El gobierno cubano ha presentado un ambicioso conjunto de 176 medidas económicas agrupadas en 23 ejes fundamentales, presentado como una solución a la profunda crisis nacional. Sin embargo, un análisis riguroso revela que esta iniciativa no constituye una apertura genuina, sino una táctica calculada del régimen para ganar tiempo, captar capital externo y maquillar el fracaso de políticas anteriores, manteniendo intacto su control absoluto sobre la estructura productiva de la isla. La medida, que llega en medio de una crisis sistémica sin precedentes, busca enviar señales optimistas a la comunidad internacional y a inversores extranjeros, ocultando la verdadera intención de recaudar divisas sin desmantelar el aparato de control estatal.
La anunciada batería de medidas supera en magnitud a los lineamientos económicos promovidos hace casi dos décadas. La simple enumeración de 176 disposiciones obliga a cuestionar la eficacia del denominado «Programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», el cual ha demostrado ser ineficaz frente al colapso estructural que atraviesa la nación. La adopción de estas nuevas directrices sugiere un reconocimiento tácito por parte de la cúpula de poder de que el modelo centralizado ha destruido la economía, obligándolos a flexibilizar lo que durante años ha operado como un bloqueo interno, mucho más asfixiante y perverso que cualquier coerción externa. La adopción de este paquete, que según fuentes oficiales podría ampliarse en los próximos días con nuevas «iniciativas», refleja la desesperación de una cúpula que ha agotado todas sus fórmulas de financiamiento y se ve acorralada tanto por la presión social interna como por el aislamiento diplomático y comercial.
La historia reciente de Cuba está plagada de anuncios grandilocuentes que terminan en estancamiento. Tras casi veinte años de intentos de «actualización del modelo económico», la realidad es que nada sustancial se modernizó, y muchas de las propuestas fueron eventualmente eliminadas en medio de la crisis del 2021. Confiar en que un nuevo paquete de medidas, diseñado por los mismos sectores que llevaron al país al despeñadero, logre corregir las distorsiones que no pudieron resolver cuando tenían plena capacidad de hacerlo, exige un grado de ingenuidad que el régimen espera encontrar en la comunidad internacional y en potenciales inversores. La lógica más elemental dicta que, si los «lineamientos» para la actualización del modelo fracasaron estrepitosamente y derivaron en la eliminación de la mayoría de las normativas, la confianza en este nuevo compendio de 176 disposiciones carece de sustento empírico.
Para dotar de una supuesta credibilidad técnica a este paquetazo, el gobierno cubano ha recurrido a figuras del pasado. La reaparición del exministro de Economía José Luis Rodríguez García y del economista Omar Everleny Pérez Villanueva, uno de los arquitectos de la fallida Tarea Ordenamiento, no es casualidad. Estos personajes, en su momento apartados o marginados de las esferas de decisión, son reciclados y utilizados como un envoltorio presentable para ocultar la continuidad de las mismas políticas que provocaron el deterioro económico. Su retorno no obedece a una voluntad genuina de escuchar a la sociedad civil o a expertos independientes, sino a la necesidad imperiosa de poner rostros conocidos y respetados en el ámbito académico ante una opinión pública escéptica y un mercado internacional desconfiado.
La presencia de José Luis Rodríguez es particularmente reveladora. Este funcionario fue el encargado de diseñar y ejecutar la llamada «apertura» de la década de los noventa, un periodo caracterizado por profundas exclusiones y segregaciones que, en la práctica, consolidaron el bloqueo interno que persiste hasta hoy. Su incorporación representa los intereses de las facciones más conservadoras del Partido Comunista, lo que garantiza que cualquier flexibilización anunciada será estrictamente coyuntural y totalmente reversible. En el momento en que las condiciones lo permitan, el régimen retrocederá a su zona de confort: el control absoluto, dejando en la estacada a quienes se atrevan a confiar en sus promesas. La filosofía que guía a estos tecnócratas reciclados es la preservación del statu quo a cualquier costo, utilizando la retórica de la apertura para consolidar el cerco interno que ha impedido el florecimiento de una clase empresarial autónoma y próspera.
Entre la maraña de disposiciones, destacan aquellas relacionadas con el sector empresarial. Se anuncia una nueva oleada de aprobaciones de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que este sector ha sido utilizado para infiltrar a familiares y allegados de la élite gobernante. En esta nueva fase, es previsible que el régimen continúe colando sus propios intereses a través de una red de prestanombres, muchos de ellos provenientes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, consolidando un esquema empresarial que beneficia exclusivamente a la cúpula militar y política. Este fenómeno no es nuevo; desde la implementación de las primeras MIPYMES, se ha documentado cómo el régimen ha facilitado la creación de empresas fachada controladas por generales y funcionarios, en detrimento de los emprendedores genuinos que enfrentan trabas burocráticas constantes, cierres de cuentas bancarias y acoso fiscal.
La autorización para que estas MIPYMES evolucionen hacia empresas privadas con facultades antes reservadas a la empresa estatal socialista es otro de los elementos centrales del paquete. Aunque en apariencia constituye un avance hacia la privatización, la lógica del régimen indica que esta facultad quedará en manos de los «privilegiados», es decir, de aquellos empresarios afines que han sobrevivido a las constantes purgas y restricciones impuestas por la dictadura. Las empresas privadas genuinas que no pacten con el gobierno o que representen una competencia real para los monopolios estatales, seguirán enfrentando el cerco asfixiante de la burocracia. El régimen concibe a este sector empresarial no como un motor de desarrollo, sino como una fuerza política movilizable e ideológicamente manipulable, que debe servir de sostén al complejo entramado de corrupción y lealtad que sustenta la «unidad» nacional, la cual no es más que una fachada de oportunismo y mediocridad políticamente correcta.
Adicionalmente, la medida que permite la compra de acciones de empresas estatales por personas jurídicas y naturales, nacionales o extranjeras, esconde una operación de camuflaje estructural. Tras esta aparente descentralización se vislumbra la transformación del empresariado militar. Tras las sanciones internacionales, el conglomerado GAESA se ha visto obligado a reestructurarse. La creación de una constelación de empresas «privadas» permite a los militares operar en la sombra, evadiendo las medidas coercitivas de Estados Unidos y manteniendo su dominio sobre los sectores más lucrativos de la economía nacional. Esta metamorfosis de GAESA en un enjambre de supuestas empresas privadas tiene un doble propósito: evadir las sanciones internacionales que pesan sobre sus altos mandos y asegurar que los ingresos generados por las nuevas medidas de «apertura» continúen fluyendo hacia las arcas de la cúpula castrense, el verdadero poder detrás del gobierno civil.
Las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, asegurando que «aquí tienes tu casa y la puerta abierta», buscan proyectar una imagen de receptividad hacia el capital foráneo y el emprendimiento local. No obstante, la realidad que experimentan los cubanos y los inversores que han caído en trampas anteriores contradice este discurso. La puerta abierta a la que se refiere el mandatario funciona como un mecanismo de entrada para captar recursos frescos, pero la salida suele estar clausurada por la maraña de prohibiciones, cambios normativos repentinos y expropiaciones encubiertas que caracteriza al sistema. La historia económica de Cuba en las últimas décadas está repleta de inversores que, seducidos por promesas de rentabilidad en un mercado virgen, terminaron perdiendo sus capitales ante cambios legislativos arbitrarios o intervenciones estatales disfrazadas de «violaciones administrativas».
Contexto histórico y económico
Cuba atraviesa su peor crisis económica desde la década de 1990, agravada por la ineficiencia del modelo centralizado, la caída de los ingresos turísticos, los apagones sistemáticos y la inflación galopante derivada de la Tarea Ordenamiento. Durante décadas, el régimen de La Habana ha mantenido un estricto control sobre los medios de producción, impidiendo el desarrollo de un sector privado robusto e independiente. La dependencia de aliados geopolíticos, primero Venezuela y más recientemente Rusia y China, no ha logrado revertir el colapso productivo interno. La escasez crónica de alimentos, medicamentos y combustible ha provocado un éxodo migratorio masivo, el mayor en la historia de la nación, despojando al país de su fuerza laboral más productiva. En este escenario de fractura social y económica, el régimen se encuentra acorralado, con una base de apoyo cada vez más reducida y una legitimidad política en franco deterioro.
En este escenario, el gobierno cubano ha recurrido periódicamente a anuncios de «aperturas» económicas para aliviar la presión social y captar divisas. Sin embargo, estas medidas siempre han estado subordinadas a la lógica de supervivencia política del Partido Comunista. La creación de las MIPYMES fue presentada como un hito, pero rápidamente el régimen impuso restricciones, cierres de cuentas bancarias y campañas de descrédito contra los emprendedores privados que lograban éxito económico sin depender del Estado. La corrupción institucionalizada y el control militar de la economía, personificados en el conglomerado GAESA, siguen siendo los verdaderos obstáculos para el desarrollo de la nación. El Estado no solo monopoliza la importación y exportación, sino que también controla el sistema financiero, impidiendo que el sector privado acceda a divisas en el mercado oficial a tipos de cambio reales. Esta asimetría estructural garantiza que cualquier crecimiento del sector privado esté subordinado a las necesidades de liquidez del régimen.
Conclusión
El anuncio de este nuevo paquete de 176 medidas no debe interpretarse como un giro hacia la liberalización económica o un reconocimiento de los derechos del sector privado. Por el contrario, se trata de una maniobra táctica diseñada con urgencia para inyectar oxígeno a unas arcas estatales exhaustas. Para la dictadura, ganar tiempo equivale a asegurar el flujo de capital rápido y fácil, proveniente de inversores incautos o de la diáspora, sin ceder un ápice de su poder político. La comunidad internacional y los actores económicos deben observar con cautela estas disposiciones. La historia demuestra que las promesas del régimen de La Habana son efímeras y están condicionadas a la preservación de su hegemonía.
Mientras no exista un desmantelamiento real del control militar sobre la economía, un estado de derecho que garantice la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, cualquier paquetazo económico será, en el mejor de los casos, un parche temporal y, en el peor, una nueva trampa para perpetuar el sistema de explotación y control que ha mantenido a Cuba en el subdesarrollo. La verdadera solución a la crisis cubana no reside en ajustes macroeconómicos diseñados por la misma cúpula que generó el desastre, sino en un cambio de modelo profundo que incluya el desmantelamiento del aparato represivo, la liberación de los presos políticos y el reconocimiento de las libertades fundamentales que permitan a los cubanos construir su propio destino económico sin la tutela asfixiante del Estado.
