El régimen de La Habana mantiene una política sistemática de aniquilación de los derechos fundamentales de los reclusos de conciencia. En la prisión provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, las autoridades penitenciarias han prohibido expresamente la asistencia religiosa a los opositores Ediolvis Marín Mora y Dixan Gaínza Moré, evidenciando una vez más el carácter punitivo y vengativo del aparato carcelario cubano contra quienes osaron desafiar al poder.
Las violaciones a los derechos humanos en las cárceles cubanas no son hechos aislados, sino el resultado de una maquinaria estatal diseñada para quebrar la moral y la resistencia de los ciudadanos que se atreven a protestar. El caso de Ediolvis Marín Mora ilustra a la perfección esta dinámica de castigo perpetuo. Recientemente, este preso político denunció telefónicamente que las autoridades del penal le impidieron recibir la visita del sacerdote, un derecho que le correspondía ejercer, truncando de golpe cualquier atisbo de consuelo espiritual en el inhóspito entorno carcelario.
La prohibición no fue un mero accidente logístico, sino una orden directa emanada de la cúpula militar del centro penitenciario. El mayor Diony Torné Báez, funcionario al mando, dispuso que ni Marín Mora ni el también recluso político Dixan Gaínza Moré fueran conducidos ante el representante religioso mientras se efectuaba el traslado de otros reclusos comunes. La censura, en este caso, se aplicó de manera selectiva y discriminatoria, reservando la privación de derechos exclusivamente para los convictos por motivos políticos.
El argumento esgrimido por el oficial para justificar tan arbitraria medida revela la profunda paranoia del régimen frente a cualquier forma de articulación o visibilidad de los presos políticos. Según declaró el militar, la asistencia religiosa les fue negada porque ambos opositores «se ponen a estar haciendo denuncias». Esta excusa confirma que la dictadura no solo busca aislar a los disidentes del mundo exterior, sino también acallar cualquier canal a través del cual puedan comunicar los abusos a los que son sometidos en el interior de las prisiones.
Para Marín Mora, la afrenta es doble, ya que atenta contra una convicción íntima y profundamente arraigada. El recluso ha subrayado en reiteradas ocasiones su condición de católico practicante, solicitando de manera continua la asistencia espiritual que le corresponde por derecho propio y por los reglamentos penitenciarios internacionales. Sin embargo, sus peticiones han topado sistemáticamente con el muro de intransigencia de las autoridades camagüeyanas, que ni siquiera le han permitido tener en su poder una Biblia para el rezo personal.
La negación del derecho al culto se suma a un largo historial de torturas físicas y psicológicas infligidas a Marín Mora por el simple hecho de exigir el cumplimiento de sus derechos. En meses anteriores, el activista denunció que él y otro compañero de causa, Jorge Luis Caballero, fueron sometidos a un trato degradante. Fueron desnudados por completo, esposados, requisados exhaustivamente y encerrados durante horas en un cubículo del área de cadena perpetua, una práctica que constituye claramente un acto de tortura según los convenios internacionales.
El origen de este calvario se remonta a la respuesta ciudadana frente a la ineficiencia y el abandono estructural promovido por el gobierno cubano. Marín Mora, residente del reparto La Gloria en Nuevitas y trabajador del sector privado en una concretera, fue apresado tras un allanamiento de su domicilio. Su único «delito» fue participar en las protestas pacíficas motivadas por los incesantes y prolongados cortes de electricidad que asolaron la ciudad agramontina, una crisis directa consecuencia de la desgastada infraestructura energética del país.
El proceso judicial que derivó en su condena fue una farsa orquestada por la Seguridad del Estado. Tras permanecer cautivo durante más de un mes en los calabozos de la policía política en el reparto Garrido, fue trasladado a la prisión Cerámica Roja. Allí permaneció durante más de dos años en espera de un juicio, sufriendo un encarcelamiento preventivo desproporcionado. Finalmente, un tribunal provincial lo condenó a más de una década de privación de libertad bajo los cargos prefabricados de sabotaje y sedición, penas diseñadas para desarticular la protesta social.
El traslado de Marín Mora a la prisión de Kilo 8, una de las cárceles más temidas y rigurosas de la geografía nacional, representa un endurecimiento de sus condiciones de cautiverio. Su caso no pasa desapercibido para la comunidad internacional; figura en la base de datos de Prisoners Defenders, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la documentación exhaustiva de las personas privadas de libertad por motivos políticos en la isla.
La situación de Dixan Gaínza Moré, también residente en Camagüey, corre una suerte similar. Manifestante de las históricas protestas populares que sacudieron a la nación, Gainza Moré fue condenado a cinco años de cárcel bajo los típicos delitos de desórdenes públicos, desobediencia y desacato, una triada penal utilizada recurrentemente por la dictadura para criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica.
Contexto: La criminalización de la disidencia y el control totalitario en Cuba
La represión contra Marín Mora y Gaínza Moré no es más que la punta del iceberg de una estrategia de Estado dirigida desde La Habana para aniquilar cualquier vestigio de disidencia. Desde las protestas masivas que recorrieron la isla, el régimen ha desplegado un aparato judicial y policial sin precedentes para procesar, condenar y encarcelar a cientos de ciudadanos. Las cárceles cubanas se han convertido en verdaderos centros de exterminio psicológico, donde el hacinamiento, la mala alimentación y la falta de atención médica se utilizan como armas complementarias a la represión directa.
La negación de la asistencia religiosa en las prisiones forma parte de una política más amplia de control ideológico. El gobierno cubano históricamente ha mantenido una relación de subordinación y vigilancia hacia las instituciones religiosas, persiguiendo a aquellos pastores, sacerdotes y laicos que se atreven a pronunciarse a favor de los derechos civiles. Dentro de los penales, el acceso a la espiritualidad es visto por las autoridades como un riesgo de aglutinación y de fortalecimiento de la moral del recluso, algo que la dictadura busca evitar a toda costa en el caso de los presos de conciencia.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas relatorías de la Organización de las Naciones Unidas han documentado de manera reiterada estas prácticas. Sin embargo, el régimen de La Habana hace oídos sordos a las recomendaciones internacionales, amparado en su retórica soberanista y en la complicidad de aliados geopolíticos. La impunidad con la que oficiales carcelarios operan, torturando y negando derechos básicos, es una muestra fehaciente de que las órdenes emanan desde las más altas esferas del poder totalitario.
La tragedia de los presos políticos en Kilo 8 es un recordatorio lacerante de la deuda pendiente que tiene el régimen con el pueblo cubano. Mientras la cúpula en el poder disfruta de privilegios y mantiene un discurso triunfalista desconectado de la realidad, cientos de jóvenes yacen en celdas de castigo, privados de su libertad, de su salud y de su derecho a comunicarse con su fe. La solidaridad internacional y la presión constante sobre el gobierno cubano son imperativas para detener esta maquinaria de crueldad y exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos en la isla.
