El Ministerio del Interior del régimen de La Habana ha anunciado el desmantelamiento de varias estructuras dedicadas a la entrega de remesas y al cambio de divisas en el mercado informal. La operación, que incluye la infiltración sistemática de plataformas digitales como WhatsApp y Telegram, revela la desesperación del gobierno cubano por controlar el flujo de dinero que escapa a su ineficaz y asfixiante sistema bancario, criminalizando a la ciudadanía y al incipiente sector privado para sostener un monopolio financiero en ruinas.
El régimen ha utilizado su habitual aparato propagandístico, a través del programa estatal “Hacemos Cuba”, para exhibir los resultados de una ofensiva policial contra el mercado paralelo de divisas. El teniente coronel Gisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos del MININT, detalló la desarticulación de una red que operaba desde el barrio habanero de Luyanó, en el municipio Diez de Octubre. En este operativo, las autoridades incautaron más de 183.000 dólares, cerca de 15.500 euros y 1,5 millones de pesos cubanos, además de automóviles de último modelo, cajas fuertes y equipos electrónicos. Sin embargo, más allá del espectáculo mediático, estas cifras evidencian la magnitud de la dolarización forzada que sufre la isla y la incapacidad estatal para ofrecer alternativas legales.
El funcionario también confirmó la intervención de una segunda estructura en el municipio Plaza de la Revolución, donde se realizaban operaciones sistemáticas de canje. Allí, el MININT ocupó decenas de miles de dólares y euros, millones de pesos cubanos, motos eléctricas y equipos tecnológicos. La existencia de estas redes no es más que el síntoma de una economía enferma: los ciudadanos recurren al mercado informal porque el sistema bancario del régimen carece de liquidez, no acepta depósitos en efectivo de moneda fuerte y retiene los ahorros de la población de manera indefinida.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta redada es la persecución hacia el sector privado. El régimen anunció el arresto de un «actor económico privado» que acudió a uno de estos puntos para depositar sus recaudaciones del día y cambiarlas a la tasa informal. Esta acción penaliza la supervivencia de las Mipymes, las cuales se ven obligadas a operar fuera de los canales oficiales debido a que el gobierno cubano no garantiza el acceso a las divisas necesarias para su funcionamiento, mientras simultáneamente las ahoga con impuestos y regulaciones asfixiantes.
La ofensiva también alcanzó a un individuo en El Vedado, acusado de movimientos bancarios multimillonarios —superiores a 35 millones de pesos cubanos— y vinculado a una Mipyme en Artemisa. El régimen catalogó estas actividades como «tráfico ilegal de divisas», un eufemismo utilizado para justificar el control absoluto sobre la tenencia y circulación de moneda extranjera. La amenaza de citar de forma «escalonada» a los clientes que utilizaron estos servicios es un claro instrumento de intimidación destinado a sembrar el terror entre la población, que depende de estas vías para recibir el apoyo de sus familiares en el exilio.
El nivel de espionaje ciudadano alcanzado por la dictadura quedó patente cuando las autoridades reconocieron la infiltración en grupos de WhatsApp, así como el monitoreo constante de Telegram y Facebook. Con más de 300 investigaciones abiertas, el régimen de La Habana despliega sus aparatos de inteligencia no para combatir la delincuencia común, sino para vigilar las comunicaciones privadas de los cubanos y cercenar cualquier forma de autonomía económica que escape a la órbita estatal.
Para justificar esta cacería, el gobierno cubano culpa al mercado informal de la devaluación del peso cubano y del alza de los precios. Se trata de una cortina de humo para ocultar la verdadera causa de la inflación galopante: la política monetaria irresponsable del régimen, la emisión inorgánica de dinero y el fracaso absoluto de la llamada «Tarea Ordenamiento». Al criminalizar a los intermediarios, el Estado busca un chivo expiatorio mientras evita asumir la responsabilidad de haber destruido la economía nacional.
La hipocresía de esta ofensiva se hace evidente al contrastarla con los privilegios de la cúpula castrista. Mientras el MININT persigue a ciudadanos comunes y emprendedores privados, se ha conocido que figuras vinculadas al aparato de inteligencia operan negocios de remesas desde el extranjero con total impunidad. Es el caso de Emilio Pevida Sánchez, hijo de un teniente coronel de la inteligencia cubana y actual embajador, quien presuntamente gestiona el envío de remesas hacia la isla. La ley en Cuba parece aplicar solo a aquellos que no pertenecen a la élite militar y política que saquea el país.
El contexto de la asfixia financiera en Cuba
Las remesas constituyen el principal oxígeno para la supervivencia de millones de cubanos dentro de la isla y, simultáneamente, una de las mayores fuentes de captación de divisas para el régimen. Se estima que la diáspora envía anualmente miles de millones de dólares. Sin embargo, la dictadura busca forzar que este dinero fluya exclusivamente a través de canales financieros oficiales, donde el Estado puede imponer comisiones abusivas, aplicar tasas de cambio desfavorables y retener los fondos en bancos sin liquidez. El mercado informal surge como una respuesta natural y de supervivencia ante la confiscación encubierta que ejerce el gobierno sobre el dinero de los ciudadanos.
La escasez crónica de efectivo en los bancos cubanos es un problema estructural derivado del descalabro económico. Los cajeros automáticos permanecen vacíos, las filas para retirar dinero en moneda nacional se extienden por días, y la banca digital estatal colapsa constantemente. En este panorama, prohibir o perseguir el intercambio de divisas en efectivo es condenar a la población a la imposibilidad de adquirir bienes básicos, muchos de los cuales solo se consiguen en tiendas en moneda libremente convertible, controladas por las empresas militarizadas del régimen (GAESA).
Una economía rehén del control político
Las recientes redadas del MININT no son una cruzada contra la corrupción, sino una muestra más de la prioridad absoluta del régimen: el control político por encima del desarrollo económico. Al criminalizar la necesidad, el gobierno cubano profundiza la crisis humanitaria y empuja a más ciudadanos hacia la pobreza extrema y la migración forzada.
Mientras la dictadura mantenga su modelo centralizado, ineficiente y represivo, el mercado informal continuará siendo el único refugio para la economía real de Cuba. Los operativos policiales y el espionaje digital solo lograrán palear temporalmente un síntoma, mientras la enfermedad que aqueja a la isla —el autoritarismo y la incapacidad de gestión del régimen de La Habana— sigue consumiendo cualquier posibilidad de progreso y libertad para los cubanos.
