Al menos siete menores de edad, incluyendo un niño de 13 años, permanecen encarcelados en Cuba por su participación en protestas o en procesos con motivación política. La actualización de la organización legal Cubalex expone un patrón sistemático de violaciones al debido proceso, incomunicación y malos tratos por parte del régimen de La Habana contra la niñez disidente, en medio de una profunda crisis social y económica.
El reporte detallado por el Centro de Información Legal Cubalex identifica a los jóvenes reclusos como Cristian Fernández Sarmiento (16 años), Alex Javier Hernández González (13), Ander Magdiel del Toro Suárez (15), José Jorge Menéndez Vázquez (17), Cristian de Jesús Crespo Álvarez (16), Leroy Hernández Escalona (17) y José Ángel Borrero (17). Las autoridades de la isla han desplegado un aparato represivo que criminaliza la protesta social desde las edades más tempranas, contraviniendo los estándares internacionales de protección a la niñez que el propio Estado ha suscrito.
El caso más alarmante es el de Alex Javier Hernández González, arrestado a sus 13 años durante la protesta del 22 de julio en Santiago de las Vegas, La Habana. Su madre denunció públicamente que cuatro policías lo golpearon brutalmente durante el arresto, presentando lesiones en la cabeza, cuello y espalda, y que los agentes intentaron inculpar a los manifestantes por la paliza. El niño fue trasladado a la estación policial de Calabazar y luego al centro de internamiento para menores de Guanabacoa, conocido como \»El Combinadito\». Este proceder viola abiertamente el artículo 18.1 del Código Penal cubano, que exime de responsabilidad penal a quienes no hayan cumplido los 16 años en el momento del presunto delito.
Represión y cargos de \»sabotaje\» en Santiago de Cuba
La dictadura cubana ha endurecido su persecución en la provincia oriental. Tres adolescentes —Ander Magdiel del Toro Suárez, José Jorge Menéndez Vázquez y José Ángel Borrero— fueron arrestados tras las protestas del 21 de junio en Maffo, municipio Contramaestre, vinculadas al incendio de la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo. Recluidos en la sede de la Seguridad del Estado conocida como Versalles, se les investiga por el presunto delito de \»sabotaje\», un cargo habitualmente utilizado por el ejecutivo cubano para imponer penas desproporcionadas y eludir el escrutinio sobre las verdaderas causas del descontento social.
La dureza de la reclusión es evidente: los adolescentes solo disponían de 10 minutos semanales para ver a sus familiares, según denunció la activista Anamely Ramos González y recogió Cubalex. La gravedad de la situación forzó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas el 29 de junio, tras una solicitud de acción urgente de la organización legal. El órgano internacional expresó su preocupación por la prisión provisional impuesta a menores que, por su edad, no podían responder penalmente conforme a las propias leyes cubanas, y dio al Estado un plazo hasta el 14 de julio para informar sobre su situación. A comienzos de julio, otros tres jóvenes detenidos por el mismo caso —Luis Alberto Leyva, Yordi Daniel Gómez Aguilar y Ángel Luis Leyva— fueron excarcelados sin cargos, evidenciando la arbitrariedad de las detenciones iniciales.
En la misma instalación de Versalles permanece Cristian Fernández Sarmiento, detenido en junio durante las protestas de Altamira. Su abuela, Soraya Cardoza, de 83 años, denunció esta semana la pérdida de peso considerable del adolescente y el hermetismo de las autoridades sobre su proceso legal. Por su parte, Cristian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, permanece en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, desde las protestas de marzo en Morón. Diagnosticado con hepatitis en junio, el gobierno cubano le negó el traslado a un hospital, manteniéndolo en la precaria enfermería del penal, lo que constituye un trato cruel e inhumano.
Leroy Hernández Escalona, de 17 años al ser arrestado, acumula el mayor tiempo en reclusión. Fue detenido el 18 de septiembre de 2025 tras una protesta pacífica en Maniabón, Puerto Padre, Las Tunas. Prisoners Defenders y Cubalex documentaron que el adolescente fue sometido a interrogatorios prolongados, presiones psicológicas y reclusión sin tutela judicial efectiva, mientras se le negaba el acceso familiar. Aunque la legislación cubana permite exigir responsabilidad penal a partir de los 16 años, establece condiciones estrictas para menores de 18, como que se trate de hechos de \»especial connotación\» o que exista desprecio por la vida. El propio Tribunal Supremo Popular ha señalado que la Fiscalía solo puede actuar bajo estas circunstancias, un marco legal que el régimen ignora para facilitar la represión.
Contexto: Criminalización de la juventud en medio del colapso estructural
La detención de menores no es un hecho aislado, sino una pieza más del mecanismo de control social desplegado por la dictadura cubana frente a la profundización de la crisis sistémica. La isla atraviesa una espiral inflacionaria sin precedentes, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y apagones prolongados que han detonado estallidos sociales espontáneos en distintas provincias. Ante la incapacidad estructural de ofrecer soluciones económicas, el régimen de La Habana ha optado por la criminalización de la pobreza y la protesta, utilizando el Código Penal reformado para infundir terror y desmovilizar a una población exhausta.
La represión sobre los jóvenes refleja el miedo del poder a una generación que no tiene memoria revolucionaria y que ha sido la principal protagonista del éxodo migratorio masivo y de las manifestaciones. Al encarcelar a adolescentes y niños, las autoridades de la isla buscan cortar de raíz cualquier germen de disidencia futura, destruyendo el tejido social y dejando secuelas psicológicas irreversibles en las familias cubanas. La respuesta estatal ante el descontento es exclusivamente punitiva, priorizando la seguridad del régimen sobre el bienestar y el desarrollo integral de la niñez.
Antecedentes de violaciones a los derechos de la niñez
La persecución a menores cuenta con precedentes recientes y preocupantes que ilustran la política de Estado. Jonathan David Muir Burgos, detenido el 16 de marzo cuando tenía 16 años tras las protestas del 13 de marzo en Morón, fue acusado de \»sabotaje\» y trasladado a la prisión para adultos de Canaleta. Aunque fue excarcelado el 24 de junio, Amnistía Internacional confirmó posteriormente que su causa seguía activa y que estaba sujeto a restricciones no precisadas. Esto demuestra que la libertad a menudo es solo una medida provisional dentro de un hostigamiento judicial permanente diseñado para silenciar.
A nivel internacional, el escrutinio sobre estas prácticas no es nuevo. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya había expresado en 2022 su profunda preocupación por las detenciones de menores —incluidos niños de 13 años— durante protestas en Cuba. El organismo documentó arrestos nocturnos, incomunicación, interrogatorios prolongados, insuficientes garantías procesales para menores de 16 años y el uso excesivo de la prisión preventiva. En sus recomendaciones, instó al Estado cubano a garantizar que la privación de libertad se empleara únicamente como último recurso y por el período más breve posible. La actual situación demuestra que el gobierno cubano ha desoído estos llamados.
Implicaciones y respuesta internacional
La persistencia de estas prácticas represivas coloca a Cuba en la frontera de la violación sistemática de los derechos humanos infantiles. La falta de separación entre menores y adultos en recintos penitenciarios de máxima seguridad, sumada a la negación de asistencia médica adecuada y el uso de la tortura física y psicológica, configura un cuadro de graves abusos de Estado que debe ser investigado y sancionado.
Frente a este escenario, la presión de la comunidad internacional y los organismos multilaterales se perfila como la única vía de exigencia de rendición de cuentas. Mientras la dictadura cubana continúe secuestrando el aparato judicial para reprimir a su población más vulnerable, el futuro de la nación se oscurece. La liberación incondicional de estos siete menores no solo es una exigencia jurídica, sino un imperativo ético que desnuda la naturaleza autoritaria de un régimen que prefiere encarcelar a sus niños antes que escuchar el clamor de sus calles.
