La escritora cubana Laideliz Herrera Laza anunció su renuncia formal a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en rechazo a la pasividad y complicidad de la organización frente al hostigamiento y la violencia estatal ejercida contra los intelectuales independientes. La decisión de la autora se fundamenta en la falta de respaldo institucional tras la agresión policial sufrida por su esposo, el narrador y humorista Jorge Fernández Era, y subraya la profunda crisis de representatividad y libertad de expresión que atraviesa el sector cultural en la isla.
En declaraciones a medios independientes, Herrera Laza explicó que su salida de la organización responde a una cuestión de «dignidad y por principios». La autora denunció que la UNEAC mantiene un silencio cómplice frente a los abusos del poder e, incluso, en ocasiones arremete públicamente contra aquellos creadores que se atreven a disentir de la narrativa oficial. Esta postura, según la escritora, contradice frontalmente la misión fundacional de una entidad que teóricamente debería agrupar y proteger a la vanguardia artística y literaria del país.
El detonante inmediato de esta ruptura institucional fue el caso de su esposo, Jorge Fernández Era, quien fue golpeado en el mes de julio por efectivos de la Policía en La Habana. Tras el incidente, que constituye una clara violación de los derechos humanos, Fernández Era solicitó asesoría legal a la UNEAC. Sin embargo, la respuesta de la cúpula de la organización se limitó a evasivas, dejando al intelectual en total desamparo frente a la arbitrariedad policial. Cabe destacar que el propio Fernández Era había abandonado la institución en el año 2024, tras calificarla de «fuerza paramilitar al servicio de los dictadores», una afirmación que cobra mayor peso ante la inacción demostrada en su propio caso.
Herrera Laza profundizó en su crítica señalando que la UNEAC ha abandonado por completo sus propios estatutos, los cuales supuestamente garantizan la libertad de expresión, el debate y la creación artística. En su lugar, la entidad ha mutado hacia un instrumento de censura y control ideológico. La escritora denunció que desde la institución se han transmitido cartas colectivas con el objetivo de «asesinar la reputación» de los artistas que ejercen su derecho a expresarse libremente, utilizando la descalificación pública como arma para silenciar la disidencia.
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Según el testimonio de la autora, la UNEAC opera bajo una política de Estado que censura todo aquello que no resulta conveniente para el régimen de La Habana. Esta dinámica impone un silencio obligatorio y solo otorga voz y privilegios a quienes se pliegan a los dictados del poder. La persecución contra los intelectuales que denuncian la crisis moral, social y económica que padece la nación a través de sus obras, las redes sociales y los medios independientes se ha vuelto una práctica sistemática, dado que el ecosistema mediático oficial impide cualquier forma de crítica pública.
La renuncia de Herrera Laza también arroja luz sobre el comportamiento de la base de la institución. La escritora fue crítica con el silencio de muchos de sus colegas, a quienes acusó de claudicar ante el miedo o de priorizar la conservación de sus prebendas y cargos por encima de la solidaridad gremial. «La mayoría de la gente calla. Callan por miedo, callan por mantener sus puestos, callan por sus beneficios», afirmó la intelectual, subrayando la imposibilidad ética de permanecer en una organización que falla en su deber elemental de representar a sus afiliados.
El origen y la subordinación histórica de la UNEAC
Para comprender la magnitud de esta renuncia, es necesario remontarse a los orígenes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Fundada en 1961 por el poeta Nicolás Guillén, la institución nació en el contexto de la consolidación del aparato revolucionario y ha sido históricamente cuestionada por su subordinación a la política cultural oficial. Desde sus inicios, la UNEAC ha funcionado como un espacio de cooptación y control, marginando sistemáticamente a aquellos escritores y artistas que han expresado opiniones contrarias a las directrices del Partido Comunista de Cuba.
A lo largo de las décadas, la organización ha servido como un filtro para legitimar la narrativa del gobierno cubano hacia el exterior, mientras que en el plano interno ha actuado como un mecanismo de disciplina ideológica. Las depuraciones de intelectuales en diferentes etapas históricas, como el caso del Poetazo en 1961 o la censura a diversos cineastas y escritores en años posteriores, evidencian un patrón ininterrumpido de intolerancia hacia la creación autónoma.
Durante el llamado Quinquenio Gris en la década de 1970, la UNEAC fue un escenario donde se legitimaron las purgas contra intelectuales homosexuales y disidentes, una herida que la institución nunca ha reparado públicamente de manera consecuente. Más recientemente, la llegada de internet y las redes sociales ha desbordado el monopolio informativo del Estado, llevando a la UNEAC a adoptar un rol más defensivo y represivo frente a los artistas que utilizan estas plataformas para evadir la censura oficial y conectar directamente con el pueblo.
El contexto de represión y crisis estructural en la isla
El gesto de Laideliz Herrera Laza no ocurre en el vacío, sino que se inscribe en la agudización de la crisis estructural que enfrenta Cuba. La isla atraviesa un periodo marcado por una hiperinflación galopante, el colapso total de los servicios públicos, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un éxodo migratorio sin precedentes. La crisis del modelo económico cubano se manifiesta en apagones que superan las 10 horas diarias en varias provincias, una inflación que destruye el poder adquisitivo de los salarios estatales y un sistema de salud en ruinas.
Frente a este escenario de fracaso económico y social, la respuesta de la dictadura cubana ha sido el endurecimiento de la represión y el cierre de cualquier espacio de crítica o demanda ciudadana. El deterioro material ha generado un descontento social que el gobierno cubano busca neutralizar a través del miedo. La represión no se limita a los activistas políticos, sino que se extiende a cualquier figura con influencia pública, como escritores, periodistas y músicos, que puedan articular las demandas de la población.
En este contexto, las instituciones culturales como la UNEAC no son ajenas a la maquinaria estatal, sino que operan como apéndices ideológicos del régimen. La criminalización de la disidencia intelectual se ha intensificado en los últimos años, especialmente después de las protestas del 11 de julio de 2021. El Estado ha incrementado el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y los actos de repudio contra artistas que se atreven a reflejar la realidad nacional, utilizando el Código Penal y otras normativas para silenciar la incomodidad que generan sus obras.
El miedo al que alude Herrera Laza es un síntoma de la fractura social profunda que sufre el país. El control se ejerce no solo a través de la violencia directa, sino mediante la administración de los escasos recursos y oportunidades. Permanecer en instituciones oficiales garantiza, en muchos casos, el acceso a beneficios materiales, viajes al extranjero y publicaciones, creando un sistema de incentivos que premia la sumisión y castiga la independencia. Quienes rompen con este esquema, como lo han hecho Herrera Laza y Fernández Era, se exponen a la marginación absoluta y al riesgo de represalias por parte de los órganos de seguridad del Estado.
Implicaciones y panorama futuro
El exilio cultural y la diáspora intelectual han cobrado un papel protagónico en la denuncia de estas arbitrariedades. Plataformas y medios de comunicación independientes, operados desde el exterior pero con corresponsales y fuentes dentro de la isla, se han convertido en el único refugio para que voces como la de Herrera Laza y Fernández Era puedan hacer públicas las vulneraciones de sus derechos. Esta dinámica demuestra el aislamiento al que ha sido condenada la institucionalidad cultural oficial, cada vez más desconectada de la realidad y del talento que se ve forzado a emigrar o a trabajar en la clandestinidad.
La renuncia de Laideliz Herrera Laza representa un nuevo golpe a la ya desgastada fachada de pluralidad cultural que el régimen de La Habana intenta proyectar a la comunidad internacional. Cada vez que un creador decide romper amarras con la institucionalidad oficial por motivos éticos, se desnuda la verdadera naturaleza del sistema político cubano: una estructura autoritaria que no tolera la disidencia ni siquiera en los espacios de la creación artística.
Para la ciudadanía y el sector cultural independiente, este tipo de pronunciamientos fortalecen la red de solidaridad alternativa que ha comenzado a tejerse al margen del Estado. Sin embargo, el panorama inmediato sugiere que las autoridades de la isla continuarán apelando a la censura y al hostigamiento como herramientas principales para contener el descontento. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deberán prestar atención a estos casos, ya que la represión contra los intelectuales en Cuba es un termómetro fiel de la gravedad de las violaciones sistemáticas que se cometen contra el conjunto de la población civil.
