El Ministerio del Interior de la dictadura cubana ha anunciado la desarticulación de varias redes informales de remesas y cambio de divisas, apelando a la infiltración en redes sociales y la criminalización de la pequeña empresa privada. Sin embargo, esta ofensiva contrasta de manera flagrante con la impunidad de la que gozan altos funcionarios y sus familiares, evidenciando el carácter selectivo y monopolista del control económico que ejerce la cúpula castrista sobre la Isla.
En medio de una profunda crisis económica y una escasez crónica de efectivo que asfixia a la población, el régimen de La Habana ha desatado una nueva ofensiva contra el mercado paralelo de divisas. El teniente coronel Gisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos del Ministerio del Interior (MININT), utilizó el espacio de propaganda estatal «Hacemos Cuba» para anunciar la desarticulación de estructuras dedicadas a la entrega de remesas en efectivo enviadas desde el extranjero. La narrativa oficial busca presentar a estos operadores informales como los únicos responsables de la devaluación del peso cubano y el alza de los precios, omitiendo deliberadamente la incompetencia sistémica del gobierno cubano para gestionar la economía nacional.
Según los detalles proporcionados por el funcionario de la dictadura, uno de los principales operativos se centró en el barrio de Luyanó, en el municipio habanero de Diez de Octubre. Allí, las fuerzas del orden incautaron un voluminoso botín que incluía más de 183.000 dólares estadounidenses, 15.500 euros y cerca de 1,5 millones de pesos cubanos. El decomiso también abarcó bienes materiales de alto valor, como dos automóviles Kia Picanto modelo 2025, múltiples cajas fuertes, máquinas contadoras de dinero, equipos tecnológicos y documentación que vinculaba a la red con otras cinco viviendas. La magnitud de este operativo refleja no solo la escala que ha adquirido el mercado informal, sino también la absoluta incapacidad del sistema bancario oficial para absorber la demanda de divisas que mantiene con vida a la población civil.
Un segundo caso expuesto por la televisión estatal involucró a una estructura que operaba de manera sistemática desde dos viviendas en el municipio Plaza de la Revolución. El oficial del MININT detalló que a estos lugares acudían numerosos ciudadanos en vehículos automotores, motocicletas e incluso a pie, para materializar operaciones de canje y recanje de moneda. En este escenario, el embargo oficial arrojó decenas de miles de dólares y euros, más de dos millones de pesos cubanos, motos eléctricas, equipos de cómputo asociados a sistemas de videovigilancia y varias tarjetas magnéticas con saldos millonarios en moneda nacional. La existencia y proliferación de estas redes es la consecuencia directa de la brecha cambiaria impuesta por la incoherente política económica del régimen.
La ofensiva policial también ha puesto en la mira a la incipiente y asediada empresa privada. Las autoridades confirmaron el arresto de un «actor económico privado» que acudió a uno de los puntos de cambio para depositar sus recaudaciones diarias y convertirlas a la tasa informal. Aunque esta persona no permanece bajo custodia, enfrenta un proceso penal en calidad de imputado. Este accionar envía un mensaje escalofriante a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las cuales se ven obligadas a operar en el mercado informal para poder sobrevivir ante la imposibilidad material de acceder a divisas en el sistema bancario oficial a tasas que reflejen la realidad económica.
El tercer ejemplo presentado por el MININT detalla la caída de un individuo cuyas cuentas bancarias registraban movimientos millonarios, con créditos que superaban los 36 millones de pesos cubanos y débitos por más de 35 millones. Este ciudadano, cuya identidad fue omitida en el reporte, operaba desde su domicilio en El Vedado y contaba con un cómplice en el poblado Quiebra Hacha, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa. La investigación reveló que el encargado principal es socio, desde el año 2022, de una Mipyme radicada en Artemisa, lo que demuestra cómo las rigurosas restricciones oficiales empujan a los empresarios a incurrir en el tráfico de divisas —incluyendo dólares, euros, transferencias mediante Zelle y pesos mexicanos— para mantener a flote sus negocios en un entorno hostil.
Uno de los aspectos más preocupantes de este anuncio es la confirmación de la vigilancia digital masiva por parte de la dictadura. El régimen de La Habana admitió tener más de 300 investigaciones abiertas, lo que incluye la infiltración sistemática en grupos de WhatsApp, así como el monitoreo constante de plataformas como Telegram y Facebook. Este espionaje cibernético, justificado bajo el pretexto de proteger la economía nacional de financistas, intermediarios y operadores, constituye una violación flagrante de la privacidad de los ciudadanos y refuerza el aparato represivo del Estado contra cualquier forma de intercambio económico que escape a su estricto control.
El gobierno cubano sostiene la tesis de que estas redes paralelas fijan sus tasas añadiendo márgenes que superan el 15% al tipo de cambio informal, lo que, según su versión, presiona al alza los precios y devalúa la moneda nacional. No obstante, esta afirmación ignora que la verdadera causa de la hiperinflación y la devaluación del peso cubano es la emisión inorgánica de dinero, la nula producción nacional y el fracaso estrepitoso del llamado «Ordenamiento Monetario». Al culpar a los intermediarios y simular recargas internacionales, el régimen busca fabricar chivos expiatorios para una crisis estructural que él mismo ha diseñado y profundizado.
La hipocresía de esta cruzada contra el mercado informal queda al descubierto al contrastarla con los negocios oscuros de la propia élite castrista. Recientes reportes periodísticos han revelado que Emilio Pevida Sánchez, hijo del teniente coronel de la inteligencia cubana y actual embajador en Mongolia, Emilio Pevida Pupo, estaría involucrado en un lucrativo negocio de envío de remesas hacia la Isla desde el exterior. Mientras el MININT persigue y despoja de sus bienes a ciudadanos comunes y pequeños empresarios que buscan paliar la crisis, los familiares de los altos mandos operan con total impunidad, lucrando descaradamente con una de las principales fuentes de oxígeno para la maltrecha economía cubana.
Contexto: La asfixia económica y el monopolio de las divisas
Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas para la economía cubana, con estimaciones que superan los miles de millones de dólares anuales enviados por emigrados desde distintos países. Para la población civil, este flujo monetario es absolutamente vital para la supervivencia ante la escasez crónica de productos básicos, alimentos y medicinas. Sin embargo, para la cúpula castrista, representa un botín que intenta controlar a través de monopolios estatales como Fincimex y AIS, los cuales imponen comisiones abusivas y restricciones arbitrarias. El surgimiento de redes informales es una respuesta natural del mercado a la ineficiencia, la usura y el extractivismo de los canales oficiales.
El panorama económico de la Isla se caracteriza por una profunda escasez de efectivo, interminables colas en las instituciones bancarias y una inflación desbordada que ha destruido por completo el poder adquisitivo de los salarios estatales. El régimen, lejos de implementar las reformas estructurales necesarias que fomenten la producción y estabilicen la moneda, opta por la vía de la represión y el decomiso. La intervención de viviendas y el embargo de bienes a operadores informales no resolverán la carestía estructural de divisas en el sistema bancario; únicamente transferirán esos recursos al aparato estatal, profundizando el estrangulamiento económico de la sociedad civil y la clase trabajadora.
En definitiva, la reciente ofensiva del MININT no es más que una muestra de la política de tierra quemada que aplica la dictadura contra cualquier manifestación de autonomía económica. Al criminalizar la supervivencia y el intercambio libre, mientras blinda los privilegios de su casta militar y política, el régimen de La Habana confirma que su verdadero objetivo no es la estabilidad monetaria ni el bienestar de los cubanos, sino el mantenimiento de su hegemonía absoluta sobre los recursos, el capital y la vida diaria en la Isla.
