La falta de control y el colapso institucional en los cementerios de la isla han sumido a decenas de familias en un luto perpetuo. Rebeca Juan Delgado, residente en el municipio habanero de La Lisa, denunció que la tumba de su hija ha sido profanada en dos ocasiones en menos de un año, un delito que se repite en más de un centenar de casos en el mismo camposanto sin que las autoridades ofrezcan respuestas.
La menor, quien padecía discapacidad y falleció en octubre de 2022 a causa de un brote de dengue, descansaba en un osario de plástico que fue sustraído por segunda vez a inicios de este año. El esposo de Delgado, Luis Nápoles Rosales, relató que al acudir al panteón notó la tapa de la lápida corrida y los restos óseos de su hija envueltos en una sábana, pero la caja había desaparecido. Esta situación no es aislada; en meses pasados se reportó el robo de al menos 30 osarios en el mismo cementerio, con restos esparcidos por las áreas verdes, lo que imposibilitó su identificación por parte de los familiares.
A pesar de que el Código Penal cubano tipifica las exhumaciones ilegales con penas de hasta un año de privación de libertad, la impunidad domina en el lugar. Las familias afectadas han presentado denuncias en las estaciones policiales, pero el régimen de La Habana no ha implementado medidas efectivas para frenar los robos. La madre señaló que estas cajas plásticas, vendidas inicialmente por sepultureros a precios elevados, terminan ofertadas en redes sociales para ser usadas incluso como neveras en negocios particulares, cotizándose entre 2.300 y 2.800 pesos cubanos en el mercado negro.
Colapso institucional y desesperación social
El saqueo de cementerios es un reflejo más de la profunda crisis estructural que atraviesa la nación. La extrema pobreza, la inflación galopante y la ausencia del Estado en la prestación de servicios básicos han empujado a un sector de la población a la delincuencia para sobrevivir, mientras que la dictadura cubana hace la vista gorda ante el deterioro de la seguridad ciudadana. Rebeca denunció que incluso pagó a un sepulturero para vigilar la bóveda, pero la complicidad interna hace inútil cualquier esfuerzo particular. \»La policía no hace nada, los funcionarios del cementerio no hacen nada\», lamentó la madre, quien considera llevarse los restos a su casa ante la incapacidad de protegerlos.
La angustia de Rebeca resume el desamparo de la ciudadanía frente a un sistema que no garantiza ni el derecho al duelo ni la dignidad de los difuntos. La indolencia de las autoridades de la isla no solo perpetúa el trauma psicológico de las víctimas, sino que evidencia el fracaso total del modelo impuesto, donde la falta de sensibilidad humana y el descontrol institucional dejan a los cubanos completamente a merced de la supervivencia más cruda.
