El Ministerio del Interior (MININT) de Cuba informó sobre la confiscación de dos embarcaciones halladas en estado de aparente abandono en los espacios acuáticos de la provincia de Camagüey. El hallazgo, divulgado a través del diario oficial Granma, se produce en un contexto donde la actividad marítima irregular ha aumentado de manera exponencial, directamente vinculada a la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla, la cual ha empujado a miles de ciudadanos a intentar rutas de escape marítimas.
Mediante la Resolución No. 06/2025, emitida por el Jefe del Departamento Nacional de Capitanías de Puerto con fecha del 21 de abril de 2025, el régimen de La Habana formalizó la incautación de la primera embarcación. Se trata de una moto acuática de color negro y amarillo, identificada con el número FL3058TC. Este vehículo fue localizado el 26 de abril de 2024 en la zona conocida como Quebrado el Real, perteneciente al municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey.
Según las especificaciones técnicas proporcionadas por las autoridades de la isla, la moto acuática posee un casco fabricado en fibra de vidrio, con una eslora de 3,20 metros, una manga de 1,10 metros y un puntal de 0,60 metros. Además, está equipada con un motor estacionario de cuatro cilindros de la marca YAMAHA. La falta de un propietario identificado o de registros formales ha facilitado que el Estado avance en su decomiso.
El segundo caso se materializó a través de la Resolución No. 07/2025. Esta nave, sin nombre ni registro oficial, fue hallada el 12 de diciembre de 2024 en la zona de Estero Los Negros, municipio de Esmeralda, también en Camagüey. El vehículo es una embarcación de color blanco, con casco de fibra de vidrio, eslora de 5 metros, manga de 1,90 metros y puntal de 0,60 metros. Está propulsada por un motor fuera de borda de tres cilindros, marca YAMAHA, de 60 caballos de fuerza (HP), que utiliza gasolina como combustible y carece de número de serie visible.
Marco legal y silencio oficial sobre el destino de los bienes
La Dirección de Tropas Guardafronteras, órgano dependiente del MININT, estableció un margen de tiempo para que los posibles afectados presenten reclamaciones. Según la nota oficial, los interesados podrán reclamar por escrito ante el jefe de la entidad los «derechos vulnerados» en un término de 20 días naturales, contados a partir de la publicación del aviso. Sin embargo, el ejecutivo cubano ha omitido detalles sobre el destino inmediato de estos medios navales.
Experiencias anteriores indican que estos procedimientos rara vez concluyen con la devolución de los bienes a ciudadanos particulares. La normativa vigente, específicamente la Resolución No. 1/2015 del MININT, estipula que las embarcaciones abandonadas o no reclamadas suelen ser incorporadas directamente a los activos del Estado cubano. Esta práctica de incautación ha sido criticada por analistas como un mecanismo del gobierno para apropiarse de bienes privados en un país donde la propiedad de embarcaciones está fuertemente restringida y vigilada.
Antecedentes de un fenómeno recurrente
Los hallazgos de embarcaciones a la deriva o varadas en las costas cubanas no son hechos aislados. A principios de este año, en el mes de abril, la Capitanía del Puerto de Cárdenas reportó el descubrimiento de dos naves abandonadas en la costa norte de Matanzas, siguiendo un patrón similar al de las provincias centrales y orientales del país.
Los reportes de la Capitanía de Puertos durante los años 2022, 2023 y 2024 documentaron un incremento sostenido en el número de embarcaciones halladas en estas condiciones. Aunque las autoridades rara vez confirman de manera explícita las causas, expertos en temas migratorios y observadores internacionales señalan que muchas de estas naves son utilizadas en intentos fallidos de emigración ilegal o, en menor medida, en operaciones de tráfico de drogas y personas. La ausencia de explicaciones oficiales sobre el paradero de los tripulantes de estas embarcaciones genera incertidumbre sobre el destino de quienes intentan abandonar la isla por vía marítima.
El trasfondo de la crisis estructural
Para comprender la magnitud de estos hallazgos marítimos, es imprescindible vincularlos con la crisis estructural que sufre Cuba. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de productos básicos, los apagones prolongados y la falta de oportunidades laborales han creado un caldo de cultivo insostenible para la población. El fracaso del modelo económico centralizado ha llevado a que sectores amplios de la sociedad, especialmente los jóvenes, vean en la emigración la única alternativa de supervivencia.
El régimen de La Habana ha respondido a este descontento social no con reformas estructurales, sino con un endurecimiento del control policial y la criminalización de la salida irregular del país. La política migratoria del gobierno cubano se caracteriza por su ambigüedad: por un lado, facilita la emigración legal hacia ciertos países para aliviar la presión social interna, pero por otro, reprime severamente los intentos de salida por vía marítima hacia Estados Unidos, utilizando a las Tropas Guardafronteras para interceptar a los balseros.
En este escenario de asfixia económica y represión, la dictadura cubana mantiene un control absoluto sobre los espacios marítimos. La confiscación de embarcaciones, como las halladas en Camagüey, forma parte de un dispositivo más amplio de vigilancia que busca desincentivar la salida de ciudadanos. Las condiciones de extrema pobreza y la falta de libertades fundamentales obligan a cientos de cubanos a arriesgar sus vidas en mares turbulentos, utilizando desde balsas rústicas hasta embarcaciones de mayor envergadura que luego son abandonadas o interceptadas.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La incautación de estas dos embarcaciones en Camagüey subraya la persistencia de una crisis humanitaria silenciada por el aparato propagandístico del Estado. Mientras el gobierno cubano se apropia de los bienes incautados, no ofrece respuestas sobre las personas que pudieron haber estado a bordo, ignorando el drama humano detrás de cada hallazgo. La política de confiscación se convierte así en una herramienta más de presión hacia una ciudadanía desesperada.
De cara al futuro, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su mirada puesta en la situación de la isla. El incremento de la actividad marítima irregular es un termómetro claro del nivel de deterioro social y económico en Cuba. Sin un cambio real en las políticas que han llevado al país a la ruina, es previsible que los intentos de éxodo marítimo continúen, exponiendo a más ciudadanos a riesgos fatales y poniendo a prueba la capacidad de respuesta tanto del régimen como de las naciones receptoras en la región.
