La profunda crisis del sector energético en Cuba ha obligado a miles de familias a retroceder a métodos de cocción primitivos, como el uso de leña y carbón, mientras el régimen de La Habana implementa nuevas estrategias para captar divisas mediante la venta de gas licuado en dólares. Ante la incapacidad del gobierno cubano para garantizar un suministro estable de electricidad y combustibles básicos, la población se ve obligada a depender del mercado informal o de la solidaridad de la diáspora, en un esquema que beneficia económicamente a las élites del poder en detrimento del bienestar ciudadano.
La cotidianidad del cubano ha sido trastocada por la ineficiencia estructural del sistema económico y social impuesto en la isla. Para los millones de ciudadanos que históricamente dependían del gas licuado y la energía eléctrica para preparar sus alimentos, las opciones se han reducido drásticamente hasta casi desaparecer. La intermitencia del servicio eléctrico, caracterizada por apagones prolongados que rara vez coinciden con los horarios habituales de comida, ha vuelto inútiles las hornillas eléctricas. Muchas de estas fueron improvisadas por artesanos locales o enviadas desde el extranjero en un esfuerzo familiar por mitigar la escasez, pero la falta de planificación y el deterioro de la infraestructura nacional han convertido el simple acto de cocinar en un desafío diario de supervivencia.
En cuanto al gas licuado, el panorama es igualmente desolador y refleja el abandono institucional. El suministro normado ha desaparecido prácticamente de la vida de los cubanos, sumiendo a los hogares en la incertidumbre más absoluta. La última venta oficial registrada se convirtió en una odisea agotadora para la población, quienes tuvieron que permanecer durante días enteros en interminables colas, soportando las inclemencias del tiempo con la esperanza de obtener un cilindro. La inestabilidad en la distribución y la escasez crónica de balitas obligaron finalmente a las autoridades a suspender las ventas, dejando a la inmensa mayoría de los solicitantes sin respuesta y a merced del desinterés gubernamental.
Incluso aquellos ciudadanos que lograron sortear las dificultades, las aglomeraciones y el desgaste físico para adquirir un cilindro en la última distribución, se enfrentaron a una estafa encubierta por parte de las entidades estatales. Los recipientes entregados contenían una cantidad ínfima de combustible, apenas suficiente para cinco o seis usos en el mejor de los casos. Esta práctica, que evidencia la falta de control, la corrupción interna y el deterioro de los servicios gestionados por el Estado, obligó a las familias a volver rápidamente a la casilla de salida, perdiendo el tiempo invertido y los escasos recursos utilizados para acceder a un producto que resultó ser deficiente.
Han transcurrido meses de zozobra, angustia y silencio absoluto por parte de las instancias gubernamentales responsables de garantizar los servicios básicos. El régimen de La Habana ha ignorado sistemáticamente la necesidad de informar a la población sobre el paradero de los suministros de gas, demostrando un desprecio absoluto por el sufrimiento ciudadano. Esta falta de transparencia es una constante en la gestión del gobierno cubano, que prefiere mantener a la ciudadanía en la incertidumbre y la desinformación antes que reconocer públicamente sus fracasos administrativos y su total incapacidad para honrar los compromisos de distribución que el propio sistema estableció.
El negocio de la dolarización en medio del desabastecimiento
Ante el desespero generalizado y la ausencia de alternativas legales en moneda nacional, el régimen ha lanzado una nueva «solución» que no es más que una estrategia calculada de recaudación de divisas: la venta de cilindros de 10 kg a través de plataformas en línea para ser adquiridos desde el exterior. Con un precio que ronda los 30 dólares, esta modalidad exige, como requisito indispensable, que la balita vacía entregada en la isla esté en relativas buenas condiciones técnicas. La medida ha sido presentada oficialmente como una respuesta a la demanda de los usuarios, pero en la práctica obedece a la lógica depredadora del castrismo de exprimir los dólares de la diáspora para sostener un sistema económicamente inviable.
La iniciativa ha sido un éxito comercial inmediato para el Estado, agotándose rápidamente las existencias disponibles en las plataformas virtuales. Esta respuesta del mercado demuestra la magnitud de la necesidad insatisfecha y la disposición incondicional de los cubanos emigrados a pagar por el bienestar básico de sus familiares en la isla. Sin embargo, el régimen de La Habana aprovecha esta solidaridad familiar y este dolor para enriquecer sus arcas en divisas, sin ofrecer alternativas viables o subsidiadas para la población residente que no cuenta con apoyo desde el exterior, profundizando la brecha de desigualdad.
En zonas como el reparto Lawton, situado en el municipio Diez de Octubre, se han habilitado puntos de venta exclusivos para el pago en dólares estadounidenses mediante el uso de la tarjeta Clásica. La negativa inicial a aceptar efectivo en moneda nacional o incluso en divisas físicas subraya el control estricto y asfixiante que el gobierno cubano ejerce sobre las transacciones financieras y la circulación monetaria. Esta medida deja automáticamente excluida a una gran parte de la población que no posee cuentas bancarias en dólares, marginando a los más vulnerables y consolidando un sistema de apartheid financiero donde el acceso a la supervivencia está condicionado al acceso a moneda fuerte.
Para el sector privado, especialmente para los cuentapropistas dedicados a la elaboración y venta de alimentos, esta nueva vía de adquisición en dólares podría representar un alivio temporal frente a los riesgos y los precios exorbitantes del mercado informal. Sin embargo, la constante elevación de los precios por parte de los personeros del régimen para mantener sus márgenes de ganancia indica que la medida responde a intereses puramente recaudatorios y no a un esfuerzo genuino por estabilizar la economía interna. La dictadura se beneficia directamente de la desesperación de los emprendedores que solo buscan mantener a flote sus negocios en un entorno hostil y sobre-regulado.
Contexto: El colapso del modelo energético y la dependencia externa
La crisis del gas licuado no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de un colapso sistémico que afecta a toda la economía cubana y a su infraestructura básica. El modelo energético del régimen ha demostrado ser completamente insostenible, dependiendo en gran medida de importaciones de combustibles que el país no puede financiar debido a la falta de productividad, la caída de las exportaciones tradicionales y la mala gestión de los recursos públicos. La incapacidad del gobierno cubano para diversificar sus fuentes de energía, invertir en mantenimiento preventivo y mantener la infraestructura de las termoeléctricas ha llevado a un estado de precariedad permanente, donde el acceso a servicios esenciales como la electricidad y el gas se ha convertido en un lujo inalcanzable para las grandes mayorías.
Además, la progresiva dolarización de la economía insular ha creado un ecosistema que privilegia la captación de divisas por encima del desarrollo nacional. Mientras las tiendas en moneda nacional permanecen vacías y el mercado agropecuario colapsa, los mercados en dólares florecen bajo el estricto control de las empresas estatales manejadas por la cúpula militar. Esta dinámica permite a la dictadura capturar el flujo de remesas y divisas que ingresan al país, evitando implementar las reformas estructurales que pondrían en riesgo su hegemonía política y su control absoluto sobre los recursos. El ciudadano común queda atrapado en un ciclo de pobreza estructural, obligado a depender de la caridad internacional, de la informalidad o del envío de dólares desde el extranjero para acceder a bienes de consumo básico.
En conclusión, la situación actual del suministro de gas licuado en Cuba es un retrato crudo y doloroso de la desidia gubernamental y la depredación económica ejercida por el Estado. Mientras las élites comunistas y los altos mandos militares llenan sus alforjas con los dólares obtenidos a través de ventas discriminatorias y exclusivas, la gran mayoría de los cubanos se ve obligada a retroceder a la Edad Media, cocinando con leña y carbón para poder llevar un plato de comida caliente a la mesa. El régimen de La Habana ha demostrado, una vez más, que su prioridad fundamental no es el bienestar del pueblo ni el desarrollo de la nación, sino la perpetuación de su control político y el enriquecimiento ilícito de su cúpula a costa del sufrimiento, la indignidad y el hambre de la población.
