El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) recibe un nuevo golpe con la desconexión de la central Lidio Ramón Pérez, en Holguín, sumiendo a más del 60% del país en la oscuridad. La incapacidad del gobierno cubano para mantener una infraestructura obsoleta y asegurar el suministro de combustible evidencia el fracaso de su modelo de gestión centralizada.
La crisis energética que asola a la Isla ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad con la desconexión inesperada de la unidad 1 de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, ubicada en la provincia de Holguín. Según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) a través de sus canales oficiales, la planta salió del Sistema Eléctrico Nacional para someterse a un «mantenimiento ligero» que prolongará su inactividad por al menos 96 horas. Esta avería programada, aunque presentada por las autoridades como un procedimiento técnico de rutina, llega en el peor momento posible para una nación que ya sufre cortes de luz diarios interminables y que ve cómo su frágil tejido económico se desmorona ante la falta de energía.
El parte diario emitido por la empresa estatal revela una radiografía desoladora del sector energético nacional. Para la jornada en curso, la disponibilidad máxima de generación apenas alcanza los 1.245 megavatios (MW), una cifra irrisoria frente a una demanda estimada que supera los 3.200 MW. Este descalabro matemático deja un déficit de generación de 1.955 MW, lo que se traduce en una afectación real de 1.985 MW durante las horas pico de consumo. Las autoridades eléctricas anticipan que esta brecha insondable provocará apagones prolongados que impactarán a cerca del 62% del territorio nacional, dejando a millones de cubanos a merced de la oscuridad y la incertidumbre más absoluta.
El problema no se limita a la planta Felton. El sistema de generación cubano se encuentra en un estado de postración técnica, con múltiples unidades fuera de línea debido a averías y mantenimientos que se prolongan indefinidamente por falta de recursos. Entre las plantas inactivas se encuentran las unidades 2 y 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la unidad 2 de la propia CTE Lidio Ramón Pérez, la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. Esta acumulación de bajas demuestra que el parque generacional ha superado su vida útil y carece de las piezas de repuesto necesarias para su funcionamiento óptimo.
La profundización de la crisis eléctrica es el resultado directo de décadas de desinversión y mala gestión por parte del régimen de La Habana. Las termoeléctricas cubanas, construidas en su mayoría con tecnología de la antigua Unión Soviética o en etapas tempranas de la colaboración con Venezuela, operan muy por encima de su capacidad diseñada y sin las revisiones técnicas obligatorias. A la obsolescencia estructural se suma la escasez crónica de combustible, agravada recientemente por el agotamiento del último cargamento de crudo ruso, lo que deja a las plantas de generación distribuida operando al ralenti o completamente paralizadas, incapaces de cubrir el mínimo de la demanda nacional.
Para la población civil, este nuevo colapso del SEN representa un golpe devastador a la ya frágil calidad de vida. Los cortes de electricidad de hasta 16 horas diarias han dejado de ser una emergencia puntual para convertirse en la normalidad cotidiana bajo el yugo de la dictadura. La falta de energía eléctrica paraliza la economía informal, arruina los escasos alimentos que las familias logran conseguir al romper la cadena de frío, y hace insoportable el clima tropical al detener el funcionamiento de ventiladores y aires acondicionados. La salud mental y física de los ciudadanos se ve profundamente deteriorada ante la incertidumbre de no saber cuándo volverá la luz.
Frente a este escenario de desgobierno, la maquinaria propagandística del Estado ha reciclado su habitual retórica exculpatoria. El gobierno cubano ha responsabilizado de la catástrofe energética al recrudecimiento del embargo comercial de Estados Unidos y a las restricciones financieras que, según afirman, les impiden adquirir combustible en el mercado internacional. Si bien las sanciones económicas complican las transacciones, el régimen omite convenientemente su propia responsabilidad en la falta de mantenimiento preventivo, la corrupción institucionalizada y la negativa histórica a abrir el sector a la inversión privada extranjera que pueda modernizar la infraestructura.
El sector de la salud pública, ya de por sí precarizado por la falta de medicamentos y suministros básicos, sufre también las consecuencias directas de estos apagones. Hospitales y policlínicos se ven obligados a depender de generadores de emergencia que, en muchos casos, no funcionan o carecen del diésel necesario para operar. Las salas de cirugía, las incubadoras neonatales y los equipos de soporte vital quedan a expensas de la inestabilidad eléctrica, poniendo en riesgo directo la vida de los pacientes y evidenciando la vulnerabilidad de los servicios esenciales frente a la ineptitud gubernamental.
Contexto: Un sistema eléctrico al borde del colapso definitivo
El deterioro del Sistema Eléctrico Nacional no es un fenómeno reciente, sino la culminación de un proceso de descomposición que se ha acelerado en los últimos años. Desde el año anterior, las averías se han vuelto recurrentes, con plantas que fallan sistemáticamente apenas intentan sincronizarse con el sistema. La incapacidad técnica para realizar mantenimientos capitales, que requieren inversiones millonarias y personal altamente especializado, ha convertido a las termoeléctricas en bombas de tiempo que estallan con frecuencia semanal, ahondando la crisis.
La situación alcanzó un punto crítico ineludible hace varios meses, cuando Cuba sufrió un apagón nacional que se extendió por más de 29 horas seguidas, demostrando la fragilidad extrema de la red de transmisión y generación. Incluso en La Habana, que tradicionalmente ha gozado de un trato preferencial en el suministro eléctrico en comparación con las provincias orientales, los residentes han tenido que lidiar con cortes diarios que superan la mitad del día. Este privilegio capitalino se ha diluido ante la magnitud del déficit, unificando el sufrimiento de la población bajo el peso de la ineficiencia estatal.
El modelo energético cubano, basado en la centralización absoluta y la dependencia de aliados geopolíticos que proporcionan petróleo a precios subsidiados, ha demostrado ser insostenible en el siglo XXI. La transición hacia fuentes renovables ha sido meramente testimonial, plagada de proyectos inaugurales que nunca se consolidan o que se construyen con paneles de baja calidad que dejan de operar en poco tiempo. Mientras el régimen destina recursos a megaproyectos turísticos o infraestructuras de control social, el corazón energético de la nación se apaga lentamente, ahogando cualquier intento de reactivación económica independiente.
La dictadura cubana enfrenta ahora el desafío de gestionar la indignación popular en medio del calor y la oscuridad. Los apagones han sido históricamente el detonante de protestas sociales en la Isla, como se evidenció en los estallidos sociales de años anteriores. La promesa oficial de «resolver la crisis» suena vacía cuando los técnicos en las plantas no tienen los repuestos necesarios y los barcos con combustible no llegan a los puertos por falta de liquidez. La población, sumida en la apatía y la desesperanza, comprende que la solución a sus problemas no llegará de las alturas del poder, sino que requiere un cambio profundo en la forma en que se gestiona el país.
En definitiva, la salida de la termoeléctrica Felton no es más que un síntoma de una enfermedad terminal en la economía planificada de la Isla. Mientras el régimen de La Habana continúe priorizando el control político sobre el bienestar material de sus ciudadanos y el mantenimiento de la infraestructura básica, Cuba seguirá sumida en la oscuridad. El colapso eléctrico es el espejo más fiel de la decadencia de un sistema que ha fracasado en su premisa más básica: garantizar la supervivencia digna de su pueblo, demostrando que la verdadera crisis no es de megavatios, sino de legitimidad y capacidad de gobierno.
