La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, generó un incidente diplomático al cuestionar públicamente la presencia de la activista y comisionada de la CIDH, Rosa María Payá, en territorio mexicano. Payá ha respondido que su viaje tuvo fines académicos y se realizó a título personal, desmintiendo cualquier misión oficial, en medio de una polémica que evidencia la sintonía del ejecutivo mexicano con las narrativas del régimen de La Habana.
Sheinbaum señaló este miércoles que la integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participó en acciones \»contra Cuba\», sugiriendo que su labor institucional debería limitarse a recibir quejas y no a \»militar\» por causas políticas. La mandataria incluso aludió al artículo 33 de la Constitución mexicana, que contempla la expulsión de extranjeros por realizar actividades políticas, aunque matizó que no tiene la intención de aplicar el artículo en esta ocasión. Esta postura marca un precedente preocupante para la libertad de expresión y la movilidad de defensores de derechos humanos en la región.
Ante estos señalamientos, la fundadora de Cuba Decide e hija del líder opositor Oswaldo Payá, respondió a través de redes sociales. Payá aclaró que su visita tuvo un carácter estrictamente académico y se realizó en capacidad personal, fuera de cualquier encargo institucional de la CIDH. Asimismo, subrayó que \»defender la democracia no es militar\», sino un derecho que ejerce con transparencia y una responsabilidad vital, en clara referencia a su trayectoria frente a la represión estatal en la isla.
La sombra de La Habana en la política exterior mexicana
Las declaraciones de la presidenta mexicana no ocurren en un vacío y se insertan en un contexto de creciente alineación con la dictadura cubana. A finales de enero, el diario oficialista Granma publicó un artículo atacando el rol de Payá en la CIDH, acusándola de comprometer la independencia del organismo y de alinearse con intereses de Washington. Al replicar estas preocupaciones y asumir como problemático el activismo público de una figura crítica, el gobierno mexicano refuerza la estrategia de censura y aislamiento que las autoridades de la isla emplean sistemáticamente contra sus detractores.
Rosa María Payá fue electa para la CIDH en junio pasado durante la 55 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el respaldo de países miembros para priorizar la vigilancia de las violaciones a los derechos humanos más graves. El cuestionamiento de su visita a México no solo pone en duda la autonomía de los comisionados para ejercer su libertad de movimiento, sino que también envía una señal inquietante a la comunidad internacional sobre la tolerancia de los gobiernos latinoamericanos hacia el discurso represivo impulsado desde La Habana.
