El Tribunal Municipal de Matanzas anuló a última hora la vista oral prevista contra las intelectuales y activistas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja, dejando en evidencia las irregularidades del proceso judicial. La suspensión, comunicada sin fijar una nueva fecha ni ofrecer razones claras, mantiene vigentes las medidas cautelares que limitan la libertad de ambas opositoras.
La anulación del señalamiento se produjo mediante un auto judicial recibido por la defensa pocas horas antes de la audiencia. Según relató Jenny Pantoja a través de redes sociales, ella recibió la citación inicial en su domicilio en La Habana, mientras que ni López Hernández ni la abogada defensora, quienes residen en la misma jurisdicción del tribunal, fueron notificadas formalmente. Esta anomalía burocrática obligó a las acusadas a viajar a Matanzas para garantizar su asistencia, para luego ser informadas de la cancelación del acto.
Pantoja denunció que la dilación del proceso responde a una clara estrategia de castigo político por parte de las autoridades de la isla. La activista subrayó que el sistema judicial cubano atraviesa una profunda crisis de credibilidad y que el régimen evade la celebración del juicio por el elevado costo político que implica procesar a figuras con reconocimiento público. Por su parte, Alina Bárbara López había advertido previamente que los cargos de \»atentado\» imputados en su contra son delitos fabricados por la policía bajo órdenes directas de los órganos de Contrainteligencia.
Represión judicial y desgaste del aparato estatal
El caso de López Hernández y Pantoja se remonta a meses atrás, cuando fueron imputadas tras un episodio de violencia policial durante una acción cívica. Desde entonces, el expediente ha estado plagado de retrasos, falta de información oficial y denuncias de manipulación, una táctica habitual de la dictadura cubana para desgastar a líderes opositores sin necesidad de celebrar audiencias que generen condena internacional. Esta práctica de judicialización de la represión se enmarca en el contexto de asfixia social y política que atraviesa el país, donde el régimen de La Habana utiliza el aparato judicial para acallar cualquier manifestación de disidencia.
La suspensión indefinida de este juicio deja a ambas activistas en un limbo legal, sometidas a constantes restricciones de movilización y acoso estatal. Esta situación refleja no solo el colapso institucional y la falta de garantías procesales en la isla, sino también la incapacidad del gobierno cubano para sostener procesos judiciales con un mínimo de transparencia. Ante la persistencia de estas violaciones a los derechos humanos fundamentales, la presión de la comunidad internacional y de las organizaciones de defensa de las libertades civiles se vuelve indispensable para exigir el cese de la persecución contra la sociedad civil cubana.
