La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, respaldó este jueves la decisión del gobierno saliente de Rodrigo Chaves Robles de reducir las relaciones con Cuba al plano estrictamente consular, cerrando la embajada costarricense en La Habana y ordenando la salida de la representación diplomática cubana en San José antes del cierre de este mes. La medida, justificada por el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos y el colapso de las condiciones de vida en la isla, marca el fin de una política de acercamiento iniciada en 2009.
En declaraciones al medio Noticias Trivisión, Fernández Delgado asumió como propia la decisión del ejecutivo saliente y la enmarcó en una defensa explícita de la libertad y la democracia. \»Es una decisión que hemos tomado priorizando la dignidad humana del pueblo cubano. Costa Rica es un país ejemplo mundial, somos amantes de la libertad y de la democracia; por lo tanto formé parte de la decisión que se tomó de eliminar nuestra embajada en Cuba y motivar a que se retiren también de nuestro país\», afirmó la mandataria electa, quien asumirá la Presidencia el próximo 8 de mayo para el período 2026-2030.
El comunicado oficial de la Cancillería costarricense fundamentó la ruptura diplomática en \»un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales\» en Cuba, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, así como en el \»progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población\». El presidente Chaves Robles, por su parte, declaró que su gobierno no reconoce la legitimidad del Ejecutivo cubano y que la decisión constituía una protesta frente a la situación que atraviesa la isla. Costa Rica prestará servicios consulares a sus ciudadanos en Cuba desde su consulado en Panamá, \»en la medida de lo posible\».
Mensaje a la comunidad cubana y crítica ideológica al régimen
Fernández Delgado se dirigió además a la comunidad cubana residente en Costa Rica, estimada en aproximadamente 10.000 personas, muchas de ellas solicitantes de refugio. \»El pueblo cubano que recibimos en Costa Rica debe estar tranquilo, esto no significa que no son bienvenidos aquí. Las personas cubanas que viven en Costa Rica, que han solicitado refugio incluso, pueden estar tranquilos. Pero esto es una señal muy clara de que Costa Rica no va a consentir violaciones a los derechos humanos\», aseguró.
La mandataria electa realizó además una lectura abiertamente ideológica de la crisis cubana, señalando que las condiciones infrahumanas que padecen los cubanos demuestran \»una vez más el socialismo, el comunismo, la izquierda demuestra que destruye a las sociedades\». Fernández Delgado apuntó que lo que ocurre en Cuba debe servir como lección para las nuevas generaciones costarricenses sobre las consecuencias de los regímenes de inspiración comunista, y concluyó: \»Yo creo que el país da un paso correcto y respaldo por supuesto la decisión del señor presidente y la hago mía también\».
Reacción de La Habana y giro en la política regional
Desde La Habana, la reacción fue inmediata. La Cancillería cubana atribuyó la decisión a la presión de Estados Unidos y denunció que Costa Rica se sumaba a los intentos de aislar a la isla. La respuesta del régimen de La Habana sigue el patrón habitual de atribuir a factores externos las consecuencias de su propia gestión, sin abordar las causas estructurales que han provocado el colapso económico, el éxodo migratorio masivo y la represión sistemática contra la sociedad civil que motivaron la medida costarricense.
La decisión representa un giro sustancial respecto de la política inaugurada en 2009 por el entonces presidente Óscar Arias, cuando Costa Rica restableció relaciones diplomáticas con Cuba tras casi 48 años de ruptura. El movimiento de San José se inscribe en un contexto regional de creciente cuestionamiento a la dictadura cubana, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes que ha empujado a cientos de miles de cubanos a abandonar la isla. La medida envía además una señal diplomática que podría influir en las posturas de otros países latinoamericanos que mantienen relaciones con el gobierno de La Habana, en un momento en que la comunidad internacional observa con preocupación el endurecimiento represivo y el agravamiento de la crisis estructural que atraviesa la isla.
