Al cumplirse 51 años del ataque terrorista en la Taberna Fraunces en Nueva York, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reprochó la complicidad del régimen de La Habana en el asilo de criminales prófugos. El funcionario recordó que el responsable del ataque, William Morales, continúa bajo la protección de las autoridades de la isla, evidenciando la política de impunidad que mantiene el gobierno cubano frente a la justicia internacional.
El atentado perpetrado el 24 de enero de 1975 dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y medio centenar de heridos, marcando uno de los episodios más violentos en la historia de Nueva York durante la década de los setenta. A través de un mensaje en redes sociales, Rubio aseguró que la dictadura cubana sigue albergando a Morales, quien fuera el artífice de la explosión provocada por el grupo nacionalista puertorriqueño FALN. \»Estados Unidos no cejará en su búsqueda de justicia para las víctimas\», enfatizó el jefe de la diplomacia estadounidense al honrar la memoria de los fallecidos.
La huida de Morales hacia la isla lo convirtió en uno de los numerosos fugitivos de la justicia estadounidense que han encontrado refugio en territorio cubano. Se estima que el gobierno cubano ha acogido a alrededor de 70 prófugos acusados de delitos graves, incluyendo secuestro, asesinato y tráfico de drogas. Esta práctica refleja la nula cooperación bilateral y el uso de estos individuos como fichas geopolíticas por parte del ejecutivo cubano.
Impunidad y falta de cooperación judicial
El refugio otorgado a Morales no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el historial de la dictadura cubana de proteger a individuos buscados por la justicia internacional, en detrimento de los derechos de las víctimas y sus familias. Esta actitud forma parte de la hostilidad institucional que caracteriza a las autoridades de la isla frente a Washington, profundizando el aislamiento diplomático y evidenciando un patrón de tolerancia hacia la violencia política cuando conviene a sus intereses ideológicos.
En un intento por revertir esta situación, Rubio, junto al entonces senador Bob Menéndez, presentó en 2022 la Ley de Justicia para los policías Werner Foerster y Frank Connor. Esta iniciativa bipartidista establece como política oficial de Estados Unidos la exigencia de extradición inmediata de todos los prófugos que se ocultan en Cuba. La persistente negativa del régimen de La Habana a entregar a estos criminales continuará siendo un obstáculo insalvable para cualquier acercamiento bilateral y un recordatorio del costo humano que implica la impunidad garantizada por el Estado cubano.
