La corporación canadiense ha activado el proceso de disolución de su empresa mixta de níquel y cobalto en la Isla, renunciando además a sus participaciones en los sectores energético y petrolero. Esta decisión, impulsada por la reciente orden ejecutiva de Washington, evidencia la profunda vulnerabilidad del modelo económico del régimen de La Habana y su creciente aislamiento financiero internacional.
La empresa canadiense Sherritt International ha anunciado la activación inmediata de los mecanismos legales para disolver su empresa conjunta de níquel y cobalto en Cuba, marcando un hito en el progresivo desmantelamiento de los vínculos empresariales extranjeros con la dictadura. La medida es una respuesta directa a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, la cual amplía significativamente el espectro de sanciones contra el régimen cubano y contra entidades extranjeras que operen en sectores estratégicos de la economía de la Isla. Este movimiento corporativo subraya cómo la presión internacional puede desarticular las fuentes de financiamiento que sostienen al aparato estatal.
De acuerdo con la información emitida por la propia compañía en su informe anual, Sherritt invocará las cláusulas de disolución previstas en el acuerdo de accionistas de la empresa mixta Moa JV. Esta alianza, estructurada a partes iguales con General Nickel Company S.A. (GNC), una entidad bajo el control absoluto del gobierno cubano, ha sido durante décadas uno de los pilares de la extracción minera en el territorio nacional. La ruptura pretende ejecutarse de manera expedita, dejando a la firma canadiense como única propietaria de la refinería ubicada en Fort Saskatchewan, Alberta, mientras que la GNC asumiría el control total de las corporaciones vinculadas a las operaciones de extracción dentro de la Isla.
La determinación de la junta directiva de Sherritt responde a la necesidad imperativa de preservar su viabilidad corporativa en el mercado internacional. En un comunicado oficial, la empresa señaló que, tras exhaustivas deliberaciones, la única vía para mantener su capacidad operativa es invocar sus derechos de disolución bajo el Acuerdo de Accionistas de Moa e implementar los pasos correspondientes sin demora. El régimen de La Habana ya ha sido notificado, argumentando la compañía que la decisión se fundamenta en un «cambio adverso material» de efecto inmediato derivado de las nuevas medidas coercitivas estadounidenses.
Para eludir los largos y tortuosos procesos de arbitraje que típicamente caracterizan a las disputas comerciales con el Estado cubano, Sherritt ha anunciado que acudirá a la Corte del Rey de Alberta. La estrategia legal busca obtener una orden judicial que facilite una disolución acelerada, evitando un proceso que, según advirtieron los directivos, podría extenderse durante varios meses e incluso años. Este movimiento refleja la desconfianza de los inversores extranjeros hacia los mecanismos de resolución de conflictos dentro de la jurisdicción cubana, fuertemente manipulados por el aparato estatal y carentes de garantías jurídicas reales.
El abandono de los intereses mineros no es la única retirada planificada por la corporación canadiense. Sherritt también ha comunicado su intención de renunciar a su participación de un tercio en Energás S.A., una sociedad mixta dedicada al procesamiento de gas natural y a la generación de electricidad para la defectuosa red nacional cubana. A esto se suma el abandono de dos contratos de producción compartida de petróleo y gas, aún en fase de exploración, y de un contrato de servicios de perforación. En estos últimos casos, la empresa anticipó que no recibirá compensación alguna, asumiendo pérdidas financieras para lograr una desvinculación total y limpia del aparato productivo cubano.
En el ámbito de la empresa mixta de Moa, sin embargo, la empresa calcula que la estructura de la disolución debería generar un pago de compensación a su favor. Esta expectativa se basa en que el valor de las instalaciones mineras en Cuba superaría al de la refinería en territorio canadiense. Dicho monto compensatorio se sumaría a la abultada deuda que el régimen ya mantiene con la compañía, calculada en aproximadamente 277 millones de dólares canadienses. Esta enorme cifra adeudada por la GNC es un reflejo crónico del incumplimiento sistémico del gobierno cubano en sus obligaciones financieras con sus socios extranjeros.
Este acelerado repliegue corporativo culmina un proceso que se inició semanas atrás, cuando Sherritt suspendió su participación directa en las operaciones de la Isla y comenzó a repatriar a su personal técnico y directivo. En aquel momento, aunque la empresa no había sido designada formalmente bajo la nueva orden ejecutiva, reconoció que la mera promulgación del decreto había alterado materialmente su capacidad para operar con normalidad. La decisión afectó severamente su acceso a auditorías externas y a servicios bancarios básicos, áreas donde las instituciones financieras internacionales imponen cada vez más bloqueos preventivos a quienes hacen negocios con la dictadura.
La orden ejecutiva emitida por Washington autoriza al gobierno de Estados Unidos a bloquear bienes e intereses de personas o entidades extranjeras que operen en sectores neurálgicos de la economía cubana, tales como energía, defensa, metales, minería, servicios financieros y seguridad. Asimismo, faculta la imposición de sanciones a aquellos que actúen en representación del régimen o provean apoyo material, financiero o tecnológico a las entidades alcanzadas por la medida. Este marco legal ha convertido a la Isla en un terreno minado para la inversión extranjera, especialmente para aquellas empresas que sostienen la infraestructura extractiva del Estado.
El contexto de la dependencia económica y el control estatal
Para comprender la magnitud de este golpe al régimen de La Habana, es necesario analizar el papel histórico de la empresa conjunta de Moa. Creada en la década de los noventa, esta alianza fue uno de los primeros y más grandes experimentos de apertura económica controlada tras la crisis del período especial. Ubicada en la provincia de Holguín, la operación extrae y procesa minerales que posteriormente se transforman en precipitado de sulfuros mixtos y se envían a Canadá para su refinación final. Los productos de níquel y cobalto generados por esta alianza se han comercializado en mercados internacionales, representando una de las fuentes de ingresos de divisas más estables y lucrativas para la cúpula gubernamental.
La dependencia de la dictadura cubana sobre estos consorcios extranjeros es absoluta, dado el deterioro y la obsolescencia de la infraestructura industrial nacional. El régimen ha utilizado históricamente el capital, la tecnología y la experiencia administrativa de empresas como Sherritt para mantener a flote industrias que, de otra manera, colapsarían por la ineficiencia y la falta de inversión propia. La salida de un socio tan relevante no solo deja un vacío operativo inmediato en la provincia oriental, sino que también envía una señal alarmante al reducido grupo de inversores extranjeros que aún mantienen negocios en la Isla, demostrando que el riesgo de asociación con el Estado cubano ha superado cualquier potencial beneficio.
Además, es imperativo señalar cómo el régimen gestiona estos recursos. Los ingresos generados por la exportación de níquel y cobalto, al igual que los provenientes del turismo o el envío de médicos al exterior, no redundan en mejoras para la población civil, que sufre cortes eléctricos diarios, escasez alimentaria y una represión sistemática. Por el contrario, estas divisas son captadas por el aparato militar y empresarial de la élite gobernante, que las destina a sostener el aparato represivo y a financiar el lujo de la cúpula del Partido Comunista. La desinversión extranjera, por tanto, también actúa como un mecanismo de presión que asfixia financieramente a las estructuras de poder que mantienen el sistema autoritario.
Consecuencias para el futuro del sector minero y energético
El abandono de Sherritt plantea un escenario desolador para el sector minero cubano. La General Nickel Company S.A. se enfrenta ahora al reto de operar complejas instalaciones de extracción sin el respaldo tecnológico, logístico y financiero de su socio canadiense. La historia económica reciente de Cuba demuestra que cuando el Estado asume el control total de empresas que perdieron a sus socios internacionales, la producción tiende a desplomarse estrepitosamente debido a la falta de mantenimiento, la corrupción interna y la ausencia de un modelo de gestión eficiente.
En el sector energético, la renuncia de Sherritt a Energás y a los contratos de exploración petrolera agrava aún más la crisis estructural que sufre el país. La red eléctrica nacional se encuentra al borde del colapso, incapaz de satisfacer la demanda mínima de la población y la industria. La huida de un inversor que aportaba tecnología para el procesamiento de gas y la generación de electricidad subraya la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer un clima de negocios seguro y rentable, libre de la amenaza de sanciones internacionales.
Si bien Sherritt ha advertido que no existe garantía absoluta de que los resultados de esta disolución se concreten exactamente como lo planean, el mensaje político y económico ya está claro. La orden ejecutiva de Estados Unidos está cumpliendo su objetivo de aislar al régimen, cortando el flujo de capital y tecnología hacia los sectores que sostienen su maquinaria económica. La dictadura cubana se enfrenta a una encrucijada sin precedentes, donde la fuga de capitales y el aislamiento financiero amenazan con desmoronar los últimos reductos de su ya maltrecha economía centralizada, dejando al descubierto el fracaso histórico de su modelo político y productivo.
