Ciudadanos en varios municipios de La Habana y Santiago de Cuba salieron a las calles este domingo para protestar mediante cacerolazos contra los prolongados apagones y la falta de libertades, en medio de una aguda crisis energética que mantiene a la isla en zozobra.
Las manifestaciones fueron documentadas por activistas y periodistas independientes en barrios de la capital como Playa, Habana del Este y Plaza de la Revolución. Según reportes de la red de monitoreo, en la zona de Playa los vecinos hicieron sonar cacerolas y quemaron basura en repudio a la falta de servicio eléctrico. El activista Magdiel Jorge Castro informó que, una vez que las autoridades restablecieron la energía en el lugar, la policía y los bomberos fueron desplegados para acallar la protesta.
Fuera de la capital, el descontento también se hizo sentir en Santiago de Cuba, uno de los últimos territorios en ser reconectados al Sistema Eléctrico Nacional tras el colapso del sábado. El periodista independiente Yosmany Mayeta reportó a través de redes sociales que los cacerolazos resonaron en barrios como el Tivolí y en las calles cercanas a la iglesia Los Desamparados.
El colapso de la infraestructura y la represión social
El régimen de La Habana atraviesa una crisis energética cada vez más insostenible, provocada por la escasez de combustible, el deterioro irreversible de las termoeléctricas y la falta crónica de mantenimiento en la red de transmisión. El último apagón nacional, el segundo en menos de una semana, evidenció la fragilidad de una infraestructura obsoleta. Esta emergencia se suma a una profunda depresión económica y alimentaria; en la isla escasean productos de primera necesidad como arroz, aceite y carne, mientras la inflación y la dolarización parcial han destruido el poder adquisitivo de la población.
A pesar del clima de vigilancia y represión impuesto por la dictadura cubana, el descontento ha desbordado el miedo, resultando en más de quince días de protestas durante el mes de marzo. La ciudadanía se enfrenta a un aparato estatal que prioriza el control social y la persecución política sobre la solución de las crisis estructurales que asfixian al país.
El recrudecimiento de las manifestaciones augura un escenario de alta volatilidad política y social. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos, sumada a la respuesta coercitiva frente al descontento legítimo, no solo profundiza el sufrimiento de la población y acelera el exodo migratorio, sino que también incrementa la presión sobre la comunidad internacional para que condene las violaciones de derechos humanos y exija una apertura democrática en la isla.
