El primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero Cruz, ha exigido un endurecimiento punitivo contra el hurto de combustibles y aceite dieléctrico, intentando desviar la atención sobre el colapso del sistema eléctrico nacional hacia la supuesta delincuencia ciudadana. En medio de una crisis energética sin precedentes, la cúpula del régimen opta por la represión y la amenaza pública, criminalizando la desesperación de una población sumida en la oscuridad por la ineficiencia estatal y la falta de inversiones estructurales.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Marrero Cruz ha instado a reforzar la respuesta institucional frente a hechos que, según su versión, golpean de forma directa la economía nacional y afectan servicios esenciales como el suministro eléctrico. El jefe de Gobierno del régimen de La Habana ha señalado que es necesario elevar el combate contra estos delitos, otorgándoles una «particular gravedad» por su impacto en la ya maltrecha economía isleña y en los servicios básicos, asegurando que «se sepa que hay enfrentamiento».
Estas declaraciones se producen tras la celebración de una videoconferencia del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, en la que participaron autoridades de distintos territorios del país. Durante este encuentro burocrático, la directora general de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure), Leisy Hernández González, presentó un balance sobre las acciones de control relacionadas con el robo de combustible, evidenciando la obsesión del Estado por el control punitivo por encima de la generación real de energía.
Uno de los puntos que ha centrado la atención del aparato gubernamental es la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores eléctricos, un fenómeno que las autoridades consideran de alta sensibilidad. Marrero ha subrayado que este tipo de robo puede dejar sin corriente a comunidades enteras y ha pedido ampliar la divulgación de estos casos para involucrar a la población en su detección y denuncia, una táctica habitual de la dictadura para fomentar el chivaterismo y dividir a la sociedad civil.
El funcionario ha sido enfático al exigir «mano dura con los irresponsables administrativos que no están cumpliendo su papel», una afirmación que resulta paradójica viniendo de un sistema donde la corrupción estructural y la ineficacia gerencial emanan desde las más altas esferas del poder. Al señalar a administrativos de nivel medio, el régimen de La Habana busca cabezas de turco que aplacar la indignación popular, mientras la cúpula militar y política que controla los sectores estratégicos del país permanece intocable.
Además, Marrero ha ordenado reforzar los controles en almacenes, centros de elaboración y puntos de distribución, así como perfeccionar la aplicación Ticket y el sistema de venta en servicentros. Estas medidas se adoptan en medio de una crisis energética crónica que continúa impactando al país con apagones prolongados y una escasez generalizada de combustibles, situación que el gobierno cubano atribuye a factores externos y hurtos menores, ocultando su propia incapacidad para gestionar la infraestructura.
Recientemente, medios afines a la dictadura han reportado varios casos vinculados al hurto de aceite dieléctrico y combustible en distintas provincias, presentándolos como el factor principal de la inestabilidad del sistema. Un incidente en la provincia de Sancti Spíritus resultó en la detención de tres cubanos que fueron sorprendidos extrayendo aceite de transformadores en el municipio de Jatibonico, un hecho que dejó sin servicio a varias comunidades durante un día completo.
Lo más alarmante de este caso es que los detenidos, quienes presuntamente cuentan con antecedentes penales, fueron acusados del delito de «sabotaje». Esta es una calificación extremadamente grave que las autoridades han comenzado a emplear de manera indiscriminada en medio del deterioro sostenido del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), criminalizando la supervivencia y la desesperación con penas que suelen asociarse a delitos políticos contra el Estado.
Contexto: Un país a oscuras por la ineficiencia estatal
La realidad de la infraestructura cubana es el resultado directo de décadas de mala gestión, falta de mantenimiento y un modelo económico centralizado que ha demostrado ser un fracaso rotundo. Las termoeléctricas del país operan muy por debajo de su capacidad debido a averías constantes y obsolescencia tecnológica, mientras el déficit de generación se agrava por la imposibilidad de adquirir combustibles en el mercado internacional, producto de la deuda externa y la falta de liquidez del régimen de La Habana.
En este escenario de colapso, el robo de recursos estratégicos no es más que un síntoma de la profunda crisis social y económica que asola a la isla. La dictadura ha destruido el tejido productivo y empujado a amplios sectores de la población a la marginalidad y la informalidad para poder subsistir. Al exigir «mano dura» contra quienes sustraen combustible o aceite, el gobierno cubano ignora que es su propia política la que ha empujado a los ciudadanos a estos extremos, prefiriendo la represión antes que asumir la responsabilidad de sus errores.
Una estrategia de represión y evasión de responsabilidades
El llamado de Manuel Marrero a aplicar tolerancia cero y «mano dura» no es más que una cortina de humo para evadir las responsabilidades políticas de una dirigencia que ha llevado al país al despeñadero. La estabilidad energética y económica no se logrará con más policías en las calles ni con aplicaciones de control de ventas, sino con un cambio profundo en el modelo de gestión que permita la libre empresa, la inversión extranjera sin trabas burocráticas y el fin del monopolio estatal sobre los recursos.
Mientras el régimen de La Habana continúe criminalizando a la población y utilizando el aparato judicial para castigar la desesperación con figuras tan graves como el «sabotaje», la crisis continuará profundizándose. La exigencia de Marrero es la confirmación de que la dictadura prefiere gobernar bajo el miedo y la represión, antes que reconocer su incapacidad absoluta para garantizar los derechos y el bienestar básico del pueblo cubano. La oscuridad que hoy envuelve a Cuba no es causada por el aceite dieléctrico robado, sino por la opacidad de un sistema totalitario que se niega a rendir cuentas.
