La organización no gubernamental Cubalex alertó este lunes sobre la falta de transparencia y las restricciones punitivas que acompañan el proceso de excarcelación de 51 personas anunciado por el gobierno cubano. El régimen presentó la medida como un gesto de \»buena voluntad\» previo a la Semana Santa y en sintonía con el Vaticano, pero los detalles jurídicos y los nombres de los beneficiarios permanecen en la sombra.
En un comunicado público, la entidad jurídica señaló que el anuncio oficial, emitido el pasado 12 de marzo, reproduce los mismos vicios de procesos anteriores. Aunque las autoridades de la isla aseguran que los liberados han cumplido una parte significativa de sus penas y mantienen buena conducta, no han divulgado la identidad de los excarcelados ni han aclarado si se trata de reclusos por delitos comunes o presos políticos. Tampoco se ha informado sobre el mecanismo legal aplicado, lo que impide saber si se trata de libertad condicional, licencias extrapenales o sustitución de sanciones.
Un patrón de liberaciones reversibles y punitivas
La situación guarda similitud con el anuncio de enero de 2025, cuando el ejecutivo cubano reportó la excarcelación de 553 personas por \»delitos diversos\» sin ofrecer detalles precisos. Un año después, Cubalex constata que el proceso sigue marcado por la arbitrariedad. De las 205 liberaciones que la organización ha podido verificar desde entonces, al menos siete personas han sido devueltas a la prisión. Este dato confirma, según la ONG, que las medidas son reversibles y funcionan como herramientas de control social, manteniendo a los excarcelados bajo la amenaza constante de regresar al presidio.
Respecto al anuncio más reciente, Cubalex ha podido confirmar la salida de al menos 14 personas, todas sancionadas por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021. El análisis de estos casos contradice el discurso del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), ya que varios de los beneficiarios aún tenían pendiente una parte sustancial de su condena. Además, la organización destaca la ausencia de mujeres en este grupo, lo que refuerza las sospechas sobre la selectividad de los criterios aplicados por la dictadura cubana.
Liberación condicionada y censura
Otro elemento crítico de este proceso es la exigencia impuesta a algunos excarcelados de firmar un acta de compromiso para poder salir de prisión. Este documento impone restricciones severas, como la prohibición de publicar en redes sociales y de relacionarse con personas catalogadas como \»delincuentes\» por las autoridades. Estas condiciones demuestran que, lejos de una liberación definitiva, se trata de excarcelaciones anticipadas que mantienen a los ciudadanos bajo control estatal, cercenando su derecho a la libre expresión y asociación. El uso del término \»liberar\» por parte del régimen de La Habana resulta, por tanto, engañoso y genera falsas expectativas tanto en los liberados como en sus familias.
La estrategia de las autoridades cubanas de dosificar la información y condicionar las salidas de prisión encaja en el patrón estructural de represión y falta de libertades que asfixia a la isla. Ante estas prácticas, la presión de la comunidad internacional y la exigencia de una amnistía integral e incondicional para los presos políticos se mantienen como demandas impostergables para revertir el clima de persecución que castiga a la disidencia y a la sociedad civil cubana.
