La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) emitió una carta abierta rechazando la resolución del Ministerio del Interior que la cataloga como entidad vinculada al terrorismo. La organización opositora exige la liberación inmediata de su líder, José Daniel Ferrer García, y denuncia que este sufre torturas y aislamiento en prisión sin un estatus legal claro.
A través de un documento dirigido a las autoridades de la isla, la agrupación opositora calificó la imputación —establecida en la Resolución 19/2023 del Ministerio del Interior a finales de 2023— como una \»grave manipulación política\» carente de fundamento. La UNPACU subrayó que, desde su fundación en 2011, su trabajo se ha centrado en la defensa de los derechos humanos, la labor humanitaria y la formación ciudadana bajo la premisa estricta de la lucha no violenta, lo que desmiente cualquier vínculo con actividades de esa naturaleza.
El núcleo de la exigencia de la organización radica en la crítica situación de su líder, José Daniel Ferrer García. En el texto, se denuncia que el activista sufre torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado y negación de atención médica, prácticas que ponen en riesgo su vida. Además, la UNPACU alerta sobre una grave violación de los derechos procesales, señalando que los tribunales de Santiago de Cuba han ignorado las solicitudes formales de los abogados para aclarar su situación penal, lo que constituye una violación flagrante del debido proceso por parte del régimen de La Habana.
Repudio a la criminalización del activismo cívico
Para refutar la acusación de terrorismo, la organización contrastó su trayectoria pacífica con la narrativa oficial del Estado. La UNPACU considera inadmisible que el gobierno cubano intente etiquetar como terroristas a los movimientos cívicos, mientras glorifica en su historia oficial acciones armadas como el asalto al cuartel Moncada en 1953. Asimismo, el documento recuerda que en Cuba no se ha otorgado una amnistía desde 1959, un instrumento que consideran vital para aliviar el dolor de las familias y comenzar un proceso de reconciliación nacional.
Esta acción de la UNPACU se enmarca en el endurecimiento de la represión sistemática en la isla, donde la dictadura cubana utiliza el aparato judicial y policial para perpetuar el poder mediante la intimidación y la prisión política. La criminalización de la disidencia es una táctica recurrente del ejecutivo cubano para silenciar las voces críticas en medio de una profunda crisis estructural, económica y de derechos fundamentales que ha provocado un masivo éxodo migratorio. Las prácticas denunciadas contradicen abiertamente los compromisos internacionales del Estado como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.
Finalmente, la Unión Patriótica de Cuba responsabiliza públicamente a la alta dirección del país por la vida e integridad de Ferrer García y del resto de los presos políticos. La exigencia de la organización incluye no solo la derogación de las medidas represivas y el cese de las torturas, sino también un llamado de atención a la comunidad internacional para que monitoree la situación legal y de salud de los activistas encarcelados, ante el riesgo inminente de que las condiciones carcelarias deriven en consecuencias irreversibles para la vida de los opositores.
