Ante la incapacidad estructural para garantizar un suministro eléctrico estable, el régimen de La Habana ha decidido desplazar la culpa hacia la ciudadanía. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ha exigido un endurecimiento punitivo contra los hurtos de combustibles y aceite dieléctrico, criminalizando la desesperación popular mientras el sistema electroenergético nacional se desmorona por décadas de mala gestión, falta de inversiones y corrupción institucionalizada en las altas esferas del poder.
En medio de una de las peores crisis energéticas que ha azotado a la isla en las últimas décadas, el jefe de Gobierno del régimen cubano ha utilizado su perfil en redes sociales para lanzar una advertencia a la población. Marrero Cruz reclamó un incremento en la severidad de las medidas contra los delitos asociados a los recursos energéticos, argumentando que estos actos golpean de forma directa la frágil economía nacional y afectan servicios esenciales. Sin embargo, su discurso omite la responsabilidad fundamental del Estado en el abandono de la infraestructura y la falta de planificación estratégica.
Las declaraciones del alto funcionario se produjeron tras presidir una videoconferencia del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. En este espacio, donde se reunieron autoridades de distintos territorios, el régimen de La Habana intentó tejer una narrativa que ubica el origen de los apagones prolongados en la acción de individuos aislados y no en la obsolescencia de las termoeléctricas ni en el déficit crónico de generación. «Hay que elevar el combate contra los delitos […] Que se sepa que hay enfrentamiento», sentenció Marrero, en un tono que recuerda a las campañas de hostigamiento estatal de etapas anteriores.
Uno de los focos de atención de esta nueva cruzada punitiva es la sustracción de aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos. Durante la reunión, la directora general de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure) presentó un balance sobre estas acciones de control. El gobierno cubano considera este fenómeno de «alta sensibilidad» debido a su impacto inmediato sobre el servicio eléctrico, ya que el vaciado de un transformador puede dejar sin corriente a comunidades enteras. No obstante, la vulnerabilidad de estos equipos también responde a la falta de mantenimiento y a la exposición a la intemperie sin la debida vigilancia institucional.
Para ilustrar su llamada al endurecimiento, el aparato propagandístico del régimen ha difundido recientemente el caso de tres ciudadanos arrestados en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus. Los detenidos, de entre 35 y 45 años y con antecedentes penales, fueron sorprendidos presuntamente extrayendo aceite dieléctrico, un incidente que, según versiones oficiales, dejó sin servicio a varias comunidades durante 24 horas. Lo más alarmante de este caso es la calificación legal empleada por las autoridades: los individuos fueron acusados del delito de «sabotaje».
El uso del término «sabotaje» para tipificar el hurto de aceite o combustible marca una escalada peligrosa en la política represiva de la dictadura. Históricamente, esta figura penal ha sido reservada para criminalizar a opositores políticos, disidentes y activistas de derechos humanos, acusándolos de atentar contra la seguridad del Estado. Su aplicación ahora a ciudadanos comunes que, motivados por la pobreza extrema o la necesidad, intentan acceder a recursos, evidencia la intención del régimen de infundir terror legal y imponer penas desproporcionadas como mecanismo de control social ante el deterioro sostenido del sistema electroenergético nacional (SEN).
En su alocución, el primer ministro también señaló a los cuadros administrativos, exigiendo «mano dura con los irresponsables administrativos que no están cumpliendo su papel». Esta declaración resulta paradójica en un sistema donde la corrupción estructural es la tónica de las empresas estatales y donde los verdaderos saqueos a la economía nacional se orquestan desde las cúpulas militar y política, con total impunidad. Señalar a los administradores de base es una táctica recurrente para proteger a la alta dirigencia de cualquier rendición de cuentas.
Además de la represión penal, el gobierno cubano ha ordenado reforzar los controles en almacenes, centros de elaboración y puntos de distribución. Se busca perfeccionar la aplicación Ticket y el sistema de venta en los servicentros, medidas que, en la práctica, se traducen en un mayor cerco tecnológico y burocrático sobre una población que pasa horas en colas interminables para obtener una cuota ínfima de combustible. Mientras los altos mandos del régimen gozan de acceso ilimitado a recursos, el ciudadano común es sometido a un escrutinio asfixiante.
El contexto del colapso: ineficiencia estatal y criminalización de la supervivencia
Para comprender la magnitud del cinismo en las declaraciones de Marrero Cruz, es indispensable observar el contexto de la crisis energética cubana. El SEN se encuentra en estado terminal, producto de décadas sin inversiones significativas, envejecimiento de las plantas generadoras y una dependencia absoluta de combustibles importados que el país, sumido en la bancarrota, no puede costear. Las averías en las termoeléctricas son diarias, y los apagones superan con frecuencia las diez o doce horas diarias en gran parte del territorio nacional, alterando por completo la vida cotidiana, la educación y la salud pública.
En este escenario de privación extrema, la dictadura ha forzado el surgimiento de una economía de supervivencia. El robo de recursos, aunque reprobable y dañino para la ya maltrecha infraestructura comunitaria, es en muchos casos una consecuencia directa de la desesperación. Cuando el Estado es incapaz de garantizar el transporte público, el gas para cocinar o el combustible para ambulancias y tractores agrícolas, un sector de la población se ve empujado al mercado negro y al hurto como única vía para subsistir o mantener operativos servicios mínimos por cuenta propia.
Sin embargo, el régimen de La Habana se niega a reconocer su fracaso y opta por la vía más fácil: la represión. Al presentar a los «ladrones de combustible» como la causa principal de los apagones, las autoridades intentan desviar la atención pública de las verdaderas causas de la crisis. Es una estrategia de chivo expiatorio que busca canalizar la frustración y la ira popular hacia individuos de a pie, en lugar de permitir que esa indignación se dirija hacia el sistema totalitario que ha destruido la productividad y la infraestructura de la isla.
La campaña mediática impulsada por medios oficialistas busca construir un clima de histeria colectiva que justifique la severidad policial. Al involucrar a la población en la detección y denuncia de estos hechos, el gobierno cubano intenta revivir las redes de chivatería y control vecinal que caracterizaron las etapas más oscuras de la represión en la isla. Se fomenta la desconfianza entre ciudadanos para evitar que la indignación por los apagones se transforme en protestas sociales masivas, como ya ha ocurrido en repetidas ocasiones en los últimos años.
Una estrategia de distracción frente al fracaso sistémico
La exigencia de «mano dura» por parte de Manuel Marrero no es más que un parche represivo sobre una herida mortal. La criminalización de la supervivencia y el uso de figuras jurídicas draconianas como el «sabotaje» para castigar hurtos demuestran que la única respuesta de la dictadura ante el colapso de su modelo económico y social es el endurecimiento del garrote.
Mientras el régimen de La Habana despliegue a sus fuerzas represivas para «combatir» el robo de aceite dieléctrico, las termoeléctricas seguirán cayendo, los apagones continuarán asolando a la población y la escasez de combustibles agudizará la pobreza. La verdadera corrupción y el más grande sabotaje a la economía cubana no se ejecutan en los almacenes de base ni en los transformadores de barrio, sino en las oficinas del poder, donde la ineficiencia, la falta de libertad y el autoritarismo han garantizado el colapso de la nación.
