La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha respaldado públicamente la controvertida estrategia de la Casa Blanca de tolerar temporalmente a Delcy Rodríguez en la cúpula del poder en Caracas. Esta decisión, materializada en la eliminación de su nombre de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro, retrata a la dirigente chavista no como una aliada ideológica, sino como una pieza funcional dentro de una transición geopolítica administrada desde Estados Unidos, un movimiento que envía ondas expansivas directas hacia el debilitado régimen de La Habana.
El giro en la política exterior estadounidense cobra una relevancia sin precedentes al producirse en un escenario post-Maduro. Tras la captura del antiguo mandatario venezolano en un operativo dirigido por Washington, la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina marcó el inicio de una fase de reacomodo en la región. La declaración de Salazar, quien afirmó que Rodríguez es «solo una solución a corto plazo para un problema que podría ser mayor», encapsula el pragmatismo crudo que guía las decisiones en la capital estadounidense frente al colapso del chavismo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ejecutó la medida formal que sacó a Rodríguez de su lista de Nacionales Especialmente Designados, confirmando que la Casa Blanca optó por abrirle un espacio de maniobra indispensable. Este levantamiento de sanciones no representa un perdón histórico ni una absolución ética, sino una herramienta de presión invertida: se le otorga legitimidad financiera limitada a una figura cuestionada para garantizar que el aparato estatal venezolano no se desintegre en un vacío de poder que podría ser aprovechado por actores irregulares o por la propia dictadura cubana.
En sus recientes apariciones públicas, la representante por Florida ha matizado su discurso para adaptarse a esta nueva realidad geopolítica. Aunque en el pasado calificó a Rodríguez como la figura al mando de la policía secreta y del aparato represivo, su narrativa actual la define como una funcionaria corrupta —»una ladrona», en sus propias palabras— pero necesaria para evitar un colapso institucional. Salazar ha sido clara al subrayar que Washington no está otorgando a Diosdado Cabello ni a Delcy Rodríguez un margen absoluto para dirigir el país, sino que los mantiene bajo una estricta supervisión transicional.
La maquinaria diplomática de Estados Unidos se ha movilizado en consecuencia. El Departamento de Estado ha confirmado el envío de la embajadora Laura Dogu a Caracas con el objetivo explícito de establecer canales de comunicación con el denominado «gobierno interino». Por su parte, figuras clave del gabinete como Marco Rubio han normalizado el discurso al referirse a las «nuevas autoridades interinas, lideradas por Delcy Rodríguez», consolidando la idea de que la salida de Maduro requiere de administradores que, aunque manchados por su pasado, posean el control operativo sobre el territorio y las fuerzas armadas.
Los contactos en la sombra revelan la profundidad de esta estrategia. Reportes de agencias internacionales han señalado que la Administración estadounidense ha mantenido líneas de comunicación con Diosdado Cabello, buscando activamente impedir un escenario de caos. La prioridad absoluta de Washington es evitar que la fragmentación del poder en Venezuela ponga en riesgo la estabilidad regional, una estabilidad que el gobierno cubano ha intentado sabotear históricamente para mantener su influencia y su acceso a recursos vitales.
Para el régimen de La Habana, este desarrollo representa una amenaza existencial. La caída de Nicolás Maduro y la instauración de un gobierno interino tutelado por Estados Unidos significan la pérdida de su principal aliado geopolítico y socio económico. El gobierno cubano ha dependido durante décadas del flujo de petróleo venezolano a precios preferenciales, así como de los mecanismos de cooperación financiera que le permitían oxigenar su economía centralizada y fracasada. La interrupción o condicionamiento de este flujo acelera el colapso estructural de la isla.
Además, la dictadura cubana pierde con este giro su profunda injerencia en los servicios de inteligencia venezolanos. El aparato represivo que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello han gestionado durante años estuvo históricamente asesorado y penetrado por la inteligencia cubana. Al pasar Maduro a manos de la justicia internacional y al quedar el poder en figuras negociando directamente con Washington, La Habana ve cómo su red de control transnacional se desconecta, quedando en una posición de vulnerabilidad y aislamiento extremo.
La postura de la comunidad exiliada, representada en parte por la congresista Salazar, refleja una dolorosa lección de realismo político. Aceptar la gestión de figuras del chavismo para una transición administrada es un mal menor frente a la alternativa de una guerra civil o de la consolidación de un narco-estado fragmentado. Sin embargo, este pragmatismo no exime a estas figuras de su responsabilidad en décadas de violaciones a los derechos humanos, represión y saqueo de la nación venezolana.
Contexto: El eje autoritario y la influencia de La Habana
Para comprender la magnitud de la transición que se desarrolla en Venezuela, es imperativo observar el rol histórico que la dictadura cubana ha jugado en la consolidación del modelo chavista. Desde los inicios del siglo, el régimen de La Habana exportó su maquinaria de control social, espionaje y represión hacia Caracas. Agentes de la inteligencia cubana se incrustaron en las estructuras militares y políticas venezolanas, garantizando la lealtad al oficialismo y construyendo un sistema de persecución a la disidencia que replicaba los métodos utilizados en la isla.
Esta simbiosis permitió al gobierno cubano mantener una falsa economía de supervivencia. A cambio de asesoría represiva y apoyo logístico, La Habana recibía petróleo y divisas que sostenían su precario sistema interno. Con Maduro fuera de la ecuación y figuras como Delcy Rodríguez asumiendo un rol de gestores transitorios bajo la atenta mirada de Washington, el esquema de subvención se rompe. El régimen de La Habana se enfrenta ahora a la cruda realidad de su ineficiencia productiva, sin la red de protección que le brindaba el chavismo en su máxima expresión de poder.
Cierre: Los riesgos de una transición a medida
La estrategia de utilizar a figuras cuestionadas como administradores de una transición forzada está plagada de riesgos geopolíticos y éticos. Si bien la contención del caos es un objetivo legítimo de la política exterior estadounidense, legitimar a personajes que han sido pieza clave del aparato represivo envía un mensaje ambiguo sobre el compromiso real con la justicia y los derechos humanos en la región. La estabilidad lograda a través de pactos con antiguos verdugos suele ser frágil y susceptible a nuevas crisis de legitimidad.
La caída del chavismo ortodoxo y la reconfiguración del poder en Caracas deben ser vistas como un punto de inflexión que también presagia el inevitable declive de la dictadura en Cuba. El aislamiento de La Habana se profundiza, y la pérdida de su principal soporte externo augura un escenario de creciente tensión interna en la isla. La comunidad internacional y los actores democráticos deben mantener una vigilancia crítica sobre cómo se ejecuta esta transición, asegurando que el pragmatismo de corto plazo no traicione la aspiración fundamental de libertad y democracia que tanto el pueblo venezolano como el cubano merecen y han sufrido por décadas.
