La profunda crisis del sector energético en Cuba ha llevado a la población a un escenario de supervivencia cotidiana, donde la escasez de gas licuado y los constantes apagones obligan a miles de familias a recurrir a métodos de cocción primarios como el carbón y la leña. Ante esta emergencia, el gobierno cubano ha implementado una nueva estrategia de extracción de divisas: la venta de cilindros de gas a través de plataformas en línea pagaderos en dólares, evidenciando una vez más la desconexión total del régimen de La Habana con las necesidades básicas de sus ciudadanos.
La dependencia histórica del gas licuado y la electricidad para la preparación de alimentos se ha convertido en una pesadilla logística para el ciudadano común. Aunque una parte de la población ha logrado acceder a hornillas eléctricas —ya sea mediante la fabricación artesanal o gracias a remesas enviadas por familiares en el extranjero—, la inutilidad de estos aparatos es manifiesta. Los apagones prolongados y la inestabilidad del servicio eléctrico rara vez coinciden con los horarios en los que las familias necesitan cocinar, dejando a los electrodomésticos como meros adornos inoperantes en cocinas cada vez más desabastecidas y oscuras.
En cuanto al suministro de gas licuado normado, la situación ha alcanzado niveles críticos de desabastecimiento que parecen no tener retorno. La última entrega registrada se caracterizó por un caos organizativo sin precedentes, donde la inestabilidad en la distribución y la escasez de cilindros disponibles obligaron a los ciudadanos a permanecer durante días enteros en interminables colas, bajo el sol y la intemperie, con la única esperanza de obtener una balita. A pesar del sacrificio y el tiempo invertido, la gran mayoría regresó a sus hogares con las manos vacías, esperando camiones de distribución que nunca arribaron a sus destinos.
Para aquellos pocos que lograron adquirir un cilindro de gas durante la última entrega, la frustración fue igualmente devastadora. Los recipientes entregados venían con una carga mínima, apenas suficiente para cinco o seis usos, lo que evidencia una grave deficiencia en el control de calidad y en el propio proceso de envasado estatal. Esta situación ha generado un profundo descontento social, exacerbado por el silencio institucional que ha mantenido al pueblo cubano en la incertidumbre más absoluta durante meses, sin explicaciones oficiales ni planes de mitigación por parte de las autoridades correspondientes.
Ante el colapso del sistema de distribución tradicional, el régimen de La Habana ha encontrado en la desesperación popular una nueva y lucrativa oportunidad de negocio. La reciente habilitación de ventas de cilindros de 10 kilogramos a través de tiendas en línea, accesibles desde el exterior, se presenta como una supuesta solución. Sin embargo, esta medida es, en esencia, una estrategia diseñada para captar divisas frescas. Con un precio que ronda los treinta dólares por unidad, el régimen impone además la exigencia de que la balita vacía a canjear se encuentre en óptimas condiciones técnicas, un requisito adicional que complica aún más el acceso al servicio para los sectores más vulnerables.
La demanda de esta nueva modalidad de venta ha superado con creces la oferta, agotando las existencias en tiempo récord. Este éxito comercial no hace más que confirmar la maestría del castrismo para exprimir los recursos de la diáspora cubana y de quienes en la isla logran acceder a moneda fuerte. En puntos de venta como el del reparto Lawton, en el municipio Diez de Octubre, se ha implementado el pago exclusivo a través de tarjetas en dólares, como la tarjeta Clásica, marginando de facto a aquellos ciudadanos que solo poseen pesos cubanos o efectivo, y profundizando la apartheid financiera que divide y fragmenta a la sociedad isleña.
Para el sector del cuentapropismo, específicamente para aquellos dedicados a la elaboración y venta de alimentos, esta nueva vía de adquisición de gas representa un alivio temporal frente a los riesgos y sobreprecios del mercado informal. No obstante, la tendencia del gobierno cubano a elevar los costos de los servicios básicos para mantener sus márgenes de ganancia sugiere que esta no será una solución sostenible a largo plazo. Cada vez que el Estado enfrenta una crisis de liquidez, traslada el costo al ciudadano, creando nuevas modalidades de rapiña financiera que afectan directamente el bolsillo de la población y la ya maltrecha economía familiar.
Mientras tanto, la mayoría de los cubanos continúa sumida en una crisis de subsistencia que parece empeorar cada día. La falta de gas y electricidad ha provocado un renacimiento del mercado clandestino de carbón y leña, que se ha convertido en el verdadero «oro negro» para las familias que no tienen acceso a divisas. Cocinar con métodos de la era preindustrial es ya una rutina diaria en miles de hogares, un retroceso civilizatorio impuesto por la ineficiencia de un sistema económico centralizado que ha demostrado su fracaso absoluto a lo largo de décadas de incompetencia administrativa.
Contexto económico y social de la dolarización forzada
La crisis del gas licuado no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más de la profunda decadencia estructural de la economía cubana. El régimen de La Habana ha perdido la capacidad de garantizar los servicios más elementales, producto de la falta de inversión, la corrupción interna y la rigidez de un modelo económico que asfixia la productividad nacional. La dependencia de las importaciones para satisfacer el consumo interno, sumada a la escasez crónica de divisas, ha llevado al país a una situación de bancarrota técnica de la cual la dictadura intenta evadir responsabilidades mediante el extractivismo de las remesas.
En este escenario, la dolarización de la economía se ha convertido en la principal válvula de escape para la dictadura. Al crear mercados paralelos donde solo se puede acceder a bienes y servicios esenciales mediante el pago en moneda extranjera, el gobierno cubano ha instaurado un sistema de discriminación que penaliza a quienes dependen de los salarios estatales en pesos cubanos, moneda que ha perdido prácticamente todo su poder adquisitivo frente a la inflación galopante. Esta estrategia permite al régimen captar remesas y divisas de manera directa, evitando la circulación de estos recursos en el mercado nacional y manteniendo el control absoluto sobre la distribución y el hambre.
El impacto sociológico y ambiental de esta crisis es devastador. La población sufre un deterioro acelerado en su calidad de vida, viéndose obligada a dedicar gran parte de su tiempo a la búsqueda de combustibles alternativos para cocinar, lo que afecta la productividad laboral, la educación y la salud familiar. La inhalación de humo de carbón y leña en espacios cerrados comienza a ser un problema de salud pública silenciado por las autoridades, quienes prefieren enfocar sus esfuerzos en mantener el aparato represivo y la maquinaria de propaganda. Además, la tala indiscriminada de árboles para obtener leña está generando un impacto ecológico severo en los alrededores de las principales ciudades.
En definitiva, la contraposición es clara y desoladora. Mientras la cúpula del poder y sus allegados mantienen sus privilegios y acceden a todo tipo de comodidades, la inmensa mayoría de los cubanos se enfrenta a una distopía cotidiana. El retorno a la cocción con leña y carbón es la evidencia más palpable del fracaso del modelo impuesto por la dictadura. El régimen sigue llenando sus arcas con los dólares de la diáspora a través de la venta de gas normado, mientras el pueblo regresa a la Edad Media para poder llevar un plato de comida caliente a la mesa, demostrando que el socialismo cubano se sostiene únicamente mediante la explotación de la miseria ajena.
