Las expresiones de incomprensión ante la miseria por parte de sectores históricamente leales al régimen de La Habana revelan un fenómeno psicológico complejo. Más que una verdadera ignorancia sobre las causas de la crisis, existe un temor profundamente arraigado a señalar a los verdaderos responsables, alimentado por décadas de adoctrinamiento y un sistema de recompensas que anula la noción de derechos ciudadanos.
A lo largo y ancho de la isla, es común observar a ciudadanos que han cumplido exhaustivamente con las directrices del Estado —participando en movilizaciones, zafras y actos públicos— expresar su indignación ante las cámaras asegurando que «no entienden» su actual situación de precariedad. Sin embargo, esta muletilla lingüística es, en realidad, un mecanismo de defensa. Es la evidencia más palpable de que sí comprenden la raíz de su desgracia, pero el miedo a enfilar su indignación contra la dictadura los obliga a refugiarse en la confusión simulada.
Este sector de la población se encuentra en una etapa avanzada de decepción, aunque esto no necesariamente se traduce en un preludio de rebelión. La maquinaria represiva y de control ideológico del gobierno cubano ha sido históricamente eficaz en neutralizar la indignación. Basta con que un alto dirigente, rodeado de escoltas y comodidades inalcanzables para el ciudadano común, se acerque a estas comunidades para ofrecer nuevas explicaciones o consignas, para que la frustración se diluya temporalmente. La promesa vacía, una vez más, suplanta la necesidad material.
El contraste físico y social es, no obstante, escandaloso. Las imágenes de las visitas de jerarcas del Partido Comunista de Cuba (PCC) a provincias y empresas estatales muestran una realidad bifurcada. Por un lado, los cuerpos robustos y bien alimentados de la cúpula dirigente; por otro, la figura cadavérica y desgastada de quienes han soportado décadas de racionamiento y privaciones. Esta dicotomía visual es suficiente para entender la naturaleza del sistema, pero la manipulación psicológica impide que la conclusión lógica se transforme en acción.
En este sentido, las giras gubernamentales no son ejercicios inútiles, como podrían parecer a simple vista. Aunque no resuelven la crisis estructural que asfixia a la población, cumplen una función vital para el régimen de La Habana: son herramientas de contención social. A través de estas apariciones, se apaciguan los ánimos de una base social que fue sistemáticamente adiestrada para aceptar su inferioridad frente a una élite que se comporta casi como una casta sacerdotal, dispensadora de migajas y privilegios.
El castrismo ha operado históricamente como un culto donde la humildad impuesta se confunde con virtud revolucionaria. Las generaciones que nacieron y envejecieron bajo este sistema fueron educadas para creer que la sencillez y la obediencia ciega son méritos. En este esquema, cualquier indicio de bienestar no es concebido como un derecho humano fundamental, sino como un privilegio que la dictadura otorga como premio a la lealtad. La miseria profunda y endémica se convirtió en el estado natural, desde el cual la felicidad solo es legítima si llega por concesión del Estado.
Este condicionamiento mental se manifiesta en la persistencia del sistema de «estímulos», un mecanismo de control perverso que ha sobrevivido a todas las crisis económicas del país. El televisor entregado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el vehículo adjudicado por la ANAP o Tabacuba, o un viaje a un campismo de la UJC, son vistos no como injustas migajas dentro de un sistema productivo fallido, sino como actos de generosidad gubernamental. Incluso el aumento de una pensión miserable se justifica bajo la creencia de que «el gobierno en el fondo es bueno» y hace enormes sacrificios para premiar a su pueblo, ignorando que la penuria previa era, precisamente, el producto directo de las políticas extractivas de ese mismo gobierno cubano.
Cuando estos ciudadanos protestan por la falta de agua, luz o vivienda, sus reclamos a menudo carecen del lenguaje de los derechos civiles y humanos. No demandan servicios como ciudadanos contribuyentes que sostienen al Estado, sino que solicitan la «estimulación» que creen merecer tras una vida entera de «sacrificios». En este imaginario distorsionado, el hecho de no haber emigrado es ponderado como un mérito supremo que debe ser recompensado por las autoridades, arrastrando el viejo rezago castrista de que abandonar el país es un acto de traición. Por ende, reclaman bienes materiales y servicios básicos como si fueran trofeos por su fidelidad inquebrantable, no como prerrogativas inherentes a su dignidad humana y a su condición de ciudadanos.
Paradójicamente, esta misma lógica les impide cuestionar los privilegios obscenos de la casta dirigente. La opulencia de la dinastía Castro, la hipocresía dolarizada de los herederos de figuras como el Che Guevara, o los excesos de otros familiares de los históricos, son normalizados e incluso justificados. En la mente del adepto, estos líderes han «ganado» el derecho a hacer y deshacer en virtud de un pasado mítico en la Sierra Maestra, un privilegio que, en su visión, es transmisible a sus descendientes de manera hereditaria, perpetuando una oligarquía de nuevo cuño.
De esta disonancia cognitiva se derivan muchas de las protestas que a veces se confunden con detonantes de un cambio sistémico. En realidad, a menudo se trata de la reacción de un sistema dependiente que clama por su dosis de recompensa. El enojo se aplaca con medidas superficiales: una feria agropecuaria temporal montada antes de la visita de un funcionario y desmontada al día siguiente, o un día sin cortes de electricidad como «regalo» conmemorativo. Son paliativos que calman el berrinche momentáneo sin alterar el statu quo de la dictadura.
El contexto del control social en Cuba
Para comprender la magnitud de este fenómeno, es imperativo analizar el contexto histórico de la isla. Durante más de seis décadas, el régimen de La Habana ha monopolizado no solo la economía y la política, sino también la educación, la cultura y el tejido social. La eliminación del espacio público y la proscripción de la sociedad civil facilitaron la creación de un ciudadano dependiente del Estado para su supervivencia material y su validación moral.
El colapso estructural que hoy asfixia a Cuba es el resultado directo de un modelo económico centralizado, ineficiente y parasitario, agravado por la falta de libertades que ahoga cualquier iniciativa productiva. La nomenklatura militar y política que controla el aparato estatal ha monopolizado los recursos, creando una economía de apartheid donde el acceso a divisas, tiendas en moneda libremente convertible y servicios de calidad está vedado para la mayoría. Sin embargo, la dictadura ha logrado desviar la culpa hacia factores externos, manteniendo intacto el mito del bloqueo como única causa del desastre, mientras la cúpula se enriquece y perpetúa en el poder. Este entorno de crisis permanente ha sido hábilmente utilizado para justificar el racionamiento y el control poblacional bajo el eufemismo de la «resistencia heroica», apelando al deber moral antes que al derecho material.
En conclusión, la realidad de estos sectores leales al gobierno cubano es una tragedia psicológica y material. Observar a una población envejecida, desprovista de lo más básico, aplaudir y agradecer a sus represores, despoja al análisis de todo sentimentalismo para revelar una cruda verdad: son víctimas de un experimento social totalitario que logró que forjaran su propia miseria. Fingir no entender es el último recurso de quienes temen aceptar que el sacrificio de toda una vida tuvo como única recompensa la desolación y el olvido por parte de una élite que nunca los consideró más que instrumentos de su perpetuación en el poder.
