La Administración de Donald Trump planteó al régimen de La Habana el acceso estable a petróleo estadounidense e inversiones para reconstruir la fracturada infraestructura energética de la isla, condicionando el acuerdo a la privatización de la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) y a la destitución de Miguel Díaz-Canel, según reveló el diario Miami Herald basándose en fuentes familiarizadas con las negociaciones.
El planteamiento fue transmitido durante conversaciones de carácter reservado a través de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del general Raúl Castro Ruz. Emisarios estadounidenses comunicaron a la cúpula militar y civil que el país caribeño podría obtener el combustible que urgentemente necesitaba si el gobierno cubano aceptaba ceder el control de su principal petrolera. La opción preferida por Washington era que inversionistas de EE.UU. asumieran la gestión completa de CUPET, aunque también se evaluaron fórmulas alternativas como la creación de una empresa mixta con el Estado o la apertura a capital de terceros países.
Las autoridades de la isla, no obstante, expresaron profundas reservas sobre un pacto que habría dejado al país en una posición de dependencia absoluta respecto a una corporación estadounidense para su abastecimiento energético. Según la fuente consultada por el rotativo, el fracaso de las gestiones se atribuyó tanto a estas reticencias estratégicas como a las dinámicas políticas internas en Miami, las cuales influyen directamente en la política exterior hacia la isla.
El colapso de los aliados y el cerco energético
La propuesta de Washington cobró urgencia tras un evento de impacto geopolítico sin precedentes: la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses. Durante esa operación, el gobierno cubano informó que 32 integrantes de sus Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia perdieron la vida. La detención del mandatario venezolano cortó de raíz los suministros de petróleo subsidiado que mantenían artificialmente con vida a la economía cubana, a lo que se sumó poco después la suspensión de los envíos de combustible desde México.
Ante este escenario de asfixia energética, el ejecutivo estadounidense endureció su postura. El 29 de enero, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró una emergencia nacional relacionada con la dictadura cubana y estableció un mecanismo para imponer aranceles a las naciones que suministraran petróleo, directa o indirectamente, a la isla. Sin embargo, en febrero, Washington abrió una excepción dirigida exclusivamente al naciente sector privado cubano, autorizando exportaciones de gas y derivados a empresas elegibles, mientras bloqueaba cualquier operación que beneficiara a entidades estatales o militares.
El control militar del combustible y el fantasma de las expropiaciones
Cualquier transacción involving a CUPET requería desentrañar un complejo laberinto corporativo y legal. La petrolera estatal controla refinerías, instalaciones de almacenamiento y participa en la importación y distribución de combustibles. Sus estaciones de servicio, además, son administradas por CIMEX, un brazo comercial del conglomerado militar GAESA. La compra de CUPET habría otorgado al nuevo propietario el control absoluto del lucrativo negocio de importación y distribución de gasolina en el país, un sector históricamente monopolizado por la cúpula castrense.
El acuerdo también tropezó con el lastre histórico de las confiscaciones revolucionarias. La operación exigía resolver las reclamaciones de la multinacional ExxonMobil por instalaciones expropiadas tras 1959. ExxonMobil reclama más de 1.000 millones de dólares a CUPET y CIMEX por una refinería, terminales, plantas de envasado y más de 100 estaciones de servicio incautadas en 1960. El 23 de junio, el Tribunal Supremo de EE.UU. determinó que la Ley Helms-Burton elimina la inmunidad soberana de las empresas estatales cubanas demandadas, devolviendo el caso a tribunales inferiores, lo que mantiene viva la amenaza de embargo sobre los activos de la isla en el exterior.
Contexto: La crisis energética como síntoma del colapso estructural
La urgencia de las negociaciones petroleras expone la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El modelo económico centralizado y la falta de inversión en infraestructura durante décadas han llevado al sistema electroenergético nacional al borde del colapso total. Las apagones prolongados, que en muchas provincias superan las 12 horas diarias, han paralizado la producción agrícola e industrial, exacerbando la escasez de alimentos y la inflación galopante que asfixia a la población.
La dependencia histórica del régimen de La Habana de subsidios externos —primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela— ha demostrado la inviabilidad de su sistema productivo. Al caer estos apoyos, la falta de combustible para el transporte público y la agricultura ha detonado una crisis social sin precedentes, empujando a cientos de miles de cubanos a un éxodo migratorio masivo. La negativa de la dictadura a abrir espacios de libre mercado y su insistencia en mantener el control militar de la economía, como evidencia el papel de GAESA en la distribución de combustibles, son factores determinantes en el empobrecimiento sistemático de la nación.
Rechazo político y paralización de los contactos
La exigencia de apartar a Díaz-Canel del poder fue el escollo político insalvable. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, rechazó tajantemente el 20 de marzo que el sistema político cubano, la permanencia del gobernante o el cargo de cualquier funcionario pudieran ser objeto de negociación con EE.UU. Para la dictadura, la supervivencia en el poder prima por encima de cualquier alivio económico o energético que beneficie a la ciudadanía.
La fuente consultada comparó el proyecto frustrado con el reciente acuerdo energético entre Washington y el gobierno venezolano ahora encabezado por Delcy Rodríguez. En ese pacto, EE.UU. obtuvo una posición del 35% en una empresa con derechos de extracción por 100 años sobre 17 campos con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles, además de la opción de comprar al costo el 20% de la producción. Sin embargo, la cúpula cubana rechazó un modelo similar, priorizando el aislamiento antes que la injerencia institucional que exige una verdadera transición.
Actualmente, las conversaciones entre Washington y La Habana se encuentran completamente paralizadas. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, declaró el 7 de septiembre que no existen negociaciones ni una agenda para reanudarlas, aunque mantuvo la retórica oficial de disposición al diálogo. Mientras tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incorporó a CUPET a su lista de entidades sancionadas el 11 de junio, cerrando aún más el cerco financiero.
El fracaso de estas gestiones deja a la isla en una encrucijada crítica. Al rechazar la privatización y el cambio de liderazgo, las autoridades cubanas optan por profundizar el deterioro de las condiciones de vida de su población. La falta de una solución a la crisis energética augura un invierno de cortes eléctricos severos, escasez aguda y una posible radicalización de la represión social para contener el descontento popular, en un escenario donde la comunidad internacional observa cómo la intransigencia del poder agrava una de las peores crisis de la historia reciente de Cuba.
