El supuesto apertura del gobierno cubano para permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) importen hidrocarburos no es más que una maniobra de maquillaje institucional. Tras cruzar los datos de las empresas autorizadas, se revela que el control absoluto del vital recurso sigue en manos de la élite gobernante, el conglomerado militar GAESA y hasta descendientes directos de la familia Castro, burlando así las restricciones internacionales diseñadas para aislar a la dictadura.
Las declaraciones recientes del Ministro de Comercio Exterior y Inversión Extranjera sobre la posibilidad de que las Mipymes y cooperativas importen combustible han sido presentadas como un paso audaz hacia la liberalización económica en la isla. Sin embargo, la realidad detrás de los telones demuestra lo contrario. Hasta el momento, no existe una normativa pública que levante de manera general la prohibición histórica, pero el régimen ya ha comenzado a aprobar importaciones de forma selectiva y opaca, garantizando que los beneficios recaigan exclusivamente en círculos afines al poder y no en el ciudadano de a pie.
Fuentes consultadas dentro de los ministerios de Economía y Planificación (MEP) y de Finanzas y Precios (MFP) confirman que el proceso de evaluación comenzó meses antes de cualquier anuncio público. Por acuerdo del Consejo de Ministros, se evaluó inicialmente a un grupo reducido de empresas estatales y supuestamente privadas vinculadas al transporte, la logística y la agricultura. De este primer lote, una veintena recibió la certificación, sumándose posteriormente entidades del sector tecnológico y una empresa ubicada en la Zona Especial del Mariel, propiedad directa de GAESA, el poderoso brazo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
La incorporación de entidades «privadas» en el negocio de los hidrocarburos no ha alterado ni un ápice el monopolio estatal. Al revisar exhaustivamente el listado de empresas seleccionadas, se evidencia una constante alarmante: la presencia mayoritaria de negocios gestionados por testaferros, ministerios o el propio conglomerado militar. GAESA no ha cedido ni un milímetro de su hegemonía; simplemente se ha reorganizado, creando empresas satélite que operan bajo un disfraz privado pero que responden directamente a la cúpula castrense y a la dictadura.
Entre las entidades ya aprobadas y con contratos firmados con intermediarios estatales figuran Cinesoft Recreación y Cinesoft Digital, ambas adscritas al Ministerio de Educación. También destacan empresas previamente investigadas por su opacidad y vínculos con la corrupción institucional, como Agroindustrial Media Luna, vinculada a los procesos de destitución de exfuncionarios de alto nivel, y Cambute S.R.L., una empresa de entregas a domicilio estrechamente ligada a la Asociación de Combatientes de la Revolución, el Ministerio del Interior (MININT) y las FAR. Esta última, que supuestamente había anunciado su cierre por problemas logísticos insalvables, resucita milagrosamente para acceder a este lucrativo permiso.
El caso más flagrante de nepotismo y captura del Estado lo constituye el Proyecto de Desarrollo Local Gaia, propiedad de Lisa Titolo Castro, nieta del exdictador Raúl Castro e hija de Mariela Castro Espín. Esta empresa, que ya opera una red de granjas agrícolas y fábricas de materiales de construcción financiadas con fondos internacionales y privilegios estatales, ha sido autorizada para importar combustible con al menos dos contratos firmados. De este modo, el régimen asegura que la fortuna de la familia Castro se mantenga intacta y operativa mientras la población sufre apagones prolongados y escasez crónica.
La lista de beneficiarios continúa con empresas como Servivip, encargada del mantenimiento y limpieza de las lujosas residencias de la élite gobernante y el cuerpo diplomático acreditado, y varios talleres de reparación de vehículos bajo el Ministerio de Transporte. Igualmente, se aprobó la licencia de Cubapack Internacional, propiedad de GAESA y que opera de manera paradójica oficinas en territorio estadounidense para gestionar envíos a la isla. La Oficina del Historiador de La Habana, también bajo la órbita de GAESA, ha colocado a su empresa constructora en la lista, junto a ATEC Electrónica, un ensamblador de productos cuyos componentes son suministrados en su totalidad por China.
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos anunció una política de licencias más flexible para permitir el envío de petróleo de origen venezolano a Cuba, siempre y cuando las transacciones apoyen al sector privado independiente y al pueblo, excluyendo explícitamente a las instituciones militares y de inteligencia incluidas en la lista restrictiva del Departamento de Estado. No obstante, el régimen de La Habana ha perfeccionado el arte de evadir sanciones: presenta como «privadas» a empresas controladas por la élite militar y sus testaferros, vaciando de sentido la intención de la normativa internacional y desviando los recursos hacia las arcas que financian la represión.
En la lista de espera, aguardando autorización de los organismos de seguridad y contratos de almacenamiento con Cuba Petróleo (CUPET), figuran más empresas con lazos profundos con la dictadura. Provatgom, una escisión de la estatal Poligom; Mecánica Las Guásimas, administrada por familiares del comandante Guillermo García Frías; y Dofleini Exportador, dirigida por un parlamentario del régimen, son ejemplos claros de cómo el gobierno cubano premia a sus propios cuadros. También destaca DGDC, fundada por un exdirector de empresas estatales y Palco, que utiliza infraestructura logística militar para sus operaciones de distribución.
Las exigencias burocráticas para obtener estos permisos representan un muro infranqueable para el verdadero sector privado independiente. Una Mipyme dedicada a la organización de eventos reveló recientemente las draconianas condiciones impuestas: dependencia obligatoria de intermediarios estatales, tenencia de divisas previamente depositadas en bancos cubanos —sometidas a los riesgos de confiscación del sistema financiero del régimen— y aprobaciones del Instituto de Planificación Física y el Cuerpo de Bomberos, instituciones controladas férreamente por las FAR y el MININT. Además, se exige contratar pólizas con la aseguradora estatal ESICUBA, incrementando exponencialmente los costos operativos.
La prohibición de revender el combustible a terceros y la obligación de pasar por empresas importadoras estatales, conocidas por su ineficiencia, corrupción y lentitud, ahogan cualquier intento de competitividad genuina. Este cúmulo de trabas no solo encarecerá el producto final en las calles, alimentando la inflación galopante que asola a la isla, sino que también abre nuevas y sofisticadas vías para la corrupción dentro del aparato burocrático del gobierno cubano. El régimen se reinventa para mantener la hegemonía sobre el flujo de dólares y recursos energéticos, excluyendo a los verdaderos emprendedores.
Contexto: El control histórico de la energía en Cuba
Desde la consolidación del modelo totalitario, el régimen de La Habana ha ejercido un control absoluto sobre la importación, distribución y venta de combustibles en la isla. Este monopolio no solo ha sido una herramienta de gestión económica, sino un mecanismo de poder, chantaje político y represión contra la población civil. La actual crisis energética, marcada por apagones interminables, colapso total del sector transporte y paralización de industrias, es consecuencia directa de la ineficiencia estatal, la corrupción sistémica y la falta de inversión en infraestructura por parte de la dictadura. Ante la imposibilidad de seguir financiando la importación masiva de combustible con fondos públicos menguantes y ante la presión de la comunidad internacional, el gobierno cubano ha optado por dolarizar parcialmente el sector, obligando a los cubanos a buscar divisas en el mercado negro mientras transfieren el negocio a las élites militares y políticas disfrazadas de emprendedores.
Un negocio diseñado para la élite
En definitiva, la supuesta apertura a la importación de combustible por parte de Mipymes es una farsa diseñada para engañar a la comunidad internacional y aparentar reformas económicas que no existen. Mientras los verdaderos emprendedores cubanos se ahogan en impuestos, trabas burocráticas y acoso institucional, la familia Castro, GAESA y los testaferros del régimen se reparten el pastel energético. La dictadura no ha cedido el control; simplemente ha cambiado el escaparate para lavar su imagen. El combustible seguirá siendo un instrumento de dominación, ahora administrado por una oligarquía militar que se enriquece a costa del sufrimiento, la oscuridad y la profunda crisis que padecen los cubanos de a pie.
