El Centro de Asesoría Legal Cubalex documentó al menos 242 eventos represivos durante el mes de febrero, los cuales derivaron en 528 incidentes de hostigamiento contra la ciudadanía en toda la isla. El informe revela un escalamiento de la violencia estatal, con un saldo de siete presos fallecidos bajo custodia y un incremento de las condenas por ejercer la libertad de expresión.
Según el reporte mensual sobre la situación de las libertades fundamentales, las autoridades de la isla desplegaron operativos de vigilancia, detenciones arbitrarias y amenazas que afectaron a 190 personas, incluyendo 46 mujeres y 144 hombres. La Habana, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba concentraron la mayor cantidad de violaciones, con 57, 28 y 22 eventos respectivamente. La organización detalló que los grupos más vulnerables a la represión fueron las personas privadas de libertad, los defensores de derechos humanos y la población afrodescendiente, muchos de ellos sin afiliación a agrupaciones de la sociedad civil, aunque también sufrieron el acoso miembros de UNPACU, FANTU y Cuba Decide.
Crisis penitenciaria y muertes bajo custodia estatal
Uno de los episodios más graves documentados por Cubalex ocurrió en la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como Canaleta, donde reclusos protagonizaron una protesta denunciando hambre, torturas y falta de atención médica. La respuesta de la dictadura cubana fue calificada de \»brutal\», implementando traslados forzosos y bloqueando el acceso a la información de los familiares para ocultar posibles crímenes. El informe registra la muerte de al menos siete reclusos por desnutrición, violencia, suicidios y negligencia médica, destacando los casos de Luis Miguel Oña Jiménez, excarcelado en estado crítico; Abraham Limonta Estrada, fallecido tras presunto acoso durante el servicio militar; y Yasmani Aranguren Caraballo, quien murió bajo custodia con signos evidentes de violencia física.
El régimen de La Habana también recrudeció la persecución contra la libertad de expresión. Los creadores del proyecto audiovisual \»El 4tico\», Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, junto al preso político Alexander Verdecia Rodríguez, fueron las personas más hostigadas del mes. Medina y Zayas Pérez permanecen en prisión provisional bajo la acusación de delitos contra el orden constitucional, acompañados de campañas de descrédito orquestadas desde el aparato estatal. La criminalización de la protesta se extendió a la ciudadanía común, evidenciado en las condenas de ocho y diez años impuestas a Leonard Richard González Alfonso y al profesor Ariel Manuel Martín Barroso, respectivamente, por pintar consignas contra el Gobierno. Adicionalmente, fueron detenidos 14 ciudadanos —10 panameños y cuatro cubanos— por realizar pintadas en La Habana.
Este panorama represivo se enmarca en el profundo deterioro estructural que atraviesa la nación. La escasez crónica de alimentos, el colapso de los servicios básicos, los apagones prolongados y la inflación galopante han detonado un aumento de la violencia social y protestas ciudadanas espontáneas. Ante la incapacidad del ejecutivo cubano para resolver la crisis económica y social, la estrategia gubernamental ha sido endurecer el aparato represivo para evitar un estallido social generalizado, profundizando el clima de terror y la violación sistemática de los derechos humanos.
La escalada de violencia documentada por Cubalex pone de manifiesto la urgencia de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional y los organismos defensores de los derechos humanos. La impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad cubanas, sumada a las condenas desproporcionadas por delitos de opinión y las muertes inexplicables en recintos penitenciarios, augura un escenario de mayor radicalización del control estatal. Mientras tanto, la ciudadanía continúa soportando el peso de una crisis multifactorial y un sistema autoritario que privilegia la represión por encima de la supervivencia de su pueblo.
