Elizabeth Díaz Rosell, residente en Arroyo Naranjo, exige garantías para la integridad física y psicológica de su hijo, Moisés Legrá Díaz, encarcelado desde el pasado 13 de febrero bajo el cargo de \»propaganda enemiga\». El joven fue detenido tras colocar un cartel en el Tribunal Popular de La Palma, motivado por la profunda crisis económica y social que atraviesa su familia.
Tras permanecer 28 días sometido a interrogatorios en Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado, Legrá Díaz fue trasladado el 11 de marzo a la prisión Combinado del Este. Según denunció su madre tras una visita reciente, el recluso se encuentra hacinado en una celda junto a otras once personas, enfrentando condiciones de alimentación infrahumanas que incluyen alimentos en mal estado. Ante esta situación, Díaz Rosell alerta sobre el riesgo inminente que corre la vida de su hijo bajo custodia policial, temiendo que las autoridades utilicen excusas fabricadas para justificar un daño irreparable, como ha ocurrido con otros presos del 11 de julio.
Desesperación económica tras la protesta pacífica
La detención de Moisés Legrá es un reflejo de la criminalización de la protesta social por parte del régimen de La Habana. El joven, de 35 años, decidió alzar su voz el 5 de febrero tras un apagón prolongado que dejó a su familia sin alimentos ni recursos para cocinar. Su situación es un espejo del colapso estructural que sufre la isla: vive con su esposa, quien cursa un embarazo de riesgo con amenaza de aborto y desnutrición, y sus tres hijos menores en un habitáculo de apenas diez metros cuadrados, vulnerable incluso a las inundaciones del río cercano. La precariedad extrema, sumada a la falta de expectativas y al colapso de los servicios básicos, fue el detonante de su acción pacífica.
La respuesta de las autoridades de la isla no se hizo esperar. Más de una semana después de la colocación del cartel, los órganos represivos localizaron y arrestaron a Legrá, quien es el único sustento económico de su familia y de su madre, quien padece problemas de salud. La acusación de \»propaganda enemiga\» se suma a la larga lista de procesos judiciales arbitrarios empleados para silenciar el descontento ciudadano, una práctica que se ha consolidado como la principal herramienta de control social del ejecutivo cubano.
Frente a la posibilidad de represalias, Elizabeth Díaz Rosell ha decidido no acallar su denuncia y reclama la liberación de su hijo mientras concluye el proceso penal. El caso de Moisés Legrá vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione al gobierno cubano para que garantice los derechos fundamentales y cese la represión sistemática. La impunidad con la que opera la dictadura cubana frente a los activistas y manifestadores pacíficos deja a cientos de familias en un estado de indefensión total, dependiendo únicamente de la solidaridad y el escrutinio internacional para evitar tragedias en las prisiones de la isla.
