Una delegación de la sociedad civil independiente cubana ha aprovechado la celebración de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ciudad de Panamá para exigir un compromiso real de las democracias del hemisferio con la libertad de la Isla. Los representantes opositores han denunciado ante la comunidad internacional las recientes medidas económicas del gobierno cubano como un mero artificio para perpetuar la dictadura, exigiendo simultáneamente la liberación de todos los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La ausencia del Estado cubano de la OEA, vigente desde hace más de seis décadas, no ha sido óbice para que la voz de los cubanos oprimidos resonara con fuerza en los foros paralelos de la cumbre panameña. Activistas, defensores de derechos humanos y representantes de la oposición democrática han logrado posicionar la crisis sistémica de la Isla en el centro del debate interamericano. Su presencia es un recordatorio elocuente de que la falta de libertades en Cuba no es un asunto estrictamente interno, sino una anomalía que erosiona la institucionalidad democrática y representa una amenaza directa a la estabilidad y seguridad de toda la región.
Entre las voces más críticas y analíticas ha destacado la activista Carolina Barrero, fundadora de la iniciativa Ciudadanía y Libertad. En su intervención ante los medios y delegados, Barrero desmanteló con rigor el discurso oficial relativo a las recientes y limitadas reformas económicas anunciadas por el régimen de La Habana. La opositora trazó una analogía histórica ineludible al comparar estas medidas con los postreros intentos de la Unión Soviética por salvar su modelo de fracaso inminente. Al catalogar la estrategia isleña como una engañosa «segunda perestroika», evidenció que el objetivo final no es la prosperidad nacional, sino la supervivencia de la cúpula gobernante.
La crítica de Barrero se centra en la naturaleza estructural del problema cubano, el cual trasciende la mica económica. Según la activista, el gobierno cubano intenta vender al mundo un teatro de ilusiones mediante tibias aperturas comerciales que en ningún modo alteran el monopolio del poder político ni la propiedad estatal absoluta sobre los medios de producción. «El único camino hacia una Cuba libre son las libertades civiles y políticas, lejanas a la estructura de poder de la familia Castro», recalcó. Su afirmación deja claro que, sin un desmantelamiento del aparato represivo y sin la garantía de derechos fundamentales, cualquier ajuste macroeconómico es pura cosmética destinada a engañar a la comunidad internacional y obtener financiamiento externo.
Además, la representante de la sociedad civil emitió una advertencia geopolítica de primer orden a los gobiernos democráticos del continente. Subrayó la urgente necesidad de mantener y redoblar la presión diplomática sobre La Habana para forzar una transición política real, advirtiendo contra los peligros de la condescendencia. «Esperamos la cooperación de los gobiernos democráticos del mundo para impedir que siga la dinastía Castro en el poder y para lograr una transición democrática en Cuba, necesaria para la seguridad hemisférica. Sin una Cuba libre no habrá una América segura y democrática», sentenció Barrero. De este modo, vinculó directamente la supervivencia de la dictadura castrista con el deterioro de la seguridad hemisférica, el auge del crimen organizado y las crisis migratorias que asolan al continente.
En la misma línea de exigencia y firmeza se pronunció el líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una de las organizaciones de base más hostigadas por la dictadura. Ferrer dirigió un mensaje inequívoco a los cancilleres y jefes de Estado reunidos en Panamá: la tragedia que vive el pueblo cubano debe finalizar de manera inaplazable. Su llamado implicó un respaldo explícito a las políticas de sanciones y medidas diplomáticas adoptadas recientemente por Estados Unidos y otras administraciones del continente que han decidido no ceder ante las tácticas dilatorias del régimen.
Ferrer instó a los países miembros de la OEA a abandonar la falsa neutralidad y sumarse activamente a sanciones concretas que asfixien la capacidad de represión de la dictadura. «Así como el Gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos electos recientemente del continente están asumiendo una política firme y decidida en favor de la libertad y la democracia en Cuba, el resto de los países que integran la OEA deben sumarse a esas sanciones concretas que exigen al régimen el fin de la represión y el inicio de un proceso de transición a la democracia», argumentó el opositor. Asimismo, extendió esta demanda de rigor diplomático a las dictaduras aliadas de Venezuela y Nicaragua, conformando un eje autoritario que opera con impunidad en América Latina.
La Asamblea General de la OEA se desarrolla bajo el lema «El multilateralismo, firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros», un marco que resulta profundamente paradójico ante la consolidación de regímenes autoritarios en la región. El secretario general de la organización, Albert Ramdin, defendió durante la inauguración la cooperación regional frente a los desafíos comunes del continente. Sin embargo, la realidad cubana expone la fragilidad de este discurso: el multilateralismo que no va acompañado de mecanismos coercitivos y de una condena explícita a las dictaduras resulta insuficiente, e incluso cómplice, para proteger los derechos humanos y la institucionalidad democrática.
Frente a la denuncia internacional, la maquinaria propagandística del gobierno cubano no ha permanecido inactiva. Como parte de su estrategia habitual de control de daños, el régimen de La Habana ha orquestado la presencia de delegaciones afines y voceros oficialistas en los espacios paralelos de la cumbre. El objetivo primordial de estas misiones diplomáticas paralelas es intentar limpiar la imagen del gobierno cubano ante la comunidad internacional, negando la magnitud de la crisis sistémica, tergiversando la realidad socioeconómica de la Isla y criminalizando sistemáticamente la labor de la oposición democrática.
El aislamiento histórico del régimen y el fracaso del modelo
La relación entre la dictadura cubana y el sistema interamericano ha estado marcada por el quiebre institucional desde 1962. En aquel año, el régimen fue suspendido de la OEA al considerarse incompatible su adhesión al marxismo-leninismo con los principios democráticos y representativos de la Carta de la organización. A pesar de los intentos de reincorporación impulsados por gobiernos afines en décadas posteriores, el régimen ha preferido mantenerse al margen, construyendo un Estado paria que se sostiene mediante la represión interna, el exilio forzado de sus ciudadanos y el patrocinio a movimientos desestabilizadores en otras naciones de América Latina.
Las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano, que la oposición ha catalogado acertadamente como una «segunda perestroika», no son más que parches desesperados ante el colapso productivo y la incapacidad manifiesta del modelo totalitario para sostenerse por sí mismo. La historia de la Unión Soviética demuestra que los intentos de liberalización económica controlada, sin un correlativo desmontaje del aparato de seguridad y sin apertura política, están condenados al fracaso. El régimen busca oxígeno financiero, captar remesas y apaciguar momentáneamente el descontento social, pero se aferra con uñas y dientes al monopolio del poder, impidiendo la existencia de una propiedad privada real, la libre asociación sindical y el imperio del estado de derecho.
En este escenario de asfixia civil y crisis permanente, la labor de la sociedad civil independiente se vuelve absolutamente indispensable para mantener vivo el reclamo democrático. A pesar de la criminalización de la protesta, el hostigamiento constante por parte de la Seguridad del Estado, los actos de repudio y el encarcelamiento arbitrario de sus miembros, los activistas cubanos continúan arriesgando su vida y su integridad para llevar la verdad de la Isla a los foros internacionales. Su valiente presencia en la OEA es un testimonio vivo de que la tiranía no ha logrado silenciar a la nación, y de que la exigencia de libertad y respeto a la dignidad humana permanece inquebrantable frente a la cúpula militar y civil que ostenta el poder en La Habana.
La cumbre de la OEA en Panamá representa una oportunidad crucial que no debe desperdiciarse para redefinir la política hemisférica hacia Cuba. La comunidad internacional, y en particular las democracias de América Latina, no pueden continuar prestando oídos sordos a las demandas de una sociedad civil que resiste bajo el yugo implacable de la dictadura. La adopción de medidas firmes, coordinadas y sin concesiones contra el régimen de La Habana, junto con la exigencia incondicional de la liberación de todos los presos políticos, no son solo un imperativo moral para con el pueblo cubano, sino la única vía viable y sensata para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad democrática que tanto necesita y merece toda la región.
