, donde el acceso a la salud se ha convertido en un privilegio discrecional y no en un derecho garantizado por el Estado.
Desde las protestas del 11J, la dictadura cubana ha endurecido sus tácticas de control social, implementando una estrategia de reclusión en condiciones inhumanas para los cientos de cubanos sentenciados por exigir cambios democráticos. La negación de la atención médica a opositores, activistas y manifestantes no es una mera consecuencia del desabastecimiento generalizado, sino una política de aniquilamiento físico y moral documentada por diversas organizaciones de derechos humanos con sede dentro y fuera de la isla. El objetivo es claro: disuadir a la sociedad civil de cualquier intento de movilización futura mediante el ejemplo del sufrimiento extremo de quienes ya están tras las rejas.
Paralelamente, la crisis económica que motivó las protestas de 2021 no ha hecho más que profundizarse, empujando a la nación a un punto de no retorno. La inflación galopante, los apagones constantes y la escasez crónica de alimentos y medicinas configuran un escenario de asfixia social cotidiana. Las familias de los presos políticos, como la de Bello Domínguez, deben lidiar no solo con el dolor de la separación y la impotencia, sino con el costo prohibitivo de adquirir medicamentos en el mercado informal. Este esfuerzo económico, muchas veces realizado por personas de la tercera edad, resulta insuficiente ante la intransigencia y la crueldad de los carceleros que se niegan a ingresar los fármacos al penal.
Implicaciones y exigencia de justicia
La denegación de asistencia médica a Jorge Bello Domínguez constituye un acto de tortura y trato cruel, inhumano y degradante que compromete directamente a la cúpula militar y política de la isla. Ante la pasividad de las altas jerarquías penitenciarias y la indolencia del ejecutivo cubano, la comunidad internacional y los organismos defensores de los derechos humanos se enfrentan al reto de elevar la presión diplomática para garantizar la integridad física de los presos del 11J. La vida de un comunicador no puede depender de la arbitrariedad de un sistema carcelario que actúa con total impunidad.
El silencio o la inacción frente a estos abusos solo legitiman las prácticas represivas con las que opera el régimen. La vida de Bello Domínguez, al igual que la de cientos de reclusos políticos que sobreviven en las cárceles cubanas, pende de la voluntad de un gobierno que ha demostrado su disposición a sacrificar la vida de sus ciudadanos con tal de perpetuarse en el poder. La exigencia de su liberación inmediata, o al menos de la garantía de una atención médica digna, debe ser una prioridad insoslayable en cualquier agenda de derechos humanos enfocada en la realidad cubana actual.
