El gobierno cubano ha anunciado la implementación de un conjunto de 176 medidas agrupadas en 23 ejes fundamentales, presentadas como una solución a la profunda crisis económica. Sin embargo, un análisis riguroso sugiere que esta iniciativa no constituye una apertura genuina, sino una estrategia coyuntural diseñada para captar capital extranjero, ganar tiempo y reestructurar el control financiero de la élite militar bajo el disfraz de la privatización.
La reciente presentación de un amplio paquete de 176 medidas por parte del régimen de La Habana ha generado un intenso debate sobre las verdaderas intenciones del gobierno cubano frente al colapso económico que atraviesa la isla. Esta nueva batería de disposiciones, que supera en amplitud a los antiguos «lineamientos» de hace casi dos décadas, llega en un contexto de presiones internas y externas insostenibles. La adopción de estas políticas parece confirmar, una vez más, que las distorsiones de la economía nacional fueron provocadas por las propias autoridades, las cuales ahora se ven obligadas a suavizar lo que durante años se ha denominado el «bloqueo interno», un cerco regulatorio mucho más asfixiante y perverso que las restricciones externas.
Resulta indispensable analizar esta iniciativa con una dosis de escepticismo fundamentado en la historia reciente. Si después de casi veinte años desde el lanzamiento de los lineamientos para la «actualización del modelo económico y social cubano» la realidad demostró que nada se actualizó sustancialmente, la confianza pública y internacional en este nuevo paquetazo resulta mínima. La eliminación de la mayoría de aquellas directrices en el año 2021 evidenció el fracaso de un modelo que no admite reformas parciales. Por tanto, la pregunta ineludible es cómo se puede confiar en que un nuevo conjunto de medidas tendrá la capacidad de corregir lo que el régimen no pudo o no quiso corregir cuando tenía las condiciones para hacerlo.
Para dotar a este nuevo paquete de un aura de credibilidad, el gobierno cubano ha recurrido a la repesca de figuras del pasado, como el exministro de Economía José Luis Rodríguez García y el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, uno de los arquitectos de la fallida Tarea Ordenamiento. El regreso de Rodríguez García es particularmente revelador. Este funcionario fue el encargado de diseñar y ejecutar la supuesta «apertura» de los años noventa, un plan cargado de exclusiones que en la práctica sirvió para preservar el control absoluto del Estado sobre los recursos. Su presencia actual representa los intereses de las facciones más conservadoras del Partido Comunista y envía una señal clara: cualquier medida adoptada será absolutamente reversible y coyuntural.
Bajo este panorama, el verdadero propósito de estas 176 medidas parece estar enmascarado detrás de un lenguaje técnico y supuestamente modernizador. No se trata de una transición hacia una economía de mercado, sino de una estrategia de supervivencia del régimen. El objetivo primordial es enviar señales favorables a la comunidad internacional y a inversores extranjeros, buscando que una nueva hornada de capitales caiga en la trampa de un mercado fuertemente intervenido. El castrismo histórico ha demostrado que, cuando las condiciones lo permiten, recula hacia su zona de confort —el control totalitario— dejando en la estacada a quienes confiaron en sus promesas de apertura.
Entre la maraña de disposiciones, destacan un par de medidas que ofrecen pistas claras sobre los verdaderos designios del gobierno cubano. Por un lado, se autoriza una nueva oleada de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con la facultad de evolucionar hacia verdaderas empresas privadas, asumiendo competencias antes reservadas exclusivamente al sector estatal. Sin embargo, la experiencia reciente indica que este espacio será aprovechado nuevamente para colar negocios vinculados a familiares y figuras de alto rango, utilizando un ejército de prestanombres, muchos de ellos provenientes de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.
Esta supuesta «privatización» no busca fomentar un emprendimiento libre y competitivo, sino crear una red de empresas dependientes y afines al poder. La historia económica de la isla demuestra que las empresas privadas que no pactan con la dictadura y osan hacerle sombra al monopolio estatal son rápidamente asfixiadas mediante regulaciones arbitrarias y bloqueos financieros. Las nuevas facultades para las mipymes garantizarán la supervivencia solo de aquellos sectores que demuestren una «fidelidad» oportunista y políticamente correcta, sosteniendo el complejo entramado de corrupción que sustenta la unidad artificial promovida por el Estado.
Por otro lado, la autorización para que personas jurídicas y naturales, tanto nacionales como extranjeras, compren acciones de empresas estatales y activos del Estado, revela una maniobra más profunda. Esta medida camufla el despliegue de una de las últimas fases de transformación de la cúpula militar en empresarios privados. Tras las sanciones internacionales impuestas a la conglomeración empresarial GAESA, el régimen se ha visto obligado a desmembrar su estructura para reconstituirla bajo la forma de una constelación de empresas «privadas». Esta táctica busca sortear las restricciones financieras internacionales sin llamar demasiado la atención, permitiendo que los mismos actores sigan controlando la economía desde las sombras.
Las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, asegurando que «aquí tienes tu casa y la puerta abierta», resumen la naturaleza de esta trampa económica. La puerta está abierta, pero el diseño del sistema garantiza que el empresario extranjero o nacional que ingrese quede sujeto a las dinámicas de un Estado que retiene el poder de cerrar el paso en cualquier momento. La diferencia con el pasado radica apenas en el maquillaje de las políticas, suficiente para que ciertos actores en Washington y Europa decidan pasar por alto la naturaleza no democrática del régimen con la esperanza de obtener ganancias a corto plazo.
Contexto: La Estructura del Control Económico y la Represión en Cuba
Para comprender la magnitud de este nuevo paquetazo, es necesario situarlo en el contexto de la crisis estructural del modelo socialista cubano. Durante décadas, el régimen de La Habana ha mantenido un monopolio absoluto sobre los medios de producción, generando una economía ineficiente y dependiente de subsidios externos. La caída de estos apoyos, sumada a la mala gestión interna y la represión sistemática contra cualquier intento de autonomía económica y civil, ha llevado al país a una hiperinflación galopante, desabastecimiento crónico y una crisis migratoria sin precedentes. La dictadura entiende que el control económico es la base de su control político, por lo que cualquier liberalización es vista con recelo y aplicada con extremas reservas.
En este escenario, el gobierno cubano ha utilizado las reformas económicas no como herramientas de desarrollo, sino como válvulas de escape para aliviar la presión social. La Tarea Ordenamiento fue el ejemplo más reciente de una política implementada sin planificación, que destruyó el poder adquisitivo de la población y liquidó al sector privado emergente que no estaba alineado con los intereses del Estado. Las nuevas 176 medidas surgen de la misma lógica de supervivencia, intentando recaudar divisas frescas sin ceder el poder real ni desmontar el aparato represivo que vigila y penaliza la libre iniciativa cuando esta escapa de su órbita de influencia.
Cierre: Una Estrategia para Perpetuarse en el Poder
Estamos, en definitiva, ante el anuncio de otro paquetazo económico diseñado a toda prisa para ganar tiempo, lo que en la jerga del castrismo se traduce en la urgencia de captar dinero rápido y fácil. La historia reciente de Cuba está plagada de decretos que se abolieron o se «complementaron» sin resolver los problemas estructurales de la nación. La comunidad internacional y los potenciales inversores deben observar con cautela estas medidas, comprendiendo que, detrás del fino envoltorio de la apertura económica, se esconde el mismo pastel envenenado de un sistema que no admite reformas democráticas y que utilizará cualquier recurso para perpetuarse en el poder, manteniendo al pueblo cubano sumido en la precariedad y la falta de libertades fundamentales.
