El gobierno cubano ha anunciado oficialmente el fin del carácter universal de la libreta de racionamiento, un sistema de distribución instaurado hace más de seis décadas que pasará a limitarse únicamente a sectores considerados vulnerables. La medida, presentada por Miguel Díaz-Canel durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, representa el reconocimiento más explícito de la incapacidad del Estado para sostener su propio modelo económico y marca el colapso definitivo del último y frágil pacto social que vinculaba a la población con la dictadura.
Durante la clausura del cónclave partidista, el gobernante cubano detalló que la denominada canasta básica estatal dejará de estar garantizada para la totalidad de la población. Según sus declaraciones, el nuevo esquema de distribución beneficiará exclusivamente a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y otros sectores en situación de vulnerabilidad. Esta reestructuración se justifica bajo el pretexto de avanzar hacia un sistema de ayudas focalizadas, abandonando el modelo de subsidios universales que, durante décadas, fue vendido por la propaganda oficial como uno de los grandes y supuestamente innegociables logros de la llamada revolución.
Díaz-Canel defendió la drástica medida argumentando que la justicia social no puede sostenerse sobre precios artificiales, y aseguró que el país debe transitar obligatoriamente de la lógica de subsidiar productos a la de subsidiar personas. Sin embargo, detrás de esta retórica de modernidad técnica y eficiencia se esconde la cruda y desoladora realidad de una economía en ruinas. La dictadura no ha encontrado una fórmula mágica de gestión, sino que se ve acorralada y obligada a contraer sus obligaciones sociales ante la imposibilidad material de importar, producir y distribuir alimentos básicos para los más de once millones de habitantes que padecen en la Isla.
El anuncio, además de impactante por su simbolismo, carece de los detalles precisos sobre su implementación. El régimen de La Habana no ha ofrecido cronogramas claros de ejecución ni ha explicado los mecanismos burocráticos que determinarán quién es merecedor de la asistencia estatal. En un país donde la opacidad informativa y la falta de rendición de cuentas son la norma, la ausencia de parámetros objetivos genera una profunda incertidumbre en una población que ya sobrevive al límite de sus posibilidades físicas y mentales. La arbitrariedad en la asignación de recursos en un sistema autoritario abre inevitablemente la puerta a la discriminación política y al clientelismo como herramientas de represión y control.
El deterioro del sistema de distribución estatal no es, de hecho, un fenómeno reciente. Desde hace años, la libreta de racionamiento había dejado de ser una garantía real de alimentación para convertirse en una ilusión simbólica, un meme amargo de la cotidianidad nacional. Las entregas mensuales se han reducido a porciones minúsculas e irregulares de arroz, azúcar, granos y sal. Productos que alguna vez formaron parte de la cuota familiar, como el aceite, el café de calidad o las proteínas de origen animal, han desaparecido por completo del mercado subsidiado o llegan con cuentagotas, obligando a los ciudadanos a recurrir a un mercado informal y a las tiendas en moneda libremente convertible con precios inalcanzables para el salario medio cubano.
Incluso los programas destinados a grupos prioritarios, como embarazadas, lactantes y personas con enfermedades crónicas, han sufrido interrupciones sistemáticas en los últimos tiempos. Las promesas de protección a los sectores vulnerables chocan violentamente con la realidad de las farmacias vacías, los hospitales desabastecidos y los centros de nutrición sin recursos. Que el gobierno cubano ahora prometa «reforzar» estos programas suena a una burla cruel para quienes durante años han visto cómo se desmantelaba, sin oposición ni transparencia, la ya precaria infraestructura de salud y asistencia social del país.
Como parte de esta nueva estrategia de supervivencia institucional, el mandatario ha convocado a empresas estatales y al incipiente sector privado a colaborar en el sostenimiento de comedores sociales, hogares de ancianos y centros para menores sin amparo filial. Esta apelación a la solidaridad institucional y privada es, en la práctica, un descarado traslado de responsabilidades. El Estado, tras monopolizar la economía durante más de medio siglo y llevarla al colapso total, ahora descarga el peso del bienestar social sobre los actores económicos que intentan sobrevivir a su ineficiencia, lavándose las manos ante la crisis humanitaria que él mismo ha provocado con su intransigencia ideológica.
La eliminación del carácter universal de la libreta no debe interpretarse como una reforma estructural, sino como una rendición estratégica. Ocurre en un escenario catastrófico marcado por una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo, apagones energéticos que superan las diez horas diarias en gran parte del territorio nacional, una depreciación brutal del salario real y una ola migratoria sin precedentes en la historia republicana. La medida evidencia que el régimen ha perdido por completo el control de las variables macroeconómicas y opta por la contención del gasto público a costa del hambre y la desesperación de la población.
Para los cubanos, la libreta de racionamiento, instaurada formalmente en 1962, fue durante décadas el único punto de contacto tangible con las promesas incumplidas del socialismo. Aunque siempre fue un instrumento de control y escasez planificada, garantizaba un mínimo de supervivencia que permitía a las familias planificar a corto plazo. Su desaparición para la mayoría de la población simboliza el quiebre definitivo del contrato social impuesto por la dictadura, que ahora exige sacrificios titánicos sin ofrecer a cambio ni siquiera la certeza de un plato de comida diario, despojando al sistema de su última fachada de legitimidad asistencial.
El contexto histórico de un modelo en bancarrota
La libreta de abastecimiento nació en los albores de la década de los sesenta como una respuesta a la escasez aguda generada por la radical y errónea nacionalización de la economía. Lo que en su momento se presentó como una medida temporal de distribución equitativa se consolidó rápidamente como un mecanismo permanente de dependencia estatal. El gobierno cubano controló así, de manera absoluta, la alimentación de cada familia, utilizando el acceso a los bienes básicos como una herramienta de subordinación política y lealtad al régimen. Quien se enfrentaba al sistema perdía el derecho a comer en igualdad de condiciones.
Con el paso del tiempo, y agravado drásticamente por la pérdida de los subsidios soviéticos primero y los venezolanos después, el sistema colapsó bajo su propio y pesado peso burocrático. La falta de incentivos a la producción, la centralización planificada que ignoraba las realidades del mercado y la corrupción institucionalizada vaciaron progresivamente los almacenes del Estado. Hoy, la decisión de limitar la canasta familiar es la admisión oficial de que el modelo colectivista es insostenible. La dictadura, atrapada en su propia retórica y sin voluntad de apertura democrática, intenta ahora maquillar el hambre con un lenguaje de eficiencia económica, mientras el ciudadano común se enfrenta a la dura e injusta tarea de conseguir el sustento diario en un mercado libre destruido que no tiene las infraestructuras para sostener.
El fin de una ilusión y la profundización de la crisis
La medida anunciada por Díaz-Canel no traerá consigo la libertad económica que tanto necesita la Isla, sino una mayor y más severa precariedad. Al eliminar la cuota universal sin liberalizar de verdad la producción agrícola, sin permitir la libre importación de alimentos por parte de ciudadanos y empresas, y sin desmontar el aparato represivo, el régimen de La Habana condena a amplios sectores de la población a la indigencia pura. La «justicia social» que ahora invocan los herederos de Castro no es más que un eufemismo para justificar el abandono estatal y la impotencia gubernamental. La verdadera justicia social en Cuba llegará el día en que el pueblo pueda producir, comerciar y prosperar sin la tutela asfixiante de una dictadura que, después de más de sesenta años de fracasos, admite finalmente que no puede ni siquiera repartir un kilo de arroz a su población.
