El régimen de La Habana continúa endureciendo las condiciones carcelarias para los opositores pacíficos encarcelados tras las protestas populares. En la prisión provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, funcionarios penitenciarios han bloqueado de manera arbitraria el acceso de reclusos a la asistencia espiritual, argumentando que los prisioneros utilizan estos espacios para realizar denuncias sobre el estado de las cárceles cubanas.
El preso político Ediolvis Marín Mora ha denunciado un nuevo episodio de hostigamiento y violación de sus derechos fundamentales dentro del penal camagüeyano. El activista, quien profesa la religión católica, relató que las autoridades del recinto le impidieron reunirse con un sacerdote que se encontraba en la instalación para brindar apoyo espiritual a los reclusos. Esta no es una medida aislada, sino parte de una política sistemática de aniquilación psicológica y moral contra aquellos que se atreven a alzar la voz contra el sistema impuesto por el gobierno cubano.
Según relató el propio recluso, el oficial Diony Torné Báez, con rango de mayor y jefe de la prisión, ordenó explícitamente que ni Marín Mora ni el también preso político Dixan Gaínza Moré fueran conducidos ante el representante religioso. La justificación esgrimida por el militar expone sin tapujos la lógica represiva de la dictadura: el funcionario alegó que se les negaba el derecho a la asistencia religiosa porque ambos prisioneros «se ponen a estar haciendo denuncias». Esta afirmación confirma que el castigo no solo busca aislar al recluso, sino silenciar cualquier atisbo de disidencia incluso dentro de los muros carcelarios.
La privación del derecho al culto se suma a una larga lista de arbitrariedades sufridas por Marín Mora. El joven, residente del reparto La Gloria en Nuevitas, ha solicitado de manera continua poder recibir consuelo espiritual y practicar su fe, una petición que ha sido sistemáticamente ignorada por las autoridades de la prisión. La represión llega al punto de prohibirle tener en su poder una Biblia, lo que constituye una violación flagrante de la libertad religiosa garantizada, al menos en el papel, por la propia constitución cubana. La negativa de un texto sagrado evidencia el nivel de crueldad con el que opera el aparato represivo.
Las consecuencias de exigir estos derechos elementales han sido severas para el recluso. En meses anteriores, el activista fue víctima de brutales maltratos físicos y amenazas por parte de los carceleros. En una ocasión, junto al también activista Jorge Luis Caballero, fue desnudado, esposado, sometido a requisas humillantes y confinado durante horas en un cubículo del área destinada a los reclusos condenados a cadena perpetua. Este tipo de tortura física y psicológica es una práctica recurrente utilizada por el régimen de La Habana para quebrar la voluntad de los presos políticos y sembrar el terror entre la población carcelaria.
El caso de Ediolvis Marín Mora es un reflejo de la criminalización de la protesta social en Cuba. Su calvario comenzó tras participar en las manifestaciones pacíficas que estallaron en Nuevitas, motivadas por los prolongados e insoportables apagones que azotaban a esa ciudad de la provincia agramontina. Como respuesta a la indignación popular, la Seguridad del Estado allanó su domicilio y lo privó de libertad. En ese momento, Marín Mora se ganaba la vida de manera honesta como cuentapropista en una concretera particular, lejos de cualquier actividad delictiva, lo que demuestra que su único delito fue exigir mejores condiciones de vida para su comunidad.
El proceso judicial que culminó con su condena ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones internacionales. Tras pasar varias semanas en los calabozos de la Seguridad del Estado en Camagüey, fue trasladado a la prisión Cerámica Roja, donde permaneció un período prolongado en espera de un juicio amañado. Finalmente, fue sentenciado a más de una década de privación de libertad bajo los delitos fabricados de sabotaje y sedición, cargos habitualmente utilizados por la dictadura para inflar penas contra manifestantes. Su nombre figura en la base de datos de Prisoners Defenders, una ONG española dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos en la isla.
La misma suerte corre Dixan Gaínza Moré, el otro recluso sancionado a quien se le negó la visita religiosa. Gaínza Moré es uno de los cientos de cubanos encarcelados por su participación en las históricas protestas populares de julio. El régimen lo condenó a una pena considerable de prisión bajo los delitos de desórdenes públicos, desobediencia y desacato, en un juicio carente de las mínimas garantías procesales. La inclusión de ambos en la lista de reclusos vetados para la asistencia espiritual demuestra que la represión no distingue entre las diferentes olas de protesta, sino que castiga uniformemente la disidencia.
La situación en la prisión Kilo 8 es un microcosmos del drama carcelario en Cuba. Las cárceles del país se encuentran severamente hacinadas, con condiciones sanitarias deplorables y una alimentación deficiente que pone en riesgo la salud de los reclusos. A este panorama de penurias materiales se suma la crueldad institucionalizada, donde los guardias y oficiales actúan con total impunidad, sabiendo que sus abusos no serán investigados ni sancionados por las altas esferas del gobierno cubano. La negación de derechos básicos como la asistencia médica o la espiritual son armas adicionales en el arsenal represivo del Estado.
Contexto: La represión institucionalizada en las cárceles cubanas
El régimen de La Habana ha consolidado, a lo largo de más de seis décadas, un aparato represivo que se extiende desde las calles hasta los centros penitenciarios. Tras las protestas masivas de julio y las subsecuentes revueltas en diversos municipios como Nuevitas, el gobierno cubano desató una cacería judicial sin precedentes. Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de casos de cubanos condenados a penas desproporcionadas tras juicios sumarísimos, donde la presunción de inocencia brilló por su ausencia y los abogados defensores enfrentaron innumerables trabas impuestas por el tribunal.
El bloqueo a la asistencia religiosa es una violación que la dictadura utiliza con frecuencia contra los presos políticos. La fe y el acompañamiento espiritual representan un ancla emocional para los reclusos, una fuente de fortaleza que el aparato represivo busca arrebatarles para acelerar su quiebre psicológico. Al negarles el acceso a un sacerdote o a textos sagrados, las autoridades penitenciarias cometen un acto de tortura psicológica, transgrediendo no solo el derecho interno, sino también tratados internacionales suscritos por Cuba, los cuales el régimen ignora sistemáticamente en su afán por mantener el control absoluto sobre la vida y el pensamiento de los ciudadanos.
La denuncia de Ediolvis Marín Mora y Dixan Gaínza Moré trasciende el ámbito de la libertad de culto; es un grito de auxilio que evidencia la crisis de derechos humanos que impera en la isla. Mientras la cúpula del poder en Cuba se aferra a un modelo fracasado y profundiza su discurso de victimización frente a la comunidad internacional, en el interior de sus prisiones se cometen abusos atroces contra ciudadanos cuyo único delito ha sido exigir un cambio democrático y mejores condiciones de vida. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben mantener el escrutinio sobre estas violaciones, exigiendo al gobierno cubano el cumplimiento de las normas básicas de humanidad y la liberación incondicional de todos los presos políticos.
