El viceministro de Relaciones Exteriores del régimen de La Habana, Carlos Fernández de Cossío, ha señalado la disposición de las autoridades de la isla para negociar compensaciones a ciudadanos y empresas estadounidenses por las propiedades confiscadas tras 1959. La oferta, condicionada a un acuerdo integral que incluya el levantamiento de las sanciones económicas y permita la inversión de EE. UU., surge en medio de una aguda crisis estructural y una máxima tensión diplomática con la administración de Donald Trump.
En una entrevista concedida al medio Drop Site News, el funcionario del ejecutivo cubano detalló que la indemnización podría estructurarse mediante un acuerdo de \»suma global\», donde el gobierno cubano pagaría a Estados Unidos para que este gestione las reclamaciones internas. Sin embargo, Fernández de Cossío condicionó la medida a un pacto más amplio que exima a la isla del embargo comercial y autorice inversiones estadounidenses actualmente prohibidas. El viceministro insistió en que la compensación no será unilateral y reclamó a su vez reparaciones por los daños causados por las políticas de Washington, en un evidente intento de la dictadura por presentar el conflicto bilateral como un asunto de reciprocidad y no como una consecuencia directa de sus propias expropiaciones sin amparo legal.
Tras el ascenso al poder de Fidel Castro en 1959, el Estado cubano nacionalizó miles de propiedades sin compensar a sus dueños. Aunque el régimen de La Habana logró negociar acuerdos de suma global con naciones como Canadá, Suiza, Reino Unido, España y Francia, nunca alcanzó un entendido similar con Washington. Según datos oficiales de Estados Unidos, más de 5.900 individuos y corporaciones mantienen reclamaciones certificadas contra el Estado cubano, valoradas en más de 1.900 millones de dólares, una cifra que se multiplica exponencialmente si se suman los intereses acumulados durante más de seis décadas.
Escalada retórica y colapso sistémico en la isla
Las declaraciones del viceministro se producen en un escenario de extrema fragilidad para el gobierno cubano, que enfrenta un colapso sistémico reflejado en hiperinflación, desabastecimiento generalizado de combustible y alimentos, apagones prolongados y un éxodo migratorio sin precedentes. Esta crisis ha coincidido con una escalada retórica por parte de la Casa Blanca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó recientemente a la isla como un \»desastre\» y responsabilizó directamente al sistema comunista por la debacle económica y social que atraviesa la nación caribeña, descartando que las recientes medidas adoptadas por La Habana, como la tímida apertura a inversiones de cubanos en el exterior, sean suficientes para revertir la situación.
El presidente Donald Trump ha alimentado la incertidumbre al afirmar que su administración hará \»algo con Cuba muy pronto\», lo que augura un endurecimiento de la política exterior hacia la dictadura cubana. Mientras las autoridades de la isla intentan usar las propiedades confiscadas como moneda de cambio para aliviar la asfixia económica, la ciudadanía continúa soportando el peso de un modelo fracasado. La viabilidad de cualquier negociación dependerá de si el ejecutivo cubano está dispuesto a realizar concesiones reales que impliquen un desmantelamiento de su política represiva, o si, por el contrario, esta oferta se trata únicamente de una maniobra diplomática para ganar tiempo ante la inminente presión internacional y el agotamiento interno.
