La plataforma opositora Acuerdo de Liberación y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA) han forjado una alianza estratégica con el fin de estructurar las bases legales e institucionales que guiarán la transición democrática en Cuba. El objetivo primordial es evitar el caos institucional y el vacío de poder que históricamente acompaña el desplome de los regímenes autoritarios, garantizando que la isla cuente con un Estado de derecho operativo desde el primer día de la apertura política.
La iniciativa conjunta busca transformar las demandas políticas de la disidencia en proyectos legislativos y administrativos tangibles. Para ello, se ha constituido una amplia red de juristas, magistrados, académicos y estudiantes de Derecho, tanto dentro como fuera de la isla, quienes brindarán asesoría especializada a las comisiones de trabajo impulsadas por el Acuerdo de Liberación. Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma opositora, enfatizó que la misión es anticiparse a los acontecimientos y preparar el terreno jurídico antes de que ocurra la ruptura definitiva con el régimen de La Habana.
«Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática antes, incluso, de que cambie el régimen. Estamos preparando las normas para la transición y las bases del Estado de derecho para que estén listas desde el primer día», manifestó Payá durante la presentación del acuerdo. La activista subrayó que cuando una dictadura colapsa deja un vacío institucional profundo, y reafirmó el compromiso de la oposición de trabajar activamente para que la sociedad cubana no se enfrente a la incertidumbre, la anarquía o la improvisación en un momento de tanta fragilidad nacional.
Las prioridades delineadas por esta coalición abarcan aspectos fundamentales para la democratización. Entre ellas destacan la liberación inmediata de todos los presos políticos, el desmantelamiento sistemático de las estructuras represivas del Estado, la separación e independencia de los poderes públicos, la restauración plena del Estado de derecho y la reconstrucción institucional del país. Estos puntos conforman la columna vertebral de una hoja de ruta que aspira a revertir más de seis décadas de control absoluto y asfixia por parte del Partido Comunista de Cuba.
El Acuerdo de Liberación, surgido de la convergencia entre la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la coalición Pasos de Cambio, propone un itinerario estructurado en cuatro fases: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización. Este plan de acción contempla la erradicación del sistema totalitario, la atención urgente de la crisis humanitaria que atraviesa la población y el establecimiento de un gobierno provisional con un mandato limitado, cuyo cometido final será conducir a la nación hacia comicios libres, justos, transparentes y multipartidistas.
En este esquema, la participación de CABA se centra de manera prioritaria en los componentes legislativo, judicial y constitucional. Jordi Martínez-Cid, presidente de esta organización fundada en Miami, recordó que la asociación lleva más de una década y media trabajando en un proyecto normativo para regular este período crítico. «Hace más de 15 años elaboramos, junto con diversos grupos del exilio y de la disidencia, un proyecto de ley de transición que esperamos pueda implementarse en la Isla», explicó Martínez-Cid, quien además detalló los esfuerzos actuales para reclutar abogados en la diáspora que actualicen estas propuestas legales.
El documento central de esta propuesta es la denominada Ley Fundamental de Transición de la República de Cuba. Este texto define el período de transición como el lapso entre el colapso del sistema político actual y la instalación de un gobierno legítimamente electo mediante sufragio universal. La legislación provisional sugiere que dichas elecciones se celebren tras un plazo de dos años, tiempo durante el cual operaría un Consejo Nacional Pro-Unidad compuesto por quince miembros, encargado de designar al presidente y los ministros del gabinete transitorio, así como de instaurar un Consejo Nacional Electoral autónomo.
El diseño del gobierno provisional incluiría un Consejo Asesor Legislativo con la facultad de redactar las leyes, decretos y reglamentos indispensables para la gestión del país durante la transición. Asimismo, el texto estipula la entrada en vigor inmediata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ordena la excarcelación incondicional de todos aquellos ciudadanos procesados o condenados por la dictadura bajo figuras delictivas vinculadas a la seguridad del Estado o delitos de conciencia.
Entre los postulados de esta ley transitoria resaltan garantías fundamentales que han sido sistemáticamente violadas por el gobierno cubano: la libertad de expresión, prensa, religión, reunión y asociación; el reconocimiento y protección de la propiedad privada y la libre empresa; y el derecho inalienable de los ciudadanos a entrar y salir libremente del país. Adicionalmente, se proscribe cualquier forma de discriminación y se ordena la creación de un Poder Judicial estrictamente independiente y apolítico, ajeno a las directrices del Estado.
En materia de justicia transicional, el proyecto es categórico al proscribir los organismos de represión, los grupos paramilitares y las turbas de choque utilizadas por el régimen de La Habana para amedrentar a la población civil. La ley contempla el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y establece mecanismos claros para que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos sean investigados y procesados conforme a la ley, sentando las bases para una justicia reparadora que cierre el ciclo de impunidad.
Contexto de la crisis institucional y social en la isla
La urgencia de este andamiaje jurídico responde directamente a la profunda crisis sistémica que atraviesa Cuba. El régimen de La Habana ha mantenido el control mediante la asfixia económica, la censura y la represión política constante, generando un éxodo masivo sin precedentes y un deterioro acelerado de las condiciones de vida. La ausencia de un Estado de derecho ha permitido que la dictadura criminalice la disidencia, confisque bienes privados y mantenga a la población en un estado de indefensión permanente frente a los abusos del poder.
En este escenario de agotamiento del modelo totalitario, la sociedad civil ha ganado terreno en la denuncia internacional y la articulación de alternativas políticas. Sin embargo, el riesgo de un colapso repentino del gobierno cubano plantea el desafío de cómo administrar el poder en ausencia de instituciones legítimas. La falta de un marco jurídico preestablecido podría derivar en luchas de poder internas o en la perpetuación de figuras afines al régimen bajo nuevas apariencias democráticas, lo que hace imperativa la labor de planificación legal llevada a cabo por la oposición y la diáspora.
La preparación como única garantía de libertad
La alianza entre el Acuerdo de Liberación y CABA representa un paso de madurez política fundamental para el futuro de la nación. Como señaló José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), durante la presentación, sin un marco jurídico robusto es imposible reconstruir el país y asegurar la convivencia pacífica. La libertad, añadió el opositor, es inalcanzable si no existe una verdadera independencia de poderes y un respeto absoluto al Estado de derecho que ponga fin a la arbitrariedad.
Ante la inminencia del cambio político, la preparación técnica y legal se erige como el escudo más eficaz para garantizar que el fin de la dictadura desemboque, finalmente, en una democracia duradera. Esta iniciativa demuestra que la resistencia cubana no solo se limita a la denuncia del horror, sino que está activamente comprometida con la construcción de las herramientas normativas e institucionales necesarias para asegurar que la futura Cuba libre nazca sobre cimientos de justicia, legalidad y plenas garantías para todos sus ciudadanos.
