La profunda crisis humanitaria que asola la Isla y la absoluta falta de políticas públicas eficaces por parte del gobierno cubano han propiciado un escenario aterrador para las mujeres. Plataformas feministas independientes han constatado dos nuevos asesinatos por motivos de género, elevando a once la cifra de feminicidios en lo que va de año, una tragedia que la dictadura se empeña en invisibilizar mediante el secretismo estadístico y la represión a la sociedad civil.
La sociedad civil cubana continúa realizando el arduo trabajo que las instituciones del Estado eluden sistemáticamente. A través de un monitoreo meticuloso y ante la opacidad informativa del régimen de La Habana, los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han confirmado el asesinato de dos mujeres recientemente. Estos crímenes no solo reflejan la crueldad de la violencia machista, sino que también exponen la vulnerabilidad extrema de los sectores más desprotegidos en la actual coyuntura socioeconómica de la Isla.
Una de las víctimas ha sido identificada como Katherine Cruz Aguilera, una adolescente de apenas 14 años. La menor perdió la vida de manera violenta, presuntamente a manos de su expadrastro, en su propia residencia ubicada en el barrio La Caldosa, en la localidad de El Cornito, perteneciente a la provincia de Las Tunas. El hogar, que debía ser el espacio más seguro para una niña, se convirtió en el escenario de su ejecución, poniendo de manifiesto el fracaso de los supuestos sistemas de protección a la infancia y adolescencia tan cacareados por la propaganda oficialista.
El segundo caso verificado por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres es el de Santa Durán Hurtado, una mujer de 62 años. La adulta mayor fue víctima de un feminicidio familiar, perpetrado en la vivienda de un familiar cercano y a manos de su propio nieto. Este aberrante suceso subraya el deterioro del tejido social y familiar en Cuba, exacerbado por las penurias económicas, la falta de perspectivas y el colapso de los valores comunitarios, fenómenos que el gobierno cubano atribuye a coyunturas externas pero que son consecuencia directa de su ineficacia y control totalitario.
Las plataformas feministas han alertado reiteradamente sobre la intersección de la crisis humanitaria y la violencia de género. En sus comunicados, las activistas subrayan la dura situación que atraviesan las infancias, las adolescencias y las personas adultas mayores en el contexto actual. La falta de recursos, los apagones prolongados, la escasez de alimentos y la indefensión jurídica crean un caldo de cultivo perfecto para que la violencia intrafamiliar escale hasta consecuencias fatales, mientras las autoridades hacen la vista gorda o llegan demasiado tarde.
El registro actualizado por estas organizaciones de la sociedad civil arroja cifras escalofriantes. Además de los 11 feminicidios confirmados en lo que va de año, se contabilizan siete intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género en el mismo período. Estas estadísticas, sin embargo, son apenas la punta del iceberg. Las propias plataformas reconocen que sus datos representan un subregistro significativo, debido a las enormes dificultades para acceder a la información oficial y verificar los casos en un país donde la prensa independiente es perseguida y el acceso a documentos públicos es sistemáticamente negado.
Paralelamente, las organizaciones mantienen abiertas investigaciones sobre múltiples casos que aún no han podido ser corroborados al cien por cien. Se investigan 11 posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en el año anterior, así como cinco posibles feminicidios alertados en el actual ciclo. Esta labor de investigación periodística y de derechos humanos se realiza bajo el constante acoso de la dictadura, que en lugar de facilitar el acceso a la justicia, criminaliza y vigila la labor de los activistas.
La respuesta institucional del régimen de La Habana frente a la violencia de género ha sido históricamente deficiente y meramente cosmética. A pesar de la promulgación de códigos y normativas que en el papel pretenden mostrar un Estado moderno y protector, en la práctica las mujeres cubanas se enfrentan a un sistema policial y judicial revictimizante. La inexistencia de refugios estatales para víctimas de violencia doméstica, la falta de campañas educativas sostenidas y la impunidad de los agresores son políticas de hecho en la Isla.
La exigencia de las plataformas independientes es clara y unánime: se necesitan políticas públicas efectivas, transparencia estadística y una respuesta institucional integral. Sin embargo, exigirle transparencia a una dictadura es una contradicción en sus propios términos. El gobierno cubano oculta las cifras reales de feminicidios porque reconocer la magnitud del problema sería admitir el fracaso de su modelo socioeconómico y la ruptura total del contrato social que durante décadas ha sostenido su discurso hegemónico.
Contexto: La violencia de género bajo el manto de la dictadura
Para comprender la magnitud de la tragedia de los feminicidios en Cuba, es indispensable analizar el entorno de represión y control en el que se desarrollan. El régimen de La Habana ha monopolizado durante más de seis décadas todas las esferas de la vida pública y privada. En este contexto, el surgimiento de observatorios de género independientes como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba representa un acto de profunda desobediencia civil y una necesidad vital ante el abandono estatal absoluto.
El gobierno cubano ha utilizado recurrentemente el discurso de la «igualdad de género» como una de sus principales vitrinas internacionales, jactándose de los supuestos logros de la revolución en materia de derechos de la mujer. No obstante, la realidad que viven las cubanas en sus hogares desmiente rotundamente esta narrativa. Mientras las altas dirigentes del Partido Comunista participan en foros internacionales, en las barriadas marginales de La Habana, Santiago de Cuba o Las Tunas, las mujeres son asesinadas a manos de sus parejas o familiares sin que exista una red de contención que las salve.
La crisis económica prolongada, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la degradación de los servicios básicos, ha recrudecido los conflictos intrafamiliares. La dictadura ha impuesto un modelo de supervivencia que obliga a múltiples generaciones a convivir hacinadas en viviendas en estado deplorable, un factor de riesgo evidente para la escalada de la violencia. A esto se suma la inoperancia de la policía, que en múltiples ocasiones minimiza las denuncias previas de las víctimas, catalogándolas como «problemas conyugales» hasta que es demasiado tarde.
La penalización del feminicidio como tal sigue siendo un debate estancado en la Isla. Aunque la sociedad civil lo exige, el sistema legal cubano no tipifica de manera autónoma este delito, lo que dificulta la recopilación de datos oficiales y la aplicación de penas agravadas. Esta laguna jurídica no es casualidad, sino una manifestación más del desinterés del Estado por abordar de manera estructural el patriarcado y la violencia machista, limitándose a aplicar figuras genéricas de homicidio que invisibilizan el componente de género.
La labor de las periodistas y activistas que conforman estos observatorios es heroica y trágica a la vez. Se enfrentan no solo a la burocracia y el secretismo del Estado, sino a la vigilancia de la Seguridad del Estado. Reportar un feminicidio en Cuba implica moverse en la delgada línea entre la denuncia pública y la represalia política. Aun así, estas mujeres continúan nombrando a las víctimas, recordando sus historias y desafiando el silencio cómplice de las instituciones.
En definitiva, cada uno de los once feminicidios confirmados es un fracaso del Estado cubano. La muerte de Katherine y de Santa no son hechos aislados ni tragedias inevitables; son el resultado directo de un sistema que ha despojado a sus ciudadanos de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a una vida libre de violencia. Mientras el régimen de La Habana no asuma su responsabilidad y la dictadura mantenga su política de opacidad y control, la sangre de las mujeres cubanas seguirá derramándose en el silencio de la indiferencia oficial.
