La violencia machista sigue cobrando vidas en la isla mientras el gobierno cubano mantiene un hermetismo estadístico que invisibiliza la crisis. Plataformas de la sociedad civil confirman el asesinato de Marina Pino Martínez, de 23 años, a manos de su expareja, un crimen que se suma a una alarmante lista de feminicidios que la dictadura se niega a reconocer y combatir con políticas públicas eficaces.
La comunidad de San Bernardo, en el municipio matancero de Jagüey Grande, ha sido escenario de un nuevo episodio de violencia letal contra las mujeres en Cuba. Organizaciones de la sociedad civil independiente, específicamente el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, han documentado y denunciado el feminicidio de Marina Pino Martínez, una joven de apenas 23 años. La víctima, conocida por su entorno como Marian, fue asesinada por su expareja en el interior de su propia vivienda, un espacio que debía ser de resguardo y que se convirtió en el escenario de su muerte.
Marian desempeñaba su labor profesional como educadora de la primera infancia y deja tras de sí a dos hijas menores de edad, una de ellas una bebé de apenas meses de nacida. La crudeza de este crimen no solo destruye una familia y orfandena a dos niñas, sino que también evidencia la profundidad de una patología social que el régimen de La Habana ha sido incapaz —o poco dispuesto— de abordar con la seriedad que merece. La pérdida de una joven dedicada al cuidado y educación de niños en una sociedad envejecida y carente de personal docente representa, además, un luto para la ya mermada estructura comunitaria cubana.
El asesinato de esta joven no es un hecho aislado, sino la continuación de una tendencia ascendente que las organizaciones independientes vienen rastreando con rigor ante la absoluta ausencia de estadísticas oficiales sistemáticas. El gobierno cubano ha mantenido una política de opacidad respecto a la violencia de género, negándose a publicar datos desagregados que permitan dimensionar la tragedia. Ante este vacío informativo, son los colectivos feministas y de derechos humanos quienes asumen el riesgo de recopilar, verificar y publicar la información, realizando un trabajo que correspondería al Estado.
Según los registros consolidados por estas plataformas, en lo que va de año se han confirmado al menos 16 feminicidios en la isla. A esta cifra se suman nueve intentos de feminicidio frustrados y el asesinato de un hombre por motivos de género, un dato que ilustra cómo la violencia machista trasciende y afecta a la sociedad en su conjunto. Asimismo, los observatorios mantienen bajo investigación múltiples casos adicionales ocurridos tanto en el presente año como en el anterior, lo que demuestra que la violencia estructural no cesa y que las instituciones fallan sistemáticamente en su deber de protección.
Las organizaciones feministas han emitido alertas no solo por los crímenes en sí, sino por la respuesta social e institucional que estos generan. En las redes sociales y en los espacios de discusión pública, se han replicado prácticas revictimizantes que buscan responsabilizar a las mujeres de la violencia que sufren. Se juzga a las víctimas por haber mantenido vínculos con sus agresores, ignorando las complejas dinámicas de dependencia emocional, psicológica y, sobre todo en el contexto cubano, económica, que atrapan a las mujeres en relaciones abusivas de las cuales es sumamente difícil escapar sin apoyo externo.
Especialistas en violencia de género coinciden en que la ruptura de estos vínculos tóxicos requiere de un andamiaje institucional que en Cuba brilla por su ausencia. La precariedad material extrema que sufre la población, derivada del fracaso del modelo económico impuesto por la dictadura, agudiza la dependencia de muchas mujeres hacia sus parejas o exparejas, quienes en ocasiones son el único sustento o el dueño de la vivienda familiar, un factor de poder decisivo en un país donde el acceso a una vivienda independiente es una quimera.
Ante esta coyuntura, las activistas subrayan de manera contundente la falta de herramientas efectivas para enfrentar y erradicar la violencia machista. La inexistencia de refugios suficientes para mujeres maltratadas deja a las víctimas en una situación de total desamparo, obligándolas a convivir o a interactuar forzosamente con sus agresores. A esto se suma la carencia de protocolos integrales de atención en las instituciones de salud y de orden público, así como la inexistencia de una legislación específica que tipifique el feminicidio como un delito autónomo, lo que impide que el sistema judicial aborde estos crímenes con la gravedad y las agravantes que corresponden.
La ausencia de campañas públicas sostenidas de prevención es otra de las demandas recurrentes de la sociedad civil. Mientras el régimen de La Habana destina vastos recursos a la propaganda política y a la reivindicación de su propia imagen en foros internacionales, invierte cero esfuerzo en educar a la población sobre el respeto a las mujeres, la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz. Esta omisión deliberada perpetúa el machismo arraigado en la sociedad cubana y normaliza la agresión como método de resolución de conflictos.
El contexto del abandono institucional y la represión
Para comprender la magnitud de la crisis de violencia de género en Cuba, es indispensable analizar el contexto de abandono institucional y la naturaleza del sistema político que rige los destinos de la isla. La dictadura ha construido durante décadas una narrativa oficial que presume de haber «empoderado» a la mujer cubana a través de su incorporación al mercado laboral. Sin embargo, esta retórica triunfalista ha servido de cortina de humo para ocultar la persistencia de un machismo estructural que el Estado no solo no ha combatido, sino que en ocasiones ha alimentado a través de sus propias políticas y discursos.
El gobierno cubano se jacta en la escena internacional de sus supuestos avances en materia de derechos de la mujer, presentándose como un referente regional. No obstante, la realidad que viven las cubanas en las calles, en sus hogares y en los tribunales es diametralmente opuesta. Cuando una mujer decide denunciar a su agresor, se enfrenta a un sistema policial y judicial permeado por el prejuicio patriarcal, donde su palabra es frecuentemente minimizada y donde se le insta a «arreglar el problema en familia», exponiéndola a represalias aún mayores.
La falta de voluntad política para legislar contra el feminicidio no es un simple descuido burocrático, sino una manifestación más de la negación del régimen a reconocer sus propios fracasos sociales. Tipificar el feminicidio implicaría aceptar que existe una crisis de violencia de género, lo que contradiría la imagen idílica que el gobierno cubano intenta proyectar hacia el exterior. Preferir el silencio estadístico es, en la práctica, ser cómplice de la impunidad con la que actúan los agresores, sabedores de que el aparato estatal no los perseguirá con el rigor necesario.
Además, el activismo feminista en Cuba se desarrolla en un entorno de alta hostilidad y represión. Las mujeres que lideran los observatorios de género y las campañas de denuncia lo hacen bajo la amenaza constante de la vigilancia, el acoso policial y la criminalización de su labor. La dictadura percibe cualquier forma de organización independiente como un desafío a su monopolio del poder, por lo que incluso el acto de defender la vida de las mujeres es visto como una actividad subversiva que debe ser controlada y coartada.
El imperativo de visibilizar y denunciar
Frente a este panorama desolador, las plataformas independientes mantienen su llamado a la sociedad civil a no callar. «¡Ciudadanía, denunciar estos crímenes no es delito!», han proclamado desde las trincheras de la red, en un intento por romper el muro de temor que impide a muchas víctimas y familiares buscar ayuda. Las activistas insisten en que la visibilización de la magnitud del problema es el primer paso para exigir un cambio real, a pesar de las escasas garantías legales y del clima de intimidación que impone el régimen.
La labor de Yo Sí Te Creo en Cuba y del Observatorio de Género de Alas Tensas se erige como un faro de esperanza y rigor en medio de la oscuridad informativa. Al nombrar a las víctimas, al reconstruir sus historias y al cuantificar los crímenes, estas mujeres están realizando un ejercicio de memoria y justicia que el Estado les niega. Cada cifra, cada nombre, cada denuncia es una bofetada a la narrativa oficial y una exigencia de que las vidas de las cubanas valen más que la propaganda del régimen.
El caso de Marian Pino Martínez debe ser un punto de inflexión. Su muerte, y la orfandad en la que quedan sus dos pequeñas hijas, clama por una respuesta que trascienda la indignación pasajera. Exige la implementación inmediata de medidas de protección, la creación de refugios, la aprobación de leyes estrictas contra la violencia machista y, sobre todo, un cambio profundo en la cultura institucional y social que permita a las mujeres vivir libres del terror. Mientras la dictadura continúe evadiendo su responsabilidad, la sangre de las cubanas seguirá derramándose en la indiferencia, y la lucha de las activistas por la vida y la dignidad se mantendrá como una de las batallas más urgentes y valientes en la Cuba de hoy.
