El régimen de La Habana exhibe una hipocresía sin precedentes al demandar inversión de la diáspora, mientras se niega a reconocer o pedir perdón por las expropiaciones, asesinatos y violaciones a los derechos humanos que orquestaron durante más de seis décadas de dictadura. La memoria histórica de Cuba choca contra un discurso oficial que, ante el colapso económico, busca lavar su imagen sin hacer justicia.
La capacidad de pedir perdón por los errores del pasado es un pilar fundamental de las sociedades civilizadas y de las instituciones que aspiran a la legitimidad moral. Reconocer las fechorías no demerita la autoridad; por el contrario, la fortalece al demostrar madurez institucional y voluntad de enmienda. Ejemplos históricos de esto abundan en el ámbito internacional, donde incluso organizaciones centenarias, como la Iglesia Católica, han asumido la responsabilidad por abusos cometidos en distintos periodos, desde los horrores de la Inquisición hasta los escándalos de abusos contemporáneos. Sin embargo, en el panorama político de Cuba, esta premisa parece no existir. El castrismo ha erigido un sistema donde la infalibilidad es dogma y la autocrítica, un pecado imperdonable.
El régimen cubano se ha posicionado históricamente como una entidad victimizada, negándose sistemáticamente a admitir cualquier acto que merezca el repudio o la disculpa internacional y nacional. Uno de los episodios más traumáticos y fundacionales de esta actitud intransigente ocurrió a inicios de la década de los sesenta, cuando las autoridades de la isla ejecutaron una expropiación forzosa a gran escala. Amparados en legislaciones ad hoc y respaldados por la fuerza de las armas, los entonces gobernantes anunciaron la incautación de la vasta mayoría de las empresas nacionales dedicadas a la industria, la manufactura y la comercialización.
Esta oleada de intervencionismo estatal no discriminó sectores económicos. Fábricas de alimentos, molinos de harina, destilerías, empresas productoras de bebidas y la totalidad de la banca nacional pasaron a manos del Estado de un plumazo. A la sazón, más de un centenar de centrales azucareros —columna vertebral de la economía insular— fueron arrebatados a sus legítimos propietarios, sumándose a la nacionalización de las principales empresas estadounidenses radicadas en el territorio nacional. Fue un despojo legalizado que desmanteló de un golpe la estructura productiva del país, aniquilando la iniciativa privada y concentrando la riqueza en las manos de una cúpula militar y política.
La obra de destrucción de la economía nacional se consolidó pocos años después, bajo el eufemismo de la «Ofensiva Revolucionaria». En ese periodo, el gobierno cubano completó la aniquilación de la propiedad privada, expropiando hasta el último negocio que subsistía en la isla. La cifra de afectados fue inmensa, empujando al exilio a miles de cubanos que perdieron no solo sus patrimonios, sino su estilo de vida y su futuro en su propia tierra. Familias enteras fueron despojadas de sus ahorros, sus viviendas y sus medios de sustento, obligándolas a iniciar de cero en el extranjero bajo la etiqueta oficial de «traidores» o «gusanos».
En las décadas transcurridas desde aquellas expropiaciones, la jerarquía del régimen no ha emitido una sola voz de arrepentimiento. Al contrario, la maquinaria propagandística del Estado ha tergiversado estos hechos, presentándolos como gestas heroicas y supuestamente antiimperialistas. El discurso oficial sostiene que estas medidas fueron necesarias para «salvar las conquistas» y afianzar un modelo económico socialista que, a la postre, demostró ser un rotundo fracaso productivo y un profundo caldo de cultivo para la miseria generalizada y la dependencia crónica de subsidios externos.
La hipocresía del régimen de La Habana ha llegado a niveles insospechados en la actualidad. Apostando al desgaste de la memoria histórica de las nuevas generaciones, el gobierno cubano ahora extiende la mano para pedir a los hijos y nietos de aquellos expropiados que inviertan en Cuba. Utilizan un lenguaje empalagoso y manipulador, hablando de una supuesta «voluntad de Cuba» de estrechar vínculos con sus hijos en el exterior, ignorando que muchos de ellos tuvieron que huir precisamente de la persecución y el despojo orquestado por ese mismo sistema que hoy les reclama capital.
Esta súplica no nace del amor, la reconciliación ni el arrepentimiento, sino de la desesperación más absoluta. Es el llamado urgente de un náufrago que, en medio del océano de la crisis económica, se aferra a cualquier tabla de salvación para sobrevivir. El régimen nunca ha mostrado genuino aprecio por los cubanos residentes en el exterior, ni respeto por los emprendedores privados que hoy intentan sobrevivir dentro de la isla bajo un marco legal asfixiante y tributario. La exigencia de inversión extranjera, particularmente de la diáspora, es un reconocimiento implícito de la incapacidad del modelo autóctono para sostenerse por sí mismo.
Más allá de los despojos económicos, la dictadura arrastra una deuda pendiente e infinita en materia de derechos humanos, por la cual tampoco ha rendido cuentas ni pedido perdón. La historia reciente de Cuba está manchada por acciones vandálicas y criminales que el poder ha intentado sepultar bajo capas de silencio, censura y represión. Los mítines de repudio, verdaderas orgías de violencia verbal y física orquestadas por las turbas al servicio del Estado contra quienes decidían abandonar el país por el puerto del Mariel, permanecen como una herida abierta en la sociedad civil cubana.
La lista de crímenes impunes es extensa y dolorosa. El hundimiento del remolcador «13 de Marzo», donde perdieron la vida decenas de personas, incluidos niños, a manos de embarcaciones estatales que embistieron la nave civil, es uno de los episodios más luctrosos de la represión cubana. Igualmente, el derribo en pleno vuelo de las avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate por parte de aviones militares de la dictadura, evidencia la ferocidad con la que el régimen ha silenciado cualquier disidencia o intento de escape. Ninguno de estos hechos ha sido seguido de una disculpa oficial, de un juicio a los responsables o de una comisión de la verdad.
Contexto histórico y agotamiento del modelo
Para comprender la magnitud del cinismo oficial, es indispensable observar el contexto en el que se desarrollan estas peticiones de inversión. La isla atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia contemporánea, caracterizada por apagones prolongados, inflación galopante, escasez crítica de alimentos y medicinas, y una masiva ola migratoria que ha vaciado al país de su fuerza laboral y juvenil. El modelo centralizado y estatista, consolidado tras las expropiaciones de los años sesenta, ha demostrado su ineficiencia estructural. La dependencia de aliados externos ha sido la tónica histórica del gobierno cubano, y ante la falta de estos patrocinadores internacionales, el régimen se ve obligado a voltear hacia la diáspora. El contraste entre el discurso revolucionario del pasado y la pragmática sumisión actual ante el capital foráneo desnuda la fragilidad ideológica y la absoluta falta de escrúpulos de la cúpula gobernante en La Habana.
Ninguna manipulación de la verdad histórica, por más exhaustiva que sea la maquinaria de propaganda, podrá borrar las culpas de un sistema que ha destruido una nación y perseguido a su pueblo. La exigencia de que los descendientes de los exiliados financien el mismo aparato que despojó a sus familias es una afrenta a la memoria y a la inteligencia. Mientras el régimen cubano no asuma la responsabilidad por sus fechorías, no pida perdón por los crímenes de lesa humanidad y no restituya el Estado de derecho, cualquier intento de acercamiento económico será visto por lo que es: una maniobra desesperada de supervivencia por parte de una dictadura en decadencia, no un gesto de reconciliación nacional.
