La corporación estatal CIMEX anunció la comercialización de vehículos chinos KYC modelo F3 en La Habana con un precio cercano a los 30.000 dólares. La oferta, dirigida a un sector minoritario con acceso a divisas, contrasta de manera alarmante con la severa crisis económica y de inseguridad alimentaria que atraviesa la mayoría de los cubanos, quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas de supervivencia.
Según informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN), la empresa gestionada por las autoridades de la isla pondrá a la venta estas camionetas de doble cabina por un valor de 29.950 dólares. El vehículo, fabricado por la compañía asiática KYC Motors, cuenta con capacidad para cinco pasajeros, un motor de 1,6 litros y una carga útil máxima de 745 kilogramos. Por ahora, la disponibilidad se restringe a la capital, específicamente en la agencia ubicada en el municipio Playa, y se presenta como una opción adecuada para tareas medianas y desplazamientos urbanos, con una capacidad inferior a otros modelos chinos ya presentes en el mercado nacional.
El régimen de La Habana justificó la incorporación de este modelo como parte de una supuesta estrategia para diversificar la oferta automotriz mediante convenios con fabricantes internacionales. Sin embargo, el anuncio publicado en las redes sociales de CIMEX generó un rechazo inmediato entre los ciudadanos. Los internautas cuestionaron no solo el precio inalcanzable para el salario medio nacional, sino la profunda escasez de combustible que paraliza al país. Las reacciones en redes estuvieron marcadas por la indignación ante una propuesta totalmente desconectada de la realidad cotidiana, donde los usuarios preguntaron de qué manera se pretende abastecer de carburante a estos vehículos nuevos.
Desconexión del poder ante el colapso sistémico
La venta de vehículos de alto costo por parte de la empresa militar subraya la profunda desigualdad económica que sufre la isla. Mientras el gobierno cubano promociona automóviles para una élite, la población mayoritaria enfrenta un colapso estructural. Un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló que el 72% de los cubanos identifica la crisis alimentaria como el principal problema del país, superando a los apagones y la inflación. El informe detalló que siete de cada diez personas han tenido que omitir alguna comida diaria por falta de recursos o alimentos, y apenas un 15% de la población puede garantizar tres comidas al día sin interrupciones, una cifra que ha empeorado en los últimos dos años.
Esta política comercial evidencia la prioridad del Estado en lucrarse frente a las urgencias sociales. En un contexto marcado por la inflación galopante, los apagones prolongados y un éxodo migratorio sin precedentes, la oferta de camionetas a casi 30.000 dólares funciona como un recordatorio de la insensibilidad del ejecutivo cubano. La incapacidad para articular soluciones a la escasez de alimentos y energía, frente a la promoción de negocios exclusivos, profundiza el descontento social y agrava la fractura entre el poder y una ciudadanía que lucha diariamente por la supervivencia.
