El régimen de La Habana ha endurecido las condiciones de reclusión del opositor Adrián Curuneaux Stivens, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), trasladándolo al centro de máxima seguridad Combinado del Este bajo el pretexto de un supuesto motín. La medida responde, en realidad, a la confiscación arbitraria de una carta dirigida a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, evidenciando una vez más el uso de la violencia carcelaria para silenciar la disidencia y bloquear el escrutinio internacional.
El 15 de marzo, Curuneaux Stivens, quien cumple una condena de 11 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desacato y agresión, fue extraído del establecimiento penitenciario 15-80 por agentes de la Seguridad del Estado. Junto a él fueron trasladados otros dos presos políticos: Nilo Abrahantes Santiago, manifestante procesado por su participación en las protestas del 11J, y Freddy Otero, también integrante del MONR. Los tres fueron conducidos en un carro-jaula hacia una de las prisiones más temidas y opacas de la isla.
El incidente que desencadenó el traslado tuvo lugar cuando el hermano del activista asistió a la visita familiar. Según relató el propio opositor, los guardias carcelarios estrangularon a su familiar, lo inmovilizaron contra la pared y le registraron los bolsillos de manera violenta para arrebatarle una misiva destinada a la sede diplomática estadounidense, así como su carnet de identidad. La dictadura cubana mantiene un estricto control sobre las comunicaciones de los reclusos, impidiendo cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos que trascienda las rejas.
Tras la requisa a su hermano, Curuneaux fue conducido a una oficina donde permaneció bajo interrogatorio durante dos horas. Los agentes de la Seguridad del Estado centraron el cuestionamiento en el contenido del documento confiscado y profirieron amenazas explícitas contra el activista. «Me dijeron que por eso me iban a echar 20 años [de condena] y que me pudriría en la cárcel», denunció el opositor, evidenciando la práctica sistemática del régimen para fabricar cargos y prolongar indefinidamente el encierro de sus críticos mediante el amedrentamiento.
A su llegada al Combinado del Este, los tres disidentes fueron recibidos por el oficial identificado como mayor Pestana, quien impuso un régimen de terror verbal. El funcionario penitenciario les exigió sumisión absoluta bajo la amenaza de «partir a la gente», consolidando un ambiente de hostigamiento físico y psicológico desde el primer momento. Durante el proceso de admisión, las autoridades de la isla procedieron a incautar las pertenencias de Curuneaux Stivens, reteniendo objetos de uso personal e incluso artículos de primera necesidad.
Entre los efectos confiscados se encontraban un estuche de pintura que utilizaba para sus labores de artes plásticas, desodorantes, cortaúñas, agujas de coser, jeringuillas para la administración de insulina, ropa de dormir, cubetas y útiles de escritura. Un mes después de estos hechos, el activista denunció que sus pertenencias legales permanecen retenidas sin justificación administrativa, lo que constituye una violación flagrante de las normativas penitenciarias internacionales.
La excusa oficial para el traslado a máxima seguridad fue la acusación de que los tres reclusos planeaban un motín en la prisión 15-80, asegurando las autoridades haber encontrado armas y combustible en sus celdas. «Nos dijeron que nos íbamos a pudrir en la cárcel y que el país estaba en guerra», refirió el preso político. Esta retórica belicista, empleada habitualmente por el gobierno cubano, busca justificar el uso desproporcionado de la fuerza y el aislamiento de los líderes opositores dentro del sistema penitenciario.
Negación de atención médica y tortura por inanición
En respuesta a las arbitrariedades y las amenazas, Curuneaux Stivens asumió una postura de «plantado» e inició una huelga de hambre que se prolongó por seis días en las celdas de castigo. Su estado de salud, complicado por ser paciente diabético, se deterioró rápidamente, generando una presión institucional que obligó a los carceleros a sacarlo del calabozo y reubicarlo en el edificio 1 del penal. Sin embargo, el daño físico ya estaba consumado.
La falta de alimentación adecuada en el Combinado del Este, sumada a la suspensión de la atención médica, provocó un desmayo en los baños del centro que resultó en una herida en la frente que requirió dos puntos de sutura. «Soy diabético y ahí la alimentación es muy insuficiente. Se me bajó la azúcar a 2 y me caí», denunció el activista, quien ya había salido de la prisión 15-80 con un cuadro de desnutrición severa. La retención de jeringuillas para insulina a un paciente con esta condición ilustra la crueldad con la que el Estado administra la precariedad.
Contexto sistemático: La criminalización de la disidencia y el colapso carcelario
El traslado y maltrato a Adrián Curuneaux Stivens no es un hecho aislado, sino una muestra más de la política de aniquilación social y política impulsada por el régimen de La Habana. Desde las protestas históricas del 11J, la dictadura ha llenado las prisiones con cientos de ciudadanos que exigieron cambios, sometiéndolos a condiciones infrahumanas. Las cárceles cubanas, diseñadas para albergar a una población penitenciaria ya sobresaturada, operan hoy como centros de exterminio físico y psicológico para la oposición.
Este escenario ocurre en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el colapso del sistema de salud se replican de manera agravada dentro de los centros de reclusión. El gobierno cubano destina recursos ínfimos a la alimentación de los reclusos, convirtiendo enfermedades crónicas como la diabetes en sentencias de muerte por inanición. La falta de papel y bolígrafos para denunciar estos abusos demuestra el nivel de censura intra muros.
Asimismo, el incidente de la carta dirigida a la Embajada de Estados Unidos subraya el pánico del ejecutivo cubano ante el escrutinio internacional. El régimen intenta por todos los medios bloquear el flujo de información hacia el exterior, recurriendo a la violencia contra los familiares de los presos y a la fabricación de delitos como el «motín» para justificar traslados a prisiones de máxima severidad donde el aislamiento es total y el contacto con el mundo exterior queda severamente limitado.
La comunidad internacional y las organizaciones de defensa de los derechos humanos mantienen su alerta ante el incremento de la represión en Cuba. Las amenazas de sumar décadas a las condenas de activistas como Curuneaux evidencian la ausencia de un estado de derecho y la nula independencia del poder judicial en la isla. Mientras la crisis migratoria y la pobreza empujan a cientos de miles de cubanos al exilio, los que deciden quedarse a exigir libertades enfrentan la maquinaria represiva del Estado con la mano amputada de la justicia.
El caso de Adrián Curuneaux Stivens, Nilo Abrahantes y Freddy Otero marca un escalonamiento en la represión carcelaria que augura consecuencias funestas para la disidencia interna. El futuro inmediato de los presos políticos en Cuba dependerá en gran medida de la presión diplomática y las sanciones internacionales que puedan imponerse sobre los responsables del sistema penitenciario. Sin un acompañamiento firme de las democracias occidentales, la dictadura cubana continuará utilizando el hambre, la enfermedad y el aislamiento como armas letales para silenciar a quienes se atreven a cuestionar su poder.
