La Fiscalía de la provincia de Las Tunas ha solicitado penas de entre seis y nueve años de prisión contra ocho cubanos acusados de expresar opiniones políticas en Facebook. Los procesados, en prisión preventiva desde la primavera pasada, enfrentan cargos de \»propaganda contra el orden constitucional\», evidenciando una vez más la criminalización del disenso por parte del régimen de La Habana.
Según documentó el Centro de Asesoría Legal Cubalex, la acusación se basa estrictamente en publicaciones, comentarios, transmisiones en vivo y videos difundidos en plataformas digitales. El expediente fiscal no describe actos de violencia ni llamados a la fuerza, sino que penaliza expresiones críticas hacia el sistema político, las cuales han sido valoradas por las autoridades de la isla como una amenaza al orden constitucional bajo el artículo 124 del vigente Código Penal.
Los ocho acusados permanecen recluidos en la Prisión Provincial de Las Tunas desde marzo y abril de 2024. El caso está radicado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, una instancia habitualmente utilizada para procesar causas políticas. La organización legal denunció graves irregularidades procesales, incluyendo la apreciación subjetiva de la conducta social e ideológica de los acusados como agravantes, la falta de claridad en los hechos imputados, restricciones al acceso de pruebas y la prolongación injustificada de la prisión preventiva.
Precariedad y abandono médico en reclusión
Entre los procesados destaca el caso de Carlos Alberto McDonald Ennis, de 52 años, cuyo estado de salud ha generado profunda preocupación. El recluso padece diabetes, hipertensión y un tumor maligno, enfermedades que no han recibido la atención médica adecuada durante su encierro. La negligencia médica en las prisiones es una práctica recurrente utilizada por la dictadura cubana para ejercer presión adicional y quebrantar la voluntad de los presos políticos.
Estos procesos judiciales se inscriben en un patrón sistemático de represión y censura impulsado por el gobierno cubano. Ante el colapso económico, la inflación galopante, la crisis migratoria y el descontento social generalizado, el régimen ha intensificado el uso de figuras penales amplias y ambiguas para silenciar cualquier forma de disidencia. El espacio digital se ha convertido en el principal refugio para la libre expresión en la isla, convirtiéndolo en el principal objetivo de la persecución estatal.
La petición de estas desproporcionadas condenas envía un mensaje de intimidación a la sociedad civil y confirma la negativa del ejecutivo cubano a abrir espacios democráticos o tolerar la pluralidad. Organizaciones de derechos humanos como Cubalex han anunciado que continuarán documentando el proceso para exponer ante la comunidad internacional las violaciones a los estándares jurídicos universales, en un contexto donde la exigencia de respeto a los derechos fundamentales en Cuba cobra mayor relevancia.
