Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirman el asesinato de una adolescente de 14 años y una adulta mayor de 62, elevando a 11 los feminicidios documentados en la isla en lo que va de año. La ausencia de políticas públicas efectivas y la opacidad estadística del régimen de La Habana agravan una tragedia social profundamente vinculada a la deteriorada realidad humanitaria que sufre el país.
El ascenso de la violencia de género en Cuba continúa cobrando víctimas fatales en los sectores más desprotegidos de la sociedad civil. La labor de monitoreo llevada a cabo por observatorios feministas independientes ha revelado la confirmación de dos nuevos feminicidios, perpetrados contra los segmentos demográficos que mayor desamparo sufren en el contexto de la crisis estructural que atraviesa la nación. Estos asesinatos elevan a once el número de mujeres asesinadas por motivos de género documentados en el país en lo que va de año, una cifra que, advierten las organizaciones, es solo un reflejo parcial de una realidad mucho más sombría.
Los casos recientemente verificados estremecen por la brutalidad de los ataques y la absoluta vulnerabilidad de las víctimas. Una de ellas fue identificada como Katherine Cruz Aguilera, una joven de apenas catorce años de edad. La adolescente perdió la vida de forma violenta, presuntamente a manos de su expadrastro, en su propia residencia ubicada en el barrio La Caldosa, en la localidad de El Cornito, provincia de Las Tunas. La barbarie de este crimen ilustra la exposición letal que sufren las infancias y adolescencias cubanas en sus propios hogares, espacios que deberían ser de protección pero que, ante el colapso social, se han convertido en escenarios de riesgo mortal.
El segundo caso documentado por las redes feministas es el de Santa Durán Hurtado, una mujer de 62 años, víctima de feminicidio familiar. La adulta mayor fue asesinada en la vivienda de un familiar cercano, presuntamente por su propio nieto. Este suceso subraya una tendencia alarmante: el incremento de la violencia intrafamiliar que deviene en homicidio, afectando de manera desproporcionada a las mujeres mayores que dependen de sus redes familiares en un entorno de escasez y precariedad extrema.
El registro minucioso de estas plataformas independientes indica que, además de los once feminicidios confirmados en lo que va de año, se contabilizan siete intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género en el mismo período. Asimismo, las organizaciones mantienen abiertas investigaciones sobre once posibles feminicidios, cuatro intentos y un asesinato de un hombre alertados en años anteriores, así como cinco posibles feminicidios que están bajo escrutinio en el presente ciclo. Esta acumulación de expedientes pone de manifiesto la persistencia y el agravamiento de un patrón de violencia sistemática que el Estado cubano se niega a reconocer en su verdadera magnitud.
Es imprescindible subrayar que estas cifras representan un severo subregistro. Las dificultades para acceder a la información oficial, la censura impuesta por el régimen sobre las cifras de criminalidad y la falta de transparencia institucional obligan a las activistas a construir sus bases de datos a partir de denuncias ciudadanas, redes sociales y verificaciones periodísticas alternativas. Mientras la dictadura mantiene un hermetismo absoluto sobre las estadísticas de violencia de género, la sociedad civil arriesga su seguridad para visibilizar una tragedia que el gobierno cubano prefiere mantener en la sombra.
La responsabilidad del régimen de La Habana en esta crisis es directa e ineludible. La falta de políticas públicas efectivas, la inexistencia de un protocolo estatal para la atención de víctimas de violencia machista y la deficiencia estructural del sistema judicial cubano crean un escenario de absoluta impunidad. Las mujeres cubanas que logran superar el miedo a denunciar se enfrentan a un aparato policial e institucional revictimizante, que minimiza las amenazas y desestima el riesgo inminente de feminicidio hasta que es demasiado tarde.
Resulta particularmente cínica la retórica oficial del gobierno cubano en foros internacionales, donde presume de un supuesto avance en materia de equidad de género y derechos de la mujer. Sin embargo, la realidad interna desmiente tajantemente esa narrativa propagandística. La dictadura no solo ha fracasado en garantizar el derecho a la vida y a una vida libre de violencia para las mujeres, sino que su modelo económico y político es el principal catalizador de la crisis humanitaria que está destruyendo el tejido social.
El caldo de cultivo: crisis, represión y abandono institucional
Cuba atraviesa uno de los períodos más críticos de su historia reciente, caracterizado por un colapso económico sin precedentes, apagones prolongados, escasez severa de alimentos y medicinas, y un éxodo masivo que ha desmembrado a las familias. En este escenario de desesperación cotidiana, las tensiones sociales se han exacerbado, creando un caldo de cultivo ideal para el aumento de la violencia doméstica y de género. El estrés crónico provocado por la incapacidad del régimen para garantizar las necesidades básicas de la población se descarga, con trágica frecuencia, sobre las mujeres, niñas y ancianas.
La profunda crisis humanitaria no es una mera coincidencia en el aumento de los feminicidios, sino su motor directo. Las plataformas feministas han insistido reiteradamente en cómo la precariedad material y el desmoronamiento de los servicios de asistencia social impactan de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables. Las personas adultas mayores, por ejemplo, sufren el abandono del Estado en silencio, dependiendo de familiares que muchas veces no cuentan con los recursos psicológicos ni materiales para brindarles los cuidados necesarios, derivando en situaciones de violencia extrema.
A la penuria material se suma el componente represivo de la dictadura. El miedo a las instituciones estatales, la desconfianza hacia la policía y la certeza de que el sistema judicial no impartirá justicia de manera imparcial disuaden a las víctimas de buscar ayuda antes de que ocurra lo irreparable. El Estado cubano ha demostrado una y otra vez que su prioridad no es la seguridad de sus ciudadanos, sino el mantenimiento del control político, destinando sus recursos a la represión de la disidencia y no a la protección de las mujeres.
Una tragedia que no puede seguir en la sombra
La labor incansable de plataformas como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba trasciende el ámbito del activismo; constituye un ejercicio de resistencia civil y de memoria histórica frente a la maquinaria del olvido impulsada por el Estado. Al nombrar a las víctimas, documentar los crímenes y exigir transparencia, estas organizaciones están cumpliendo una función que correspondería a las instituciones de cualquier país que se jacte de tener un sistema de justicia funcional.
Sin embargo, la sociedad civil no puede sustituir indefinidamente las obligaciones del Estado. La exigencia de transparencia estadística, la implementación de una ley integral contra la violencia de género y la creación de refugios y protocolos de protección real son demandas mínimas que el régimen de La Habana continúa ignorando. Mientras la dictadura persista en negar la gravedad de la violencia machista y mantenga intacto el sistema de opacidad informativa, las mujeres cubanas seguirán cayendo de manera silenciosa pero incesante.
La muerte de Katherine Cruz Aguilera y de Santa Durán Hurtado no son tragedias aisladas ni simples hechos policiales; son el resultado directo de un sistema que ha despojado a sus ciudadanos de toda red de protección. La comunidad internacional y los organismos defensores de los derechos humanos deben dirigir su mirada hacia esta realidad y exigir al gobierno cubano rendición de cuentas. La vida de las mujeres en Cuba no puede seguir siendo una estadística invisible en los archivos de una dictadura que se niega a ver su propio fracaso.
