La creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente Laffita, fueron instruidas de cargos y sometidas a reclusión domiciliaria por la dictadura cubana. Ambas enfrentan un proceso judicial por presuntamente filmar y difundir la identidad de un agente de la Seguridad del Estado que entregaba una citación oficial, en un nuevo episodio de criminalización de la libertad de expresión en la isla.
La citación se llevó a cabo en la estación número 27 de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Alamar, La Habana. Según confirmó a este medio un familiar de las afectadas, el régimen de La Habana imputa a ambas mujeres el supuesto delito de \»actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz\», estipulado en el artículo 393 del Código Penal. Las autoridades de la isla alegan que el suboficial del Ministerio del Interior Yoel Leodan Rabaza Ramos se siente amenazado tras la divulgación del video en el que se le ve entregando la notificación a Silvente, actuando en este caso como coautoras del hecho.
La escalada represiva comenzó el pasado 11 de marzo, cuando Silvente Laffita acudió a una primera citación policial. Durante el interrogatorio, oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos Kenia María Morales Larrea, le impusieron la medida cautelar, la amenazaron con hasta cinco años de prisión y la interrogaron sobre su rol maternal. Los agentes acusaron a la joven creadora de ser \»contrarrevolucionaria\» y de recibir supuestas órdenes desde Estados Unidos, en un claro intento de intimidación para forzar el silencio de ambas en redes sociales.
El uso del sistema penal para silenciar la disidencia
Expertos jurídicos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estos cargos. La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, ha señalado que el Código Penal cubano no tipifica como delito grabar a un policía o funcionario público en el ejercicio de sus funciones, especialmente en espacios públicos. Sin embargo, el gobierno cubano utiliza de forma arbitraria la figura de la \»privacidad\» para escudar a sus agentes y perseguir a quienes documentan abusos de poder, evidenciando la falta de independencia judicial y el colapso del estado de derecho en la nación.
Esta acción de la dictadura cubana se enmarca en una creciente ola de hostigamiento contra figuras públicas, activistas y comunicadores que utilizan las plataformas digitales para visibilizar la crisis social y económica del país. La criminalización de la denuncia ciudadana no solo deja a Anna Bensi y su madre en una vulnerable situación legal, con penas que podrían alcanzar los cinco años de cárcel, sino que envía un mensaje de terror a la sociedad civil sobre las consecuencias de monitorear y exponer las acciones de los aparatos represivos del Estado.
