El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó su renuncia al cargo este miércoles tras nueve años de gestión, en medio de un proceso de transición política impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez y en el marco de medidas de amnistía para presos políticos. Su salida pone fin a una de las figuras más controvertidas del chavismo, señalada internacionalmente por su papel clave en la persecución política, la tortura y las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante las protestas de 2017, 2019 y 2024.
El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante una sesión ordinaria en la que también se comunicó la renuncia del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Ambos funcionarios habían sido ratificados en 2024 para un período que se extendía hasta 2031, por lo que su dimisión anticipada se inscribe en la reestructuración del Ejecutivo venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. La dimisión de Saab representa el desmantelamiento de uno de los pilares institucionales que sostuvieron la maquinaria represiva del régimen durante casi una década.
Saab accedió al Ministerio Público en 2017 mediante la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano cuya legitimidad fue cuestionada por amplios sectores nacionales e internacionales. Desde esa posición, su gestión estuvo marcada por denuncias de organismos internacionales por persecución política, torturas y violaciones de derechos humanos. Bajo su mandato, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina bajo investigación formal de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, un hito que refleja la magnitud de la represión institucionalizada que su despaco orchestó.
Una gestión manchada por casos emblemáticos de represión
Entre los episodios más graves que marcaron su gestión figuran la muerte bajo custodia del concejal Fernando Albán en 2018 —inicialmente calificada como suicidio y posteriormente reconocida como homicidio— y el fallecimiento del capitán Rafael Acosta Arévalo tras comparecer ante un tribunal con evidentes signos de tortura. También se cuestionó el uso sistemático de pruebas obtenidas bajo coacción y la falta de investigaciones sobre hechos como la masacre de Guanare en 2020. Saab fue señalado por sus críticos como uno de los principales responsables de la represión estatal durante los ciclos protestatarios que dejaron miles de detenidos y decenas de muertos en el país.
Figura emblemática del proyecto político iniciado por Hugo Chávez, Saab cultivó una identidad que mezclaba la función pública con el militantismo ideológico. Su despacho reflejaba esa afiliación con retratos de Simón Bolívar, fotografías junto a Chávez y Fidel Castro, y mensajes hostiles hacia Donald Trump. Esa cercanía con el régimen cubano no era casual: la dictadura de la isla ha mantenido históricamente vínculos de cooperación con el aparato de seguridad y justicia venezolano, asesorando en estrategias de control social y represión que ambas tiranías han compartido durante décadas. El exfiscal deja el cargo sancionado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza por su presunto papel en la debacle democrática venezolana.
Ante la vacante y la ausencia de un vicefiscal, la Asamblea Nacional deberá designar un encargado provisional mientras se activa el comité de postulaciones para nombrar a un nuevo titular del Ministerio Público. La salida de Saab, junto con la aprobación de la Ley de Amnistía que él mismo defendió como un paso para \»cerrar heridas\», abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la justicia en Venezuela y sobre el destino de los cientos de presos políticos que permanecen encarcelados. Para la región, este proceso de transición representa un desafío decisivo: la posibilidad de desmantelar las estructuras autoritarias que, inspiradas en el modelo cubano, devastaron las instituciones y las libertades del país sudamericano durante más de dos décadas.
