El líder del grupo ecopacifista Naturpaz fue atacado brutalmente frente a su hijo en el municipio de Colombia, Las Tunas. El activista responsabiliza directamente a la Seguridad del Estado de la dictadura por el ataque, mientras las autoridades policiales se niegan a investigar el caso. Este suceso refleja el estado de indefensión ciudadana y el estallido de criminalidad que asola a Cuba, exacerbada por el colapso económico y la represión selectiva del régimen de La Habana.
Yoanielaysi Rodríguez Montero, presidente del Consejo Comunitario de la organización ecopacifista Naturpaz en la oriental provincia de Las Tunas, sufrió una brutal agresión a manos de individuos no identificados en el municipio de Colombia. El activista fue atacado cuando se dirigía a un encuentro con otro miembro de la sociedad civil, en un suceso que evidencia el clima de hostilidad y terrorismo de Estado que impera en la isla. Durante el ataque, perpetrado a plena luz del día y frente a su hijo menor, los agresores le propinaron un golpe en la cabeza con un objeto contundente, dejándolo lesionado y poniendo de manifiesto la crueldad con la que operan los mecanismos de amedrentamiento contra la disidencia.
La respuesta de la comunidad fue inmediata. Varios vecinos que presenciaron el cobarde ataque salieron en defensa del activista, lo que obligó a los agresores a huir del lugar. Sin embargo, la solidaridad ciudadana se topó con el muro de inoperancia y complicidad institucional al intentar formalizar la denuncia. Rodríguez Montero acudió a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Colombia, donde los agentes se negaron a procesar la queja bajo el pretexto de que no existían «detalles de los agresores». Esta actitud omisiva es una práctica sistemática del gobierno cubano para desamparar a los opositores y dejar en la más absoluta impunidad los actos de violencia dirigidos desde las sombras por la dictadura.
Los agentes policiales no solo desestimaron la denuncia, sino que se rehusaron a acudir al lugar de los hechos para realizar una inspección ocular o tomar declaraciones a los testigos presenciales. «Me dijeron que no sabían quiénes eran esa gente y que sin pruebas no podían hacer nada. No fueron ni hasta el lugar donde ocurrió todo para investigar, para preguntarles a las personas lo que vieron», relató el activista. Esta negativa a investigar es una clara violación del debido proceso y confirma que las fuerzas del orden en Cuba responden a los dictados políticos del régimen de La Habana antes que a su deber elemental de proteger a la ciudadanía.
Rodríguez Montero no dudó en atribuir la autoría intelectual de la agresión a la Seguridad del Estado, el principal brazo represivo de la dictadura. Según explicó, el hostigamiento contra su organización se ha intensificado recientemente debido a que los miembros de Naturpaz han estado distribuyendo pulóveres con el logo y el nombre del grupo ecopacifista. Para el totalitarismo cubano, cualquier iniciativa ciudadana que escape de su control absoluto, por más inofensiva o pacífica que sea, representa una amenaza existencial. La distribución de prendas con símbolos cívicos o independentistas es vista como un acto de subversión que debe ser castigado con la violencia paramilitar.
Este ataque selectivo contra un líder comunitario ocurre en medio de un panorama generalizado de criminalidad e inseguridad que ha explotado en toda la isla. El deterioro económico acelerado, los apagones masivos y la escasez crónica de alimentos y combustible han generado un caldo de cultivo perfecto para la violencia social. Un informe reciente del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) reveló cifras escalofriantes: se registraron 2.833 delitos en lo que va de 2025, lo que representa un incremento del 115 % respecto al año anterior y un alarmante aumento de más del 336 % en comparación con 2023.
Los robos se han consolidado como el delito más recurrente en la Cuba actual, con 1.536 casos documentados solo en 2025. Estos incluyen asaltos violentos a viviendas, hurtos y el robo de ganado, un fenómeno estrechamente vinculado al hambre extrema que azota a la población. La desesperación por conseguir recursos básicos ha empujado a muchos ciudadanos a la marginalidad, creando un ciclo de violencia que el gobierno cubano es incapaz o no tiene el más mínimo interés en detener, enfocando sus recursos represivos casi exclusivamente en silenciar el descontento político y la demanda de derechos fundamentales.
La pérdida de la vida ha pasado a ser una tragedia cotidiana en un país que antes se jactaba de su seguridad. El mismo informe del OCAC reportó 152 homicidios en lo que va de año, con cientos de víctimas de delitos violentos que incluyen a mujeres, ancianos y menores de edad. Las redes sociales y los medios de prensa independientes se han convertido en el único refugio para denunciar esta realidad, mostrando a diario videos de peleas callejeras, linchamientos y asaltos en barrios que, hace apenas unos años, mantenían una apariencia de tranquilidad pública que el régimen se ufanaba de exportar como propaganda internacional.
La crisis energética ha agravado dramáticamente esta situación de inseguridad. Los apagones que duran hasta 20 y 22 horas diarias han dejado a zonas enteras en la más absoluta oscuridad, sin alumbrado público ni vigilancia, multiplicando la sensación de desprotección y el terror entre los cubanos. A esta desolación se suma un contexto de empobrecimiento extremo donde la mendicidad, el mercado negro y las expresiones de descontento ciudadano son parte del paisaje habitual. Solo en 2025, se contabilizaron más de 11.000 protestas, denuncias y expresiones públicas de rechazo relacionadas con los apagones, el hambre y la violencia.
Contexto: El mito de la seguridad revolucionaria en ruinas
Durante décadas, el régimen de La Habana construyó su legitimidad internacional basándose en el mito de la «seguridad ciudadana», argumentando que la represión política era un mal necesario para vivir en una sociedad sin crimen. Sin embargo, la realidad actual ha desmantelado por completo esa narrativa. Cuba atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, comparable o incluso superior a la vivida durante la crisis de los años noventa, conocida como Período Especial. La diferencia sustancial radica en que hoy la población tiene mayor acceso a la información y puede documentar el deterioro acelerado de la vida cotidiana, desmintiendo la imagen de control que el gobierno cubano intenta proyectar hacia el exterior.
La dictadura se encuentra en una encrucijada letal: por un lado, debe destinar sus fuerzas de elite a reprimir, perseguir y amedrentar a activistas como Rodríguez Montero, cuya única arma es la defensa del medio ambiente y la paz; por otro, ha perdido por completo el control sobre la delincuencia común, producto del mismo sistema económico fallido que sustenta su poder. La policía común, subpagada y desmotivada, abandona a la población a su suerte frente a los criminales, mientras que la Seguridad del Estado opera con total impunidad para golpear, amenazar y encarcelar a quienes osen pensar de manera diferente.
Conclusión: La impunidad como política de Estado
La agresión sufrida por el presidente de Naturpaz en Las Tunas no es un hecho aislado, sino una muestra más de la podredumbre institucional que caracteriza a la dictadura cubana. La negativa de la PNR a investigar el ataque confirma que la violencia contra la disidencia es orquestada o, como mínimo, consentida por las estructuras de poder. El régimen de La Habana ha optado por el terror selectivo para neutralizar el surgimiento de líderes comunitarios que propongan alternativas pacíficas al desastre nacional, demostrando su profunda debilidad y falta de argumentos frente a la sociedad civil.
Mientras la isla se hunde en un abismo de inseguridad, apagones y miseria, el gobierno cubano persiste en su obsesión por silenciar a una ciudadanía que, a pesar de los golpes, continúa alzando su voz. La historia de Yoanielaysi Rodríguez Montero es la de millones de cubanos que viven bajo el yugo de un Estado que los desampara, los reprime y los empuja a la violencia. La verdadera seguridad nacional no se logra reprimiendo a los pacifistas, sino garantizando los derechos fundamentales que la dictadura se empeña en conculcar cada día.
