La coalición opositora ha emitido un pronunciamiento firme frente a la reciente propuesta del régimen de La Habana de captar inversiones del exilio. Ante la ausencia de garantías jurídicas y la persistente represión, la organización insta a la diáspora a retener su capital hasta que se materialice una verdadera transición democrática en la Isla, evitando que los recursos sean utilizados para perpetuar el autoritarismo.
La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) ha posicionado su voz de manera contundente frente a las recientes declaraciones del viceministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien insinuó la apertura para que emigrados y sus descendientes inviertan en la economía nacional. Desde la perspectiva de la coalición, cualquier inyección de capital extranjero bajo el actual estatus político resulta no solo contraproducente, sino éticamente inaceptable. La organización subraya que el sistema imperante es el mismo que orilló al exilio a millones de ciudadanos, y que ahora, paradójicamente, el régimen busca en aquellos desterrados la salvación económica que su modelo centralizado es incapaz de proveer.
Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC, ha sido el encargado de articular este rechazo, fundamentando su postura en la ausencia absoluta de condiciones mínimas para el desarrollo empresarial. Para el dirigente, resulta incomprensible que el exilio cubano considere invertir bajo la misma dictadura que generó las condiciones de miseria y represión que provocaron su salida. La crítica se centra en la naturaleza misma del sistema, el cual, según argumenta, es estructuralmente incompatible con el libre mercado y la iniciativa privada genuina.
Inviabilidad del libre mercado bajo el autoritarismo
Desde una perspectiva pragmática, Gutiérrez-Boronat desmenuza las razones por las cuales la inversión privada no puede fructificar en la actual coyuntura cubana. El dirigente enfatiza que en una sociedad carente de Estado de derecho, donde la transparencia informativa es nula y los ciudadanos están privados del derecho a organizarse, reclamar o ejercer la libertad laboral, el éxito económico está condenado al fracaso. La inversión requiere seguridad jurídica, un elemento que el régimen de La Habana ha sistemáticamente destruido a lo largo de décadas para mantener su control hegemónico sobre la sociedad.
La naturaleza de los regímenes comunistas, añade el secretario general, es profundamente anticapitalista. Aunque el gobierno cubano intente introducir parches o reformas económicas para aliviar la profunda crisis, estos esfuerzos chocan inevitablemente con la eficacia y la dinámica inherente de una sociedad libre. El mercado, explica, no es una entidad aislada que pueda ser implantada por decreto; es el resultado directo de una sociedad libre cimentada en el respeto a la ley y la propiedad. Sin estos cimientos, cualquier capital inyectado se diluye en la ineficiencia y la corrupción estatal.
La propuesta de invertir solo cobraría sentido, según la ARC, bajo un sistema democrático donde la ley garantice los derechos patrimoniales y la sociedad civil pueda ejercer contraloría. En una Cuba democrática, la inversión estaría respaldada por la posibilidad de debatir, informarse y reclamar, herramientas indispensables para saber dónde y cómo trabajar. Bajo las actuales condiciones, el capital del exilio quedaría a merced de la arbitrariedad gubernamental, sin protección legal alguna frente a la expropiación o el cambio caprichoso de las normativas.
El exilio como instrumento de supervivencia del régimen
La postura de la ARC también arremete contra la hipocresía institucional del gobierno cubano. Gutiérrez-Boronat recalca que el régimen debe encontrarse en un estado de desesperación extrema para tender la mano a aquellos mismos sectores que históricamente fueron estigmatizados, perseguidos y obligados a abandonar la Isla bajo calificativos denigrantes. Esta contradicción evidencia la bancarrota del modelo, que ahora intenta lavar su imagen frente a la diáspora con el único fin de captar recursos y prolongar su agonía política.
En este sentido, la coalición opositora lanza una advertencia directa a la diáspora: abstenerse de inyectar capital hasta que se produzca un cambio político sustancial. El comunicado de la ARC sostiene que la dictadura pretende utilizar al exilio cubano como un «nuevo banco proveedor». El riesgo, advierten, es que los fondos sean apropiados por la cúpula de poder para luego ser utilizados en el sostenimiento de la maquinaria de represión que mantiene subyugado al pueblo cubano. La organización llama a resistir la tentación de invertir ahora, para garantizar en el futuro una sociedad saludable que crezca de la mano de la inversión extranjera genuina, y no bajo el amparo de la tiranía.
La declaración de la coalición es tajante al afirmar que únicamente apoya «el cambio verdaderamente político hacia la libertad y la democracia en Cuba». Este posicionamiento establece una línea divisoria clara: la responsabilidad del exilio no es rescatar a la dictadura de su ineficiencia, sino apoyar la emancipación de los cubanos que residen en la Isla. Cualquier iniciativa económica que omita la necesidad imperiosa de un cambio de régimen es considerada por la ARC como un retroceso en la lucha por las libertades fundamentales.
Contexto: La profundización de la crisis estructural
Para comprender la magnitud de este pronunciamiento, es imperativo observar el contexto en el que se desarrolla la economía cubana. Cuba atraviesa una de las crisis más agudas de su historia reciente, caracterizada por una inflación galopante, apagones prolongados, escasez crónica de alimentos y medicamentos, y un éxodo masivo sin precedentes. El régimen de La Habana ha llevado al país a convertirse en lo que muchos analistas y la propia ARC califican como un «Estado fallido». La falta de productividad estatal, la dependencia crónica de subsidios externos y la incapacidad de generar riqueza han dejado al gobierno en una posición de vulnerabilidad extrema, forzándolo a buscar oxígeno financiero en los sectores que antes repudiaba.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, fundada como una coalición que agrupa a organizaciones del exilio y a la oposición interna en la Isla, ha mantenido una línea coherente de exigencia de libertades. Su trabajo, respaldado por la comunidad internacional y la sociedad civil cubana, se alinea con iniciativas como el «Acuerdo por la Democracia» y el «Acuerdo de Liberación de Cuba». Estos documentos proponen una hoja de ruta para la transición política, enfatizando que el bienestar económico es indivisible del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La existencia de presos políticos y la constante represión son recordadas por la ARC como pruebas innegables de que el sistema no ha variado su esencia autoritaria.
El llamado de la ARC plantea una disyuntiva crucial para los cubanos en el exterior. La nostalgia y el deseo de contribuir al bienestar de familiares en la Isla pueden chocar con la realidad de que cualquier inversión institucional fortalece la estructura del régimen. La coalición insta a la diáspora a trascender la ayuda familiar para adoptar una postura de presión política. Solo la retención de capital, argumentan, puede enviar un mensaje inequívoco a la cúpula gobernante: no habrá rescate económico sin libertades, y no habrá inversión privada sin un Estado de derecho que la proteja.
Una encrucijada para la diáspora y el futuro de Cuba
En definitiva, el pronunciamiento de la Asamblea de la Resistencia Cubana reafirma una premisa fundamental en el análisis de la realidad insular: la crisis en Cuba no es meramente un problema de liquidez o de falta de inversión, sino un problema esencialmente político. Mientras la dictadura mantenga el monopolio del poder, la represión a la disidencia y la cárcel para los opositores, cualquier intento de reformar la economía estará destinado al fracaso. La verdadera reconstrucción de Cuba, concluyen, aguarda el momento en que el exilio pueda regresar e invertir en una nación verdaderamente libre, democrática y próspera, donde el esfuerzo y el capital rindan sus frutos sin la sombra del autoritarismo.
