En medio de una profunda crisis humanitaria y escasez alimentaria, el gobierno cubano publica nuevas resoluciones que pretenden regular la comercialización agrícola ignorando el verdadero origen del desastre: el control estatal absoluto sobre la tierra y los medios de producción. Una vez más, la dictadura opta por la burocracia y el intervencionismo en lugar de reconocer el fracaso estructural de su modelo económico.
La realidad del campo cubano es un reflejo descarnado del agotamiento del modelo impuesto por el castrismo. Mientras la población enfrenta dificultades insalvables para acceder a productos básicos de la canasta alimentaria, las máximas autoridades del país insisten en un discurso vacío sobre supuestas «transformaciones» y perfeccionamiento del sistema. Sin embargo, la práctica institucional desmiente cualquier atisbo de apertura. La reciente publicación en la Gaceta Oficial del nuevo Decreto sobre la comercialización de productos agropecuarios y forestales demuestra que la burocracia de La Habana sigue anclada en la planificación central y el control férreo de la economía, recetando más de lo mismo que ha llevado al sector al borde de la ruina.
Estas nuevas normativas han pasado casi desapercibidas para la prensa oficialista, un silencio cómplice que evita el escrutinio público sobre medidas que, de aplicarse a cabalidad, solo profundizarán la herida abierta en la agricultura nacional. El régimen de La Habana parece ignorar una lección que la historia le ha dado de manera reiterada durante más de seis décadas: es imposible desvincular la comercialización de los productos agrícolas de las condiciones técnico-productivas y, sobre todo, de la organización de la propiedad de los medios de producción. Pretenden solucionar el problema del abastecimiento actuando únicamente sobre la última fase del proceso.
Desde las masivas expropiaciones de tierras ejecutadas bajo el paraguas de la llamada Reforma Agraria, la dictadura ha mantenido un control asfixiante sobre el campo. Este empecinamiento en la propiedad estatal y la distribución centralizada ha sido la causa principal del desabastecimiento crónico que sufre la isla. El gobierno cubano se empeña en regular la distribución y el comercio sin atender el origen, donde residen los verdaderos incentivos para la producción. Es una ecuación imposible: pretenden que los productos lleguen a la mesa del consumidor sin garantizar que los agricultores tengan los recursos, la autonomía y los derechos de propiedad necesarios para sembrar y cosechar con eficiencia.
Basta observar modelos agrícolas exitosos en otras latitudes para comprender la magnitud del error cubano. En el ámbito europeo, por ejemplo, la estrecha relación entre las condiciones técnico-productivas y la distribución final es la base de la rentabilidad y la seguridad alimentaria. Las denominaciones de origen, que amparan desde el aceite de oliva hasta los jamones o los vinos, son la plasmación legal de una interdependencia que funciona porque respeta la propiedad privada y la libertad de gestión. Los productores controlan el proceso desde la siembra hasta el mercado, garantizando calidad, estabilidad y abundancia.
En contraste, los diseñadores de la política agraria en Cuba nadan tercamente a contracorriente. El nuevo decreto se apoya en legislaciones previas, como la Ley de Soberanía Alimentaria y normativas de comercialización emitidas en años anteriores, todas ellas rotundos fracasos que no han logrado revertir la crisis. La dictadura se niega a admitir que el problema no radica en la falta de regulación, sino en el exceso de ella. Siguen publicando letanías normativas que, al omitir de forma exprofesa la necesidad de entregar la tierra en propiedad y eliminar el acopio estatal a precios confiscatorios, garantizan la continuidad del desastre y la miseria en el campo.
Cabe preguntarse si esta insistencia obedece a la torpeza o a la mala intención. La respuesta parece combinar ambos elementos. Por un lado, existe la convicción arraigada en la cúpula del régimen de que la economía puede ser dirigida mediante decretos, una ilusión burocrática que solo conduce al empeoramiento de las condiciones de vida. Por otro, la mala intención se evidencia en el miedo visceral a perder el control político, lo que les impide liberalizar el sector. El caso del tabaco, uno de los pocos cultivos que sobrevivió con cierta autonomía a la ola expropiatoria y que hoy mantiene ingresos por exportación, es la excepción que confirma la regla y un ejemplo que la dirigencia comunista se niega a escalar por temor a la pérdida de hegemonía.
El Decreto recientemente publicado no es más que una norma emanada de la planificación central, perdida en un laberinto de regulaciones sobre el proceso de comercialización mayorista y minorista, atribuciones, obligaciones e infracciones. Pretender regular con trabas burocráticas una actividad milenaria como es la agricultura demuestra el delirio de omnipotencia del Estado comunista. Siguen convencidos de que sus normas «científicas» y su ingeniería social pueden sustituir las leyes naturales del mercado y el derecho fundamental a la propiedad privada, repitiendo errores que ya les costaron el colapso de la zafra azucarera y la ganadería.
Un análisis detenido del texto normativo revela su profunda desconexión con la realidad. Al definir los procesos de producción, transformación y comercialización, la norma parte de la cosecha o el sacrificio, ignorando torticeramente que las decisiones previas —el acceso a insumos, el crédito, la libertad para elegir qué sembrar y a quién venderle— son las que determinan el éxito o el fracaso. Regular a partir de la cosecha es como pretender curar una enfermedad tratando solo el síntoma y no la causa. A los campesinos cubanos no les faltan decretos punitivos; les falta libertad y seguridad jurídica.
El contexto de un campo invadido por la ineficiencia
El sector agropecuario cubano es, sin lugar a dudas, uno de los más golpeados por la ineficiencia del sistema socialista. Durante décadas, la isla ha visto cómo sus fértiles tierras se han ido perdiendo en el marabú, una planta invasora que simboliza el abandono y la falta de incentivos para el trabajo agrícola. La caída de los rendimientos en cultivos fundamentales como el arroz, los frijoles, la vianda y la leche ha convertido a Cuba en un país dependiente de las importaciones para alimentar a su población, una paradoja inaceptable para una nación con un potencial agrícola tan significativo y un clima favorable.
En este contexto de crisis estructural, las promesas de reforma del gobierno cubano han sido sistemáticamente incumplidas. Las tierras entregadas en usufructo a particulares vienen acompañadas de tal cantidad de restricciones, impuestos y obligaciones de venta al Estado a precios subsidiados, que resultan económicamente inviables para los productores. La dictadura prefiere mantener el control de un sector empobrecido antes que permitir el florecimiento de una clase campesina próspera e independiente, lo que constituye un claro ejemplo de cómo la subordinación de la economía a la política totalitaria destruye la riqueza nacional y empobrece a la población.
Un futuro sombrío bajo el control estatal
En definitiva, mientras el régimen de La Habana se mantenga empecinado en regular la economía mediante decretos intervencionistas que ignoran el derecho a la propiedad privada y la libertad de mercado, el sector agropecuario cubano continuará su espiral descendente. Los cubanos seguirán padeciendo las penurias de una dieta empobrecida, dependiendo de las remesas y de los mercados negros para sobrevivir. La solución no reside en nuevas resoluciones en la Gaceta Oficial, sino en el desmantelamiento del modelo que ha mantenido secuestrada a la agricultura cubana durante más de medio siglo. Mientras la dictadura no reconozca que el problema es el Estado mismo, cualquier intento de reforma será, sencillamente, otra mala cosecha para el pueblo de Cuba.
