La corporación canadiense Sherritt International ha activado el proceso formal para disolver su empresa conjunta de níquel y cobalto en la Isla, renunciando simultáneamente a sus participaciones en el sector energético y petrolero. Esta drástica decisión es una respuesta directa a la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos que amplía el cerco sancionador contra el régimen de La Habana y contra entidades extranjeras que operen en sectores estratégicos de la economía cubana. El movimiento confirma el profundo aislamiento financiero y comercial que sufre la dictadura, incapaz de ofrecer garantías jurídicas o estabilidad a sus socios capitalistas.
La compañía minera, uno de los inversores extranjeros más relevantes que aún mantenía vínculos operativos con el gobierno cubano, ha anunciado que invocará las cláusulas de disolución previstas en el acuerdo de accionistas de la empresa mixta Moa JV. Esta alianza, compartida en partes iguales con General Nickel Company S.A. (GNC), una entidad bajo el control estatal, será desmantelada de forma inmediata. Sherritt argumenta que la única vía para preservar su capacidad de hacer negocios a nivel internacional es cortar de raíz sus lazos con la Isla, ejecutando los pasos legales correspondientes sin demora alguna.
En el escenario planteado por la disolución, la corporación canadiense quedaría como propietaria absoluta de la refinería de níquel y cobalto ubicada en Fort Saskatchewan, Alberta. Por su parte, el régimen de La Habana, a través de GNC, asumiría el control total de las corporaciones vinculadas a las operaciones de extracción minera en territorio cubano. Esta división de activos deja a la dictadura con la infraestructura de minería, pero la desconecta del proceso de refinación y comercialización internacional que hasta ahora garantizaba el flujo de divisas, un golpe severo para las arcas estatales.
Para acelerar una ruptura que el gobierno cubano intentaría alargar mediante litigios interminables, Sherritt notificará a GNC que la disolución es imperativa debido a un «cambio adverso material» de efecto inmediato. La empresa canadiense ha sido clara al señalar que no existe tiempo suficiente para someter el diferendo a arbitraje, un proceso que, según lo pactado, exigiría valorar los activos y, de no haber acuerdo, derivar en disputas legales que podrían prolongarse por varios años. Ante esto, Sherritt acudirá en los próximos días a la Corte del Rey de Alberta para obtener una orden judicial que facilite una separación expedita y blindada contra futuras maniobras dilatorias del Estado cubano.
El repliegue de la empresa canadiense no se limita a la minería. Sherritt ha comunicado que entregará su participación de un tercio en Energás S.A., una sociedad mixta dedicada al procesamiento de gas natural y generación de electricidad para la ya colapsada red nacional cubana. Asimismo, abandonará sus intereses en dos contratos de producción compartida de petróleo y gas que se encontraban en fase de exploración, además de un contrato auxiliar de servicios de perforación. La empresa anticipó que no recibirá compensación alguna por estos últimos activos, lo que evidencia la naturaleza confiscatoria y el desprecio por la propiedad privada que caracteriza al sistema económico impuesto por la dictadura.
En el plano financiero, la estructura de la disolución debería generar un pago de compensación a favor de Sherritt, dado que el valor de la compañía que posee la mina en Cuba sería superior al de la refinería canadiense. Sin embargo, la recuperación de estos fondos es incierta. A este hipotético pago se sumarían los aproximadamente 277 millones de dólares canadienses que el régimen ya le adeuda a la corporación, una cifra que subraya la insolvencia crónica del Estado cubano y su historial de incumplimiento sistemático con sus acreedores extranjeros.
La orden ejecutiva estadounidense que ha provocado este éxodo corporativo autoriza al gobierno de Estados Unidos a bloquear bienes e intereses de personas o entidades extranjeras que operen en sectores neurálgicos de la economía cubana, tales como energía, defensa, metales, minería y servicios financieros. La medida también faculta la imposición de sanciones a quienes actúen en nombre del gobierno de la Isla o presten apoyo material, financiero o tecnológico a las entidades alcanzadas. Esta presión extraterritorial ha convertido a cualquier asociación con la dictadura en un riesgo inasumible para las corporaciones occidentales.
Sherritt había iniciado su repliegue a principios de este mes, cuando suspendió su participación directa en las actividades de sus empresas conjuntas y comenzó a repatriar a su personal técnico y directivo destacado en la Isla. En aquel momento, la firma reconoció que, aunque no había sido designada formalmente bajo el nuevo decreto, la mera emisión de la orden había alterado materialmente su capacidad para operar con normalidad. Las dificultades para obtener auditoría externa y para acceder a servicios bancarios básicos han sido el catalizador final para una decisión que venía gestándose ante el endurecimiento del compliance internacional.
El contexto de la dependencia extranjera y el fracaso del modelo
Para comprender la magnitud de esta salida, es necesario remontarse a la creación de la empresa conjunta de Moa en la década de los noventa, en plena crisis del Periodo Especial. Este negocio se convirtió en uno de los vínculos empresariales extranjeros más relevantes y lucrativos para el régimen cubano. La operación extraía y procesaba minerales en Holguín, los transformaba en precipitado de sulfuros mixtos y los enviaba a Canadá para su refinación final, comercializando los productos en mercados internacionales, con la única excepción de Estados Unidos. Era un modelo de dependencia que permitía a la dictadura oxigenar sus finanzas sin reformar su estructura productiva interna.
La huida de Sherritt es un síntoma inequívoco del fracaso estructural del modelo económico cubano. Durante décadas, el régimen ha dependido del capital y la tecnología extranjera para sostener sectores clave, mientras mantiene un control asfixiante sobre la iniciativa nacional y reprime cualquier intento de prosperidad privada. La incapacidad del gobierno cubano para honrar sus deudas, su opacidad financiera y su implicación en violaciones sistemáticas de los derechos humanos han generado un entorno de inversión tóxico. Ahora, con el cerco sancionador estrechándose, la dictadura se queda sin socios que estén dispuestos a arriesgar su acceso al sistema financiero global por mantener negocios con un Estado paria.
El abandono de los contratos energéticos y de perforación también llega en un momento crítico para la infraestructura de la Isla. El sistema electroenergético nacional se encuentra en un estado de colapso permanente, con apagones prolongados que afectan la calidad de vida de la población y reactivan la indignación ciudadana frente a la represión estatal. La renuncia de Sherritt a sus intereses en Energás y en la exploración petrolera priva al régimen de la asistencia técnica y el capital necesarios para intentar revertir esta crisis, dejando al descubierto la vulnerabilidad de una economía centralmente planificada que ha priorizado el control político sobre el desarrollo sostenible.
A pesar de la contundencia del anuncio, Sherritt ha advertido que no existe garantía de que los resultados buscados se concreten sin contratiempos. El régimen de La Habana, acorralado y desesperado por la pérdida de ingresos, podría intentar entorpecer el proceso de disolución o negarse a reconocer la deuda pendiente. Sin embargo, el mensaje para la comunidad internacional es inequívoco: el espacio para hacer negocios con la dictadura cubana se está cerrando definitivamente. La combinación de sanciones externas, mala gestión interna y represión continua está desmantelando, pieza por pieza, el andamiaje económico que ha permitido a la cúpula militar mantenerse en el poder durante más de seis décadas.
