Los representantes republicanos Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar intensificaron su presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que revoque las licencias comerciales que aún benefician al régimen de La Habana. La exigencia busca cortar de raíz el envío de artículos de lujo y transacciones millonarias que, según los legisladores, financian a la cúpula militar y policial de la isla en medio de una profunda crisis económica.
En una misiva dirigida al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler, y al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Bradley Smith, los congresistas solicitaron una auditoría exhaustiva de los permisos vigentes. Según los documentos facilitados a la prensa, estas autorizaciones superan los 100 millones de dólares en exportaciones. Los legisladores advirtieron que estas operaciones no favorecen a la población civil, sino que engrosan las arcas de las empresas estatales y conglomerados militares como GAESA, que controlan la mayor parte de la economía nacional.
Entre los envíos amparados por estas licencias figuran automóviles de alta gama, jacuzzis y otros bienes suntuarios, cuyos manifiestos de carga revelan destinos finales en zonas controladas por el Estado, como la Plaza de la Revolución y Marianao. Esta situación expone la doble moral de un sistema que, mientras somete a la ciudadanía a un desabastecimiento crónico, inflación galopante y apagones prolongados, permite a la élite gobernante mantener un nivel de vida privilegiado. El flujo de estos productos contradice abiertamente las sanciones diseñadas para asfixiar financieramente a la dictadura cubana.
El cerco se estrecha tras el colapso del suministro petrolero
La ofensiva legislativa se produce en un momento crítico para las autoridades de la isla. Recientemente, Washington logró bloquear importaciones clave de petróleo hacia el territorio cubano, agravando el ya precario colapso energético. A esto se suma la inestabilidad en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, lo que cortó el principal flujo de crudo subsidiado, y las amenazas de aranceles a México, que han paralizado los envíos desde el país azteca. Ante la pérdida de sus históricos aliados petroleros, el régimen de La Habana se enfrenta a una de sus peores crisis de suministro en décadas.
Los legisladores subrayaron que el mantenimiento de estas licencias viola la letra y el espíritu de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley LIBERTAD) de 1996. Esta normativa establece que el levantamiento de sanciones está condicionado a transiciones verificables hacia la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos; condiciones que el ejecutivo cubano ha ignorado sistemáticamente, profundizando en cambio la represión social y la censura.
El cierre definitivo de estos resquicios comerciales representaría un golpe adicional a las estructuras de financiamiento de la dictadura cubana. En el corto plazo, la revocación de estos permisos obligará al gobierno a redefinir sus estrategias de importación de lujo para su cúpula, mientras la presión internacional y el éxodo migratorio ininterrumpido mantienen a la isla en el centro del escrutinio geopolítico regional.
