La consolidación del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) evidencia la subordinación absoluta del Estado cubano a los intereses de la cúpula militar. Bajo el amparo de un secretismo sistemático, este conglomerado se ha erigido como el verdadero motor económico de la isla, desplazando a las instituciones oficiales, eludiendo la fiscalización estatal y perpetuando un modelo de gobernanza opaco que garantiza la supervivencia del régimen de La Habana frente al colapso sistémico.
El establecimiento de estructuras de poder ajenas a la Constitución o a las leyes formales de una nación constituye una violación flagrante de la institucionalidad y un desprecio absoluto por el Estado de derecho. En el caso de Cuba, este fenómeno no es una anomalía coyuntural, sino una característica inherente al sistema impuesto por el castrismo desde sus etapas más tempranas. El voluntarismo del líder máximo y la hegemonía del partido único han operado siempre por encima de cualquier marco legal, erigiéndose como la única autoridad real en una sociedad secuestrada por la ideología.
Desde los inicios del proceso revolucionario, la falta de voluntad para someterse a las reglas del trabajo ministerial quedó patente. Las figuras iniciales del gabinete, vinculadas a sectores moderados o de probada filiación democrática, fueron rápidamente marginadas y etiquetadas como obstáculos para la implementación acelerada de políticas radicales. Para sortear estos límites institucionales y neutralizar a la oposición interna, el régimen creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este organismo funcionó como un Estado paralelo, dotando a la dirigencia de la herramienta necesaria para ejecutar sus designios confiscatorios sin contrapesos legales ni rendición de cuentas.
Esta tendencia a crear estructuras paralelas y antidemocráticas se replicó en décadas posteriores con idénticos resultados. Durante las etapas marcadas por planes de impacto mediático y control social, como la mal llamada «Batalla de Ideas», el gobierno cubano volvió a prescindir de los canales institucionales establecidos. Se conformaron grupos de coordinación y apoyo que actuaron como un gabinete en la sombra, respondiendo únicamente a la voluntad del mandamás y operando con presupuesto y atribuciones indefinidas. Muchos de los integrantes de estos equipos, tras cumplir su ciclo de utilidad, fueron purgados o relegados al olvido cuando el equilibrio de poder dentro de la cúpula sufrió alteraciones con el cambio de mando.
El colapso del campo socialista y la subsiguiente crisis económica de los años noventa obligaron al régimen de La Habana a reinventar sus mecanismos de control financiero para evitar su propia disolución. En este contexto de supervivencia surgió el Grupo de Administración Empresarial (GAESA). Lejos de integrarse a la estructura civil del Estado, esta red fue entregada directamente a la cúpula militar. Su misión inicial era gestionar los nuevos flujos de capital provenientes del turismo y la incipiente inversión extranjera, pero rápidamente mutó hacia un monopolio voraz que acabaría absorbiendo todos los sectores estratégicos de la economía nacional.
Lo más alarmante de la expansión de GAESA es el desmantelamiento deliberado de las facultades de los ministerios civiles. El Ministerio de Economía y Planificación, así como el Ministerio de Finanzas y Precios, han sido reducidos a entes decorativos, encargados únicamente de administrar la miseria y el déficit del sector estatal civil, mientras que la rentabilidad queda en manos de los uniformados. Esta arquitectura permite que la gestión de los recursos más lucrativos del país se realice sin transparencia alguna, eludiendo incluso la fiscalización de la Contraloría General de la República, un organismo que carece de jurisdicción sobre las empresas militares.
Hoy en día, el conglomerado empresarial controlado por la casta castrense administra la inmensa mayoría de los hoteles a través de Gaviota, el comercio minorista en divisas mediante las tiendas TRD Caribe y Panamericana, la logística portuaria con Almacenes Universal, el transporte, la banca, el sector inmobiliario y una porción significativa de la inversión extranjera. Esta concentración de la riqueza en manos de la élite militar se ha ejecutado bajo un manto de hermetismo total, impidiendo a la ciudadanía acceder a información sobre los ingresos reales del país y el destino de los fondos generados por estas corporaciones que operan como un Estado dentro del Estado.
Recientemente, la maquinaria propagandística del régimen se vio obligada a publicar un editorial en el periódico Granma que, de manera involuntaria, destapó parte de los rejuegos internos de GAESA. Este reconocimiento forzado ha permitido a la población cubana vislumbrar la magnitud de las maniobras orquestadas desde la sombra para mantener el status quo. La publicación evidencia que, ante la profundidad de la crisis sistémica y la escasez crónica, las facciones dentro del poder se ven en la necesidad de exponer sus disputas internas y tratar de justificar la concentración de la riqueza en manos militares como una supuesta garantía de estabilidad.
La existencia de un poder económico paralelo como GAESA demuestra que la dictadura no ha construido un sistema institucional funcional, sino una arquitectura de control diseñada exclusivamente para el enriquecimiento y la protección de su élite. Mientras la población enfrenta severas carencias, inflación galopante, apagones prolongados y salarios de hambre, la jerarquía militar asegura sus privilegios a través de una red empresarial que opera fuera del alcance de cualquier auditoría pública. Es la cristalización definitiva de un Estado capturado por sus propias fuerzas armadas, donde la economía es tratada como un botín de guerra.
El contexto de la institucionalidad subordinada en Cuba
La historia política contemporánea de Cuba se caracteriza por una profunda desconexión entre la estructura formal del Estado y el ejercicio real del poder. La Constitución, las leyes y los organismos de la administración pública funcionan, en la práctica, como fachadas de legitimidad que ocultan la dictadura del partido único y la hegemonía militar. Los poderes paralelos, ya sean organismos como el INRA en el pasado o conglomerados como GAESA en el presente, son la herramienta predilecta del régimen de La Habana para evadir cualquier atisbo de transparencia o control social, consolidando un modelo donde la ley es un instrumento de represión contra los opositores, pero jamás una restricción para la cúpula.
En este esquema de opacidad, la sociedad civil está desprovista de mecanismos para exigir la rendición de cuentas. La ausencia de prensa libre y la criminalización de la disidencia aseguran que las operaciones financieras de la élite castrense permanezcan en las sombras. El control de la economía por parte de GAESA no es solo una cuestión de enriquecimiento ilícito, sino una estrategia de seguridad del régimen: quien controla los recursos financieros y las cadenas de suministro, controla la estabilidad de la dictadura y tiene la capacidad de reprimir o cooptar cualquier intento de cambio democrático desde la base social.
El escrutinio sobre GAESA trasciende el ámbito puramente económico; es una radiografía descarnada de la naturaleza autoritaria del gobierno cubano. La existencia de este emporio militar confirma que la verdadera dictadura en la isla no se ejerce únicamente a través de la represión policial, las condenas arbitrarias y la violación sistemática de los derechos humanos, sino también mediante el secuestro de la riqueza nacional. Mientras el régimen de La Habana continúe amparando estos poderes paralelos y blindando a la cúpula militar de la crisis, cualquier intento de reforma económica estará condenado al fracaso. La prioridad de la dictadura no es el desarrollo del país, sino asegurar la perpetuidad de una élite que ha convertido a Cuba en su feudo privado.
